Se cumple una década desde que el Banco de España interviniera la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). Entonces era la entidad española con peor nivel de solvencia de Europa. No obstante, el Banco propuso capitalizar a la entidad con una aportación de 2.800 millones de euros mediante la compra de acciones, además de otorgarle una línea de crédito de 3.000 millones de euros. La que era entonces vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía de España, Elena Salgado, aseguró que la intervención se produjo a petición de la propia CAM.

De eso no cabía duda, pero quizá los propósitos no fueran tan honestos como se plantearon. La CAM continuó hacia el sendero de la quiebra y, pese a que contar con la inyección de 2.800 millones de liquidez, fue una de las cinco entidades españolas que suspendió el test de estrés de la Autoridad Bancaria Europea (EBA). Según el examen, necesitaba 947 millones más de capital para hacer frente a futuras turbulencias económicas y deudas.

Sin embargo, tras todas aquellas disparatadas cuentas había algo más. Una trama de corrupción que venía siendo investigada desde el año 2009 y que se convertiría en una de las más profundas a pesar de que el Partido Popular gestara en aquella década varias operaciones ilícitas.

De hecho, tras descubrirse, el Gobierno de la Comunidad Valenciana de Francisco Camps - posteriormente imputado en la Gürtel- utilizó la Caja de Ahorros del Mediterráneo para financiar sus megaproyectos: Ciudad de las Artes, en Valencia; la Ciudad de la Luz, en Alicante, y Terra Mítica, entre otros, lucrándose en plena ruina de la caja que en aquel momento presidía su amigo Modesto Crespo y que dirigía Roberto López Abad.

Mientras Modesto Crespo atendía las peticiones de su compadre Camps, el resto de la cúpula ejecutiva aprovechó para hacer y deshacer a su gusto. Por ejemplo, López Abad y otros cuatro altos ejecutivos se aseguraron el retiro por todo lo alto con una cifra total de 12,8 millones de euros. La sucesora de López Abad, María Dolores Amorós se puso un sueldo de 600.000 euros al año y una pensión vitalicia de 370.000. Sin escatimar en gastos, por cierto, que para eso pagan los contribuyentes.

No obstante, la situación ya era totalmente crítica y en 2011, cuando se falsificaron las cuentas para ocultar la verdadera situación de la entidad, la responsabilidad recayó sobre parte de la cúpula directiva de la caja: Roberto López Abad; María Dolores Amorós; los ejecutivos Teófilo Sogorb y Francisco Martínez, quienes fueron, según la sentencia de la Audiencia Nacional los culpables de una gran obra de ingeniería fiscal para esconder los números rojos.

Las condenas

López Abad y Amorós fueron condenados a tres años de prisión por la falsificación de los estados contables. Francisco Martínez fue sentenciado a dos años y nueves meses de cárcel, y Sogorb a cuatros años de prisión, lo que fue visto desde la Plataforma de Afectados de la CAM como una sentencia “vergonzosa”. En parte tenían razón ya que los condenados solo fueron obligados a pagar una multa de unos 18.000 euros. Todo un desplante moral ante los clientes que perdieron los ahorros de toda una vida.

Por su parte, Modesto Crespo, presidente de la CAM, aludió entonces que su papel al frente de la CAM era meramente representativo y sin poder ejecutivo ni de decisión. La Fiscalía no solicitó pena alguna para el empresario. Es más, el tribunal concluyó entonces que su labor en la entidad no trascendía de la meramente protocolaria y de representación, sin participar de manera activa y efectiva en la adopción de las decisiones que tomaba el Comité de Dirección. Le salió bien la estrategia de defesa a Crespo.

En aquel año, en 2011 y ante la crítica situación de la caja, el Banco de España adjudicó la extinta CAM al Banco Sabadell por el simbólico precio de un euro, una operación que, como reconocería posteriormente el ministro de Economía Luis De Guindos, iba a acabar costando alrededor de 15.000 millones de euros.

Corruptela del Partido Popular

Ese mismo año, concretamente el 8 de julio de 2011, el Grupo Popular expidió dos cheques por un valor total de 64.980 euros, a una cuenta bancaria de la Caja tras el último pleno de la Diputación presidido por José Joaquín Ripoll. Se transfirió casi todo el saldo de la formación valenciana, quedando tan solo en la cuenta del PP un saldo de 31,99 euros. Cinco días después, cuando Luisa Pastor se hizo con el puesto de Ripoll, la cuenta de la CAM del PP fue cancelada. Las denuncias surgieron de nuevo a través de Compromís, cuyo portavoz en la Diputación de Alicante, Gerard Fullana, se convirtió en el azote del Partido Popular frente a la discreta oposición de los socialistas alicantinos.

Un proceso que no acaba

En el año 2018 el caso volvió a volcanizarse. En esta ocasión, la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que finalizó la instrucción por las operaciones de crédito presuntamente irregulares de la CAM con la sociedad Valfensal para adquirir hoteles y parcelas en el Caribe, propuso juzgar a 13 investigados, entre ellos al exdirector general de la entidad López Abad, por delitos de apropiación indebida y/o administración desleal.

Desde entonces las cloacas no han cesado de ser expulsados, como la lava, los restos de una época de corrupción casposa. De hecho, en el mes de abril de 2021 el Tribunal Supremo decidió mantener la condena a directivos de la Caja que orquestaron una estructura para permitir que su presidente cobrara unas dietas por presidir la sociedad Tinser Cartera S.L., que resultó ser una empresa pantalla. Por este cargo, Crespo consiguió que se le retribuyese con la cantidad de 300.000 euros anuales.

El presidente de la CAM reconoció los hechos y alegó que no participó en la toma de ninguna decisión relativa a la administración o gestión de Tinser. A pesar de ello, percibió de esta sociedad -durante el tiempo en que fue nominalmente presidente del Consejo de Administración- 600.000 euros como retribución. Además, reconoció que ingresó 200.000 euros en la cuenta de consignaciones de la Sección Décima de la AP de Alicante- sala de enjuiciamiento-, y aportó un calendario de pago para satisfacer los 400.000 euros restantes en el plazo de tres años. La pena que se le impuso entonces fue de nueve meses de prisión y cinco meses multa, con fijación de una cuota diaria de sesenta euros con la responsabilidad personal subsidiaria del art. 53 del Código Penal e inhabilitación para el ejercicio de toda actividad bancaria durante el tiempo de la condena.

La guerra de Compromís

Sin embargo, Compromís siguió, a golpe de látigo, exhalando hasta el último aliento de los populares. Una década después, el fiscal Pablo Romero, solicitó la documentación y declaraciones en relación a la contabilidad del grupo popular. Por su parte, el Tribunal de Cuentas también comenzó a investigar la contabilidad opaca del PP, tras una denuncia de Compromís por el supuesto incumplimiento del destino finalista de las dotaciones económicas y la ausencia de la preceptiva fiscalización.

La denuncia de Compromís ante el Tribunal de Cuentas señala la exigencia de responsabilidad contable contra la interventora de la Diputación de Alicante, Matilde Prieto; el secretario general del PP alicantino, Eduardo Dolón; el exportavoz del PP Carlos Castillo, y contra el propio partido.

No hay que olvidar que este caso supuso el primer paso para el desmantelamiento del sector de las cajas de ahorros. Al fin y al cabo, la intervención de la entidad alicantina, ha costado casi 12.400 millones de euros en ayudas.