Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) han presentado una propuesta sindical conjunta sobre la vivienda. Según los sindicatos, la realidad es que hoy, incluso más que en etapas precedentes, hay una fuerte dificultad para que gran parte de la población pueda acceder a una vivienda digna a un coste asequible.
Los sindicatos denuncian que España destina uno de los presupuestos públicos más reducidos de Europa a la política de vivienda, apenas el 0,1% del PIB. En la misma línea, critican que durante décadas el Gobierno ha priorizado las bonificaciones fiscales a la compraventa de viviendas.
La consecuencia de esto es clara, los hogares han tenido que hacer un “enorme” esfuerzo económico en las últimas décadas. Asimismo, se ha producido una elevada extracción y transferencia de rentas a favor del sector inmobiliario que controla el mercado de la vivienda.
La “Iniciativa Sindical por el Derecho a la Vivienda” presentada por CCOO y UGT se basa en maximizar el uso residencial del amplio parque de vivienda construida mediante fórmulas de alquiler público y social, la rehabilitación del parque residencial y un mayor esfuerzo público en materia de vivienda. “El alquiler está infrarrepresentado en la oferta de vivienda en España, aseguran en el informe.
El problema es más intenso en áreas urbanas y zonas con presión turística
Ante esto, afirman que es necesario corregir el déficit que lastra el cumplimiento efectivo del derecho a la vivienda. El alto coste de la vivienda, ya sea en propiedad o en alquiler, y el encarecimiento de los precios y los alquileres en los últimos años es un proceso más intenso en las principales áreas urbanas y las zonas con alta presión turística, donde los precios están especialmente tensionados.
Con todo esto, CCOO y UGT piden al Gobierno central y a las administraciones competentes la colaboración activa para acabar con el problema del alquiler. En concreto, reclaman al Gobierno la legislación y regulación en su ámbito de competencias sobre el alquiler, así como impulsar directamente actuaciones en materia de vivienda social.
Además, pide un ambicioso Plan de Vivienda, Alquiler y Rehabilitación dotado de fondos suficientes y sostenidos en el tiempo, que focalice los recursos públicos en el alquiler asequible y en un parque público de vivienda de alquiler.
Así, los sindicatos piden actuar sobre dos ejes principales: regular y operar sobre el mercado del alquiler para alinearlo con los ingresos de la población, el derecho a la vivienda y la función social de la propiedad y concentrar los recursos públicos en el alquiler y en consolidar progresivamente un amplio parque público de alquiler.
Entre las medidas concretas que plantean aparece la limitación del precio máximo del alquiler en zonas tensionadas vinculado a los ingresos de los hogares, un Programa de Alquiler Seguro y Asequible (PASA), la rehabilitación de viviendas destinadas al Alquiler Seguro y Asequible, incentivar la vivienda como bien de uso y no como inversión o especulación y la regulación de las viviendas turísticas en zonas tensionadas.
