El Pleno del Congreso votará este jueves el decreto ley aprobado por el Gobierno para impulsar la rehabilitación de viviendas dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), con reformas normativas y un paquete de deducciones que alcanzan hasta el 60% en el IRPF. En vigor desde su publicación en el BOE, el decreto debe aún someterse a debate y votación en el plazo de un mes, tal y como marca la Constitución, para ser convalidado o derogado. Además, el decreto introduce tres nuevas deducciones en el IRPF:

  • La primera de las deducciones, del 20% hasta un máximo de 5.000 euros por vivienda, se aplica por actuaciones que reduzcan un 7% la demanda de calefacción y refrigeración en vivienda habitual.
  • La segunda deducción alcanza el 40%, hasta un máximo de 7.500 euros por vivienda, por actuaciones que reduzcan un 30% el consumo de energía primaria no renovable, o mejoren la calificación energética hasta un nivel A o B.
  • La tercera deducción – del 60%- hasta un máximo de 15.000 euros por vivienda, se aplica por actuaciones que reduzcan un 30% el consumo de energía primaria no renovable, o mejoren la calificación (A-B) en edificios residenciales.

La medida está financiada por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), aprobado por la Unión Europea y forma parte del 'Programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales', dotado con 3.420 millones de euros, de los que 450 se destinarán a financiar los incentivos fiscales.

El periódico de aplicación de las deducciones será hasta 31 de diciembre de 2022. Por otro lado, el decreto recoge la reforma de la Ley propiedad horizontal para facilitar la toma de decisiones en las comunidades de propietarios. Por ejemplo, se modifica el régimen aplicable a las obras de rehabilitación que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética estableciendo un régimen de mayoría simple

También se refuerza la capacidad de actuación de comunidades de propietarios para el acceso al crédito para obras de rehabilitación y mejora de los edificios -Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana- con objeto de que tengan plena capacidad jurídica para la formalización de los créditos a la rehabilitación o mejora de los edificios.

Línea de avales ICO

El decreto contempla la creación de una línea de avales para la cobertura parcial por cuenta del Estado de la financiación de obras de rehabilitación a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), de esta forma se cubrirían los riesgos de los préstamos concedidos por parte de las entidades financieras privadas y se podrán conceder avales por un importe de hasta 1.100 millones de euros.