El Congreso de los Diputados ha dado luz verde este jueves a la prórroga de la excepción ibérica que hace un mes la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, consiguió arrancar a la Comisión Europea. De forma mayoritaria, los diputados han reconocido la necesidad de prorrogar el mecanismo y la votación se ha zanjado con 197 votos a favor, 148 abstenciones y un solitario voto en contra. Así, la medida que España y Portugal consiguieron tras una ardua negociación con Bruselas y que entró en vigor el 15 de junio del pasado año, se prorrogará durante todo 2023, aumentando siete meses su vigencia.

La excepción ibérica, cuya finalización estaba contemplada para 31 de mayo, continuará operativa para evitar el contagio de las oscilaciones del gas en el precio de la electricidad. Una Ribera visiblemente satisfecha ha celebrado el consenso desde la tribuna de la Cámara Baja, resaltando la “confianza y el respaldo” a la medida. “Los precios de la electricidad de nuestro país y los efectos de la aplicación de la excepción ibérica han ofrecido tranquilidad y normalidad para los consumidores”, ha trasladado.

Además, la vicepresidenta tercera no renuncia a ampliar más allá de 2023 una herramienta “excepcional que ha actuado de forma eficaz”. Sobre los efectos de su aplicación, tanto para consumidores domésticos como industriales, Ribera ha destacado lo vital de su entrada en el mercado “en los momentos más difíciles de la crisis energética”. “Ha servido a España y Portugal para amortiguar la escalada de precios de la electricidad y los efectos que esto representa”, ha señalado, antes de añadir que, a su vez, esto ha permitido “reducir la inflación en más de cinco puntos en cinco meses, situándonos como uno de los países con la inflación más baja de la zona euro”.  

Felicitaciones entre los socios de Gobierno

De igual manera que la definición en su momento, la ampliación de esta fórmula ha sido bien acogida por ambas partes del Gobierno de coalición y abalada por sus socios habituales. El diputado por Castellón del PSOE, Germán Renau, ha calificado la excepción ibérica como una "historia de éxito que admite pocas discusiones". Por parte del otro partido de Gobierno, el diputado de Unidas Podemos y portavoz de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, ha saludado a la prórroga del mecanismo ibérico, que ha supuesto un ahorro promedio acumulado de 209 euros en los 9 millones de hogares acogidos a la tarifa regulada.

No obstante, el diputado morado ha hecho hincapié en la necesidad de crear una empresa pública de energía y ha aprovechado para reprochar al Partido Popular, Ciudadanos y Vox que tilden la medida como "timo ibérico", a pesar de que ninguno de los partidos ha votado en contra. El "timo" y "fracaso" es la energía nuclear, ha continuado, señalando que esta encarna "el modelo energético que las tres derechas proponen".

Por parte de EH Bildu, Oskar Matute, ha reconocido lo útil de la medida de cara a contener los precios de la electricidad, pero también ha animado a abrir un "cauce" que avance hacia un nuevo sistema de tarificación eléctrica para no estar "impávidos" ante los grandes beneficios de algunas empresas eléctricas. Idoia Sagastizabal (PNV) ha defendido la necesidad de un tope al gas, aunque los precios mayoristas sean ahora más bajos que hace unos meses, Joan Capdevila (ERC) ha calificado el mecanismo como un elemento de “seguridad” en la factura.

Las derechas se revuelven

Enfrente se han situado PP y Vox, que han centrado su intervención en advertir los costes y consecuencias de esta medida energética. El portavoz energético de Vox, José María Figaredo, ha tildado de "tirita" el mecanismo y ha apuntado que con el mecanismo ibérico se ha impulsado el uso del gas, pasando de ser la tercera energía generadora en 2021 a la primera en 2022.

Por parte del PP, Guillermo Mariscal ha apuntado que el mecanismo ha generado en una "distorsión del mercado" y ha desdeñado que sea una medida aplaudida en el ámbito internacional. "Nadie nos ha copiado", ha indicado, obviando el proceder de la Comisión Europea siguiendo la pauta española. Además, ha señalado que el ahorro total se ha situado en poco más de 1.000 millones de euros, beneficiando a un 30% de los consumidores.

En lo que respecta a Ciudadanos, María del Carmen Martínez, ha confirmado el voto a favor de su formación, pero ha pedido más información sobre el coste de la iniciativa. De forma similar se ha pronunciado Miriam Nogueras, de Junts, quien ha pedido saber a quién ha favorecido ese ahorro de 5.100 millones, introduciendo la sospecha de que quien se ha beneficiado han sido "los de siempre, las grandes empresas españolas".