Este jueves, después de más de un año de negociaciones, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y lo secretarios generales de UGT y CCOO hicieron efectivo el acuerdo alcanzado sobre el Estatuto del Becario. En un acto conjunto en el que los tres contendientes plasmaron sus firmas sobre el texto definitivo, con la ausencia de la patronal, se sucedieron las felicitaciones y halagos a la norma. Sin embargo, la alegría duró poco y la reacción del socio mayoritario del Gobierno pinchó la burbuja del diálogo social.
Está “muy verde” es la justificación esgrimida por la parte socialista para confirmar que el Consejo de Ministros no aprobará el Estatuto antes de las elecciones generales. Este viernes, la líder de Sumar ha respondido al PSOE, exigiendo “respeto para el diálogo social”. La también vicepresidenta ha ido más allá y ha señalado que “aquellos que no quieren acabar con una de las formas más cruentas de precariedad de la juventud española deberían explicárselo a nuestro país”. En dos ocasiones ha pedido Díaz explicaciones a los socialistas, visiblemente contrariada con la decisión de Moncloa.
Si bien desde el PSOE consideran que el acuerdo es un buen punto de partido, destacan la falta de “trabajo técnico” como principal escollo para dar su visto bueno. Desde Trabajo no pueden estar más en desacuerdo y consideran “poco razonable” que el socio del Ejecutivo tumbe el Estatuto de las personas en Formación Práctica No Laboral en el Ámbito de la Empresa que sabía se estaba negociando. Después del preacuerdo alcanzado la semana pasada, Díaz y los sindicatos se la prometían felices, dejando atrás el amago del pasado mes de octubre y del decaimiento de comienzo de año; sin embargo, los socialistas han puesto freno al proceso.
Díaz era consciente de que el acuerdo no contaba con fecha ni garantía de aprobación en Consejo de Ministros, además de no tener el apoyo de las patronales ni de las universidades, pero desde Trabajo decidieron seguir adelante con el apoyo único de las organizaciones sindicales. Desde el Gobierno de coalición consideran la norma necesaria y un avance para los más precarios, pero la parte socialista cree que no es el momento. Mientras, el Partido Popular se alinean con las organizaciones empresariales y, en esta ocasión sí, consideran que el no contar con el apoyo del conjunto de los agentes sociales invalidad el acuerdo.
Discrepancias entre los agentes sociales
Las discrepancias no solo se han producido en el seno del Gobierno, entre los agentes sociales también se están sucediendo las increpaciones, aunque en este ámbito es más habitual. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha calificado de "acto electoral" la firma del Estatuto, poniendo sobre la mesa que su aprobación tiene "la vocación de que posiblemente no haya prácticas en este país". La CEOE no va a participar en "actos electorales", ha trasladado el líder de la patronal, asegurando que “no tiene mucho sentido” aprobar la norma.
"Sinceramente, creo que no ha lugar; tienen que ser las elecciones las que tienen que marcar lo que el pueblo español quiere decidir y, a partir de ese momento, nos sentaremos. Pero, sinceramente, lo veo como un acto electoral que no ha lugar y, menos, cuando en estos momentos el Congreso está cerrado y es la diputación permanente la que está encima de la mesa", ha añadido.
Casi instantáneamente, Pepe Álvarez, líder de UGT y uno de los firmantes, ha respondido a Garamendi. La CEOE no ha firmado el Estatuto del Becario porque "hay elecciones" y ha añadido que la situación de "abuso insoportable" de los becarios no se podía "mantener ni un segundo más". Ante el rechazo de los empresarios a firmar el Estatuto y la calificación de este como "acto electoral", Álvarez ha asegurado que no lo han suscrito porque "hay elecciones" y no porque "fuera un acto electoralista".
Según ha indicado, se ha trabajado con la CEOE "para que estuvieran". "Estaban y finalmente no están, efectivamente, porque en ese medio tiempo se han convocado las elecciones", ha manifestado. En este sentido, ha asegurado que los becarios de este país "no pueden esperar" porque la "situación de injusticia" que se está produciendo y "de abuso absolutamente insoportable" no se puede mantener "ni un segundo más".
Por ello, según ha manifestado, han priorizado el acuerdo y firmarlo "más allá de que haya elecciones o no haya elecciones". "Pero acto electoralistas ninguno, en todo caso este es un país que lleva un periodo muy largo de tiempo en preelecciones y tampoco se puede paralizar", ha añadido. Por ello, ha apuntado que tampoco se puede esperar "dos, cuatro o seis meses" a que se constituya el nuevo Gobierno y ha recordado que es una cuestión que había quedado pendiente de la reforma laboral.
