El Consejo de Ministros aprobará en breve la primera ley por el derecho a la vivienda en 40 años de democracia. Ley de una necesidad y prioridad en cuanto al desarrollo en las políticas habitacionales y del derecho a las mismas. Un gran avance social del que me siento orgullosa. Se trata de dar contenido definitivo al derecho reconocido en el artículo 47 de nuestra Carta Magna, algo que blindará la función social de la vivienda.

Los poderes públicos tienen la obligación de promover las condiciones que sean necesarias para facilitar el acceso a una vivienda digna, en especial, a los más vulnerables, y de ahí la importancia de la elaboración de esta Ley Estatal de Vivienda como pilar de la equidad social.

Una de las medidas que contempla la norma es la creación de un Plan Especial para coadyuvar a la emancipación de nuestros jóvenes que podrán acceder además, a un bono joven de vivienda dotado de 250 euros mensuales durante dos años, ayuda que beneficiará a los jóvenes de edades comprendidas entre los 18 y 35 años y que cuenten con rentas del trabajo e ingresos anuales inferiores a 23.735 € anuales. Estas ayudas se complementarán con otras ayudas directas al alquiler hasta completar el 40% de su valor, para las familias más vulnerables. Buenas noticias para que los jóvenes no se queden atrás.

Los poderes públicos tienen la obligación de ofrecer un proyecto vital a la juventud, lo que se traduce en posibilitar que este grupo generacional pueda acceder a una vivienda y a un salario digno. Para ello es necesario, entre otras medidas, la subida del SMI, algo a lo que se opone la derecha de este país, al igual que ocurre con la tan esperada Ley de Vivienda. Una actitud de la derecha que resulta bastante incoherente para la mayoría de los jóvenes. Solo hay que mirara un poco atrás, hace sólo unas semanas, cuando el PP instaba en el Congreso a que el Proyecto de Ley de Vivienda se presentara, sin embargo, una vez presentado, la derecha, sin rigor alguno y de forma incongruente, sin haberla podido leer todavía, anunció que presentarán un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Parece ser que no conocen la realidad de la juventud actual, una generación que con su salario precario apenas pueden permitirse el alquiler de un techo compartido, por ello no es defendible, no es justo que se nieguen a apoyarla sin haberla leído siquiera, que impidan aplicarla en las comunidades autónomas gobernadas por la derecha. Es sorprendente que las derechas nieguen estas ayudas a sus jóvenes, aunque podría considerarse que ellos, las derechas, salvaguardarían siempre a los procedentes de las familias acomodadas. Ellos gobiernan para los de siempre: los niños que estudian en colegios y universidades de élite y no legislan para los hijos de familias trabajadoras, que recordemos, son la inmensa mayoría de jóvenes de nuestro país.

Pero por fin, advertimos que este Gobierno ha desplegado una batería de medidas legislativas que supondrán que ésta sea la legislatura de mayor avance por el derecho a la vivienda. Además, la lucha por la igualdad es un elemento básico que está en ese ideario y la vivienda supone un pilar fundamental en el camino de su consecución.

Eva Bravo es diputada socialista por Cádiz y portavoz de Vivienda en el Congreso de los Diputados