En una nueva demostración de ridiculez, los ultraderechistas han vagado de nuevo por Barcelona. A penas 700 extremistas (cifras oficiales), la gran mayoría hombres y los ya habituales romanos de bazar, han vuelto a proferir insultos contra la alcaldesa de la ciudad condal, Ada Colau, y gritos futbolísticos dirigidos a España. El grupúsculo ha sido capitaneado por la banda violenta Desokupa, que entre sus filas cuenta o ha contado con condenados por coacción, lesiones y homicidio y cuyos líderes lucen tatuajes que exaltan el nazismo, y contaba con la honorable presencia de Alvise Pérez, recientemente derrotado en los juzgados por este periódico por la difusión de información falsa.
Se contabilizaban más condenas tras la pancarta que entre los colectivos a los que hostigan. Aupados por Vox y lo que queda de Ciudadanos, con el silencio del PP, el grupo se ha desplazado de la plaza de la Universidad a plaza España entre cánticos de “viva España” y “viva el rey” que han evidenciado lo revolucionario de la marcha. “Nazis”, acertaba a calificarlos Gabriel Rufián un día antes teniendo en cuenta que entre sus filas hay reconocidos admiradores de Adolf Hitler. Una afirmación que, atendiendo al sabio refranero español, no puede ser más verídica. “Dime con quién andas, decirte he quién eres”, advertía Quijote a Sancho (“Dios los cría, y ellos se juntan” si lo prefieren).
Denuncias de coacción, amenazas y organización criminal pesan sobre Desokupa, pseudoempresa que se vende a sí misma como promotora la justicia y limpiadora de okupas; pero lo cierto es que sus principales clientes son inmobiliarias y grandes inversores, como sospecha el ayuntamiento de Barcelona, y por menos de 3.000 euros no actúan. “Vimos que había un negocio”, reconocía Daniel Esteve en una antigua entrevista. Dos detenciones y anuncios en una web contra morosos que explicitaban que la manera de pago tenía que ser “sin factura y con dinero B” son algunos de los méritos de este antiguo portero de discoteca con visión de negocio, que aun así no duda en portar símbolos de la Policía Nacional y la Guardia Civil en sus pancartas.
Si las fuerzas políticas quieren, se puede acabar el chollo.
Por mucho que lo repitan los partidos de derechas durante la campaña electoral, en la que apoyarse en los datos económicos y las propuestas no les saldría rentable, y lo repliquen los medios afines para rascar algún voto y cobrar la publicidad correspondiente; lo cierto es que los datos desmienten toda la ficción montada en torno a la okupación y su supuesto incremento. Según los datos del Ministerio del Interior, la suma de allanamientos de morada (vivienda habitual, segunda vivienda o vivienda vacacional) y usurpación (abandonadas, vacías en venta, para alquiler o propiedad de bancos y otras entidades) registrados en 2021 fue de 17.274 y en 2022 de 16.726 (la cifra crece anualmente desde 2016).
Un descenso del 3,2% entre ambos años. Además, estas cifras ni siquiera diferencian entre un delito y otro, aspecto determinante, dado que el allanamiento contempla un desahucio inmediato, ni detalla cuantos corresponden concretamente a la práctica conocida como okupación. No parece ser lo más importante para la maquinaria constructora del relato, que aterroriza a las clases más humildes en su viaje diario a la panadería. Desde la izquierda, el hartazón ha sobrepasado los límites que permitían ignorar un debate que, por si fura poco el hostigamiento y señalamiento, se estaba extendiendo e imponiendo entre la ciudadanía.
Por este motivo, Podemos ha presentado un proyecto de ley en el Congreso para reformar el Código Penal y perseguir a los hostigadores ultras. La semana pasada lo anunciaba Ione Belarra, líder de los morados y ministra de Derechos Sociales, que detallaba que la propuesta consistía en una modificación que afectaría concretamente a los artículos 510, 510 bis y 515 del Código Penal. A estos, se añadirían penas de multa de seis a doce meses y prisión de uno a cuatro años a personas que desarrollen actitudes como las que Desokupa replica por todo el territorio.
"Quienes, con ánimo de lucro y para la consecución de sus fines, promuevan, inciten, fomenten o realicen directa o indirectamente actos de hostigamiento, discriminación, acoso, violencia o intimidación contra personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica o social, aun cuando dicha actuación resulte un mero medio para la consecución de sus fines”, reza la norma. Por el momento, el PSOE ha decidido pasar la patata caliente y tildar la propuesta de electoralista, pero el problema cada vez avanza más y es menos eludible.
Combatir a organizaciones criminales que se lucran a través del hostigamiento a personas en situación de vulnerabilidad extrema parece un mandato de la izquierda que de no coger el testigo puede ver como este se cae al suelo. No se ha visto a Desokupa ni a las tres derechas que la apoyan defendiendo a las familias ante los desahucios de bancos y fondos buitre, tampoco se les espera. Desde los movimientos sociales piden al Gobierno progresista que actúe contra esta horda de matones. La pelota está en el tejado institucional, desde donde pueden emanar verdaderas soluciones que eviten que el combate tenga que darlo la ciudadanía (una vez más).
