Las elecciones municipales celebradas el pasado 28 de mayo abrieron las puertas de muchos ayuntamientos a la coalición extremista formada por el Partido Popular (PP) y Vox. Durante los primeros días, una vez repartidos los sillones y subidos los sueldos, estos Gobiernos centraron sus ataques a las carteras e iniciativas feministas. Películas, obras de teatro, ayudas destinadas a víctimas y un sinfín de avances fueron cayendo. Borrado el morado, el siguiente objetivo pasó a ser el verde. Los consistorios encendieron los motores, de gasolina, e iniciaron el borrado de parques, carriles bici, zonas peatonales y zonas de bajas emisiones (ZBE).
La eliminación, paralización o reducción de estas últimas podría salirles cara a los socios de extrema derecha. El Gobierno central ha regado a los Ayuntamiento con dinero público proveniente de los fondos europeos y pensado para incentivar la movilidad sostenible. Los consistorios han aceptado gustosamente el dinero, pero se han lanzado a una insubordinación ideológica que no va a permitir el Ejecutivo central. El Ministerio de Transportes ha remitido a todos los municipios una carta, a los negacionistas climáticos y a los normales, advirtiendo de la posible pérdida de partidas de next generation si no se cumple con el objetivo de su asignación.
Transportes ha concedido 1.500 millones de euros a casi 200 municipios para realizar actuaciones de movilidad sostenible, entre las que se contempla un abanico muy amplio: carriles bici, peatonalizaciones, transformación eléctrica del transporte público, implantación de las ZBE, etc. A los nuevos Ayuntamientos que han decidido seguir el camino contrario y han realizado políticas que “podrían suponer una modificación de las actuaciones subvencionadas o su reversión”, sin contar con el visto bueno del Ministerio que puso el dinero de los fondos, se les ha advertido a modo de “recordatorio”, señala Transportes, que espera no tener que intervenir.
Madrid, Gijón, Sevilla, Zaragoza, Valladolid, Castellón, Elche, Palma de Mallorca, Lorca o Badalona son algunos de los municipios que han decidido abrazar el negacionismo climático. Árboles, carriles bici, centros urbanos sin acceso a coches altamente contaminantes han sido algunas de las víctimas de los consistorios. Desde la ciudad alicantina de Elche han llegado a declarar que eliminarán los carriles bici y renunciarán a las ayudas europeas recibidas para la puesta en funcionamiento de las infraestructuras. No obstante, el gorro de plata honorífico ha ido a parar a Gijón, primera ciudad en eliminar las ZBE, y a la que siguieron todas las demás.
Desde la cartera liderada por Raquel Sánchez han recordado que, según establece la ley General de Subvenciones, los perceptores deben “cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones”. Es más, la misma norma refleja que las cantidades deberán ser devueltas con intereses de demora por “el incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención”. No obstante, el Ministerio está abierto a posibles cambios que no alteren no alteren “la naturaleza u objetivos de la subvención”.
Por supuesto, estas variaciones deberán contar con el visto bueno del concesor de las ayudas, situación que no se está produciendo. Así, Transportes se remite al artículo 21.2 de ley de subvenciones: “La modificación de las condiciones establecidas en la resolución habrá de ser solicitada por el beneficiario, en su caso, antes de que concluya el plazo para la realización de la actuación objeto de ayuda. La decisión sobre la solicitud de modificación corresponderá a la persona titular de la Secretaría de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.” Además, estas modificaciones deben incluir “una memoria justificativa de las circunstancias sobrevenidas que impiden llevar a cabo la actuación”, algo complejo de redactar desde el negacionismo climático.
Muchas de las infraestructuras que están destrozando los Gobierno de PP y Vox, como es el caso de los carriles bici, ya estaban construidos y habían sido objeto de subvención públicas. A pesar de ya estar finalizadas y de haber sido gestionadas por otros Ejecutivos, Transportes recuerda que el nuevo tiene la obligación de mantenerlos. “Un requisito de las actuaciones financiadas es que se mantengan operativas durante al menos cinco años desde su puesta en servicio. Asimismo, establece que el incumplimiento de este plazo de mantenimiento de la operación o funcionamiento de la actuación subvencionada obligará a reintegrar la ayuda”, sentencia la nota informativa del Ministerio de Transportes.
