Los Ministerios de Trabajo y Economía han alcanzado un acuerdo sobre la reforma del subsidio de desempleo que ha sido aprobada por el Consejo de Ministros. Yolanda Díaz y Nadia Calviño se despiden, antes de que la vicepresidenta primera ponga rumbo al Banco Europeo de Inversiones (BEI), con el pacto aprobado este martes. Las líderes económicas del Gobierno han decidido enterrar el hacha de guerra y cerrar el año con cesiones por ambas partes, lo que posibilitará la percepción del cuarto desembolso de fondos europeos (10.000 millones), que se solicitará este miércoles a Bruselas. 

"Todas las negociaciones son arduas, intensas y apasionadas, pero las solventamos con el diálogo", ha quitado peso Díaz a la polémica, a la par que ha celebrado la aprobación de la norma que se suma a una protección social que suepra los 27.000 millones de euros. "El Partido Popular dejó un déficit de 76.000 millones y nosotros, eliminando los recortes y con una mejor protección social, tenemos un superávit fiscal en el Servicio Público de Empleo de 5.700M de euros", ha defendido la titular de Trabajo en la rueda de prensa posterior al Consejo. 

La también vicepresidenta segunda se ha acordado de los tiempos del Gobierno de Mariano Rajoy, duros para el trabajador y el pensionista. "No hemos hecho más que eliminar todos y cada uno de los recortes que en materia de empleo aprobó el Partido Popular", ha puesto en valor, recordando que los subsidios estuvieron congelados en los 430 euros durante el mandato del PP. 

Las modificaciones aprobadas por la coalición beneficiarán especialemente a las mujeres, que son el 56% de los perceptores, y a los mayores de 55 años. Además, mejorará la protección de la población de las cuatro comunidades donde la asistencia por desempleo es mayor: Andalucía, Comundiad Valenciana, Madrid y Cataluña. 

Cuantía y progresión

Díaz ha resistido los envites de Calviño, a la que había acusado de querer usurparle competencias y realizar recortes en la protección asistencial de los trabajadores. La progresión final no será la pretendida por Trabajo, aunque sí que se elevará la cuantía, contrariamente a la apuesta de Economía. El subsidio de paro se elevará de los 480 euros actuales a los 570 euros durante sus primeros seis meses de cobro, pasará a los 540 euros durante el semestre siguiente y retornará a los 480 euros actuales durante el resto de tiempo de cobro.

La cabeza de Trabajo apostaba por elevar el subsidio de los 480 euros (80% del IPREM) a los 660 euros (110% del IPREM) durante el primer semestre, reducirlo a los 540 euros (90% del IPREM) lo seis meses siguientes y situarlo en los 480 euros durante los próximos 18 meses. Calviño apostaba una senda descendente que se ha añadido, pero ha tenido que aceptar una subida de las cuantías. En consecuencia, aunque la prestación reduzca su valor progresivamente, en ningún momento se ubicará por debajo del nivel que ya disfrutaba, sino que será mayor durante el primer año de cobro.

Tiempos y nuevos beneficiarios

Una de las líneas rojas de Trabajo era la duración del subsidio. La cartera liderada por Calviño apostaba por reducir la duración de 30 a 12 meses, algo a los que se opuso Díaz nada más conocerse la propuesta. La líder de Sumar se ha llevado el gato al agua en esta cuestión y los tiempos no se tocará. Además, otro de los puntos relevantes y que exigía Bruselas se cumplirá, ampliando el número de beneficiarios que tendrán acceso a la prestación.

Con la reforma, podrán cobrar la ayuda los menores de 45 años sin cargas familiares; los mayores de 52 años con cargas familiares, aunque la familia entera sume rentas por encima de un umbral determinado; los trabajadores eventuales agrarios de comunidades autónomas que no sean Extremadura o Andalucía, dado que ya cuentan con una cobertura específica; y los empleados transfronterizos de Ceuta y Melilla. Estos colectivos, hasta ahora discriminados, engrosará en torno a medio millón el número de potenciales perceptores, que se sumarían a los 800.000 actuales.

Otras de las novedades importante será la eliminación del mes de transición obligatorio antes de pasar a cobrar el subsidio y la compatibilidad con el desarrollo de un empleo y el cobro de su correspondiente salario durante los primeros 180 días (seis meses). Así, se pretende que un desempleado no rechace un trabajo personal o con pocas garantías ante el temor a perder la prestación y tener que volver a empezar los trámites desde el principio al concluir su relación laboral.  

Fondos Europeos

El Gobierno contaba con dos fechas para aprobar la reforma del subsidio antes de concluir el año, como recogió este periódico la pasada semana, para poder recibir el cuarto paquete de fondos europeos, dotado con 10.000 millones de euros. El Ejecutivo ha decidió no esperar al martes 26 de diciembre, cuando se dará cita el Consejo de Ministros por última vez en 2023, y mañana pedirá a Bruselas la aprobación para el desembolso, según ha revelado Felix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

La coalición estaba obligada a dar cumplimiento a este hito, enmarcado dentro del Componente 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia pactado con Bruselas. Este compromiso debería haber sido aprobado antes de concluir el 2022, pero la Comisión Europea concedió un año de tregua a España. El Consejo de Ministros ha cumplido in extremis, aunque lo hará sin acuerdo con los agentes sociales, que se bajan de la propuesta.

Las negociaciones internas no han sido sosegadas y las fricciones lo han atrasado todo, pero desde Trabajo han puesto en valor en todo momento su papel en Bruselas. Los de Díaz aseguran que han sido los responsables de las negociaciones, llevando como bandera el no recorte en materia de reforma laboral, incentivos de empleo o desempleo. Además, también han puesto en valor que su propuesta es la que consta en el acuerdo de investidura alcanzado entre Sumar y el PSOE.