La ministra de Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital de España, Nadia Calviño se ha reunido este viernes con el sector de la bancario español tras el anuncio del Ejecutivo del impuesto a la banca que se produjo durante el Debate sobre el Estado de la Nación.

En rueda de prensa tras la reunión, la ministra ha asegurado que que el nuevo impuesto a la banca se aprobará a través de una proposición de ley que se negociará con los grupos parlamentarios y cuyos detalles se conocerán la semana que viene, antes de que finalice el mes de julio.

Calviño insta a los bancos a "arrimar el hombro"

De este modo, el nuevo impuesto tendrá trámite parlamentario para incorporar "las mejoras más adecuadas" con el fin de conseguir el objetivo de recaudación, sin afectar de forma negativa al crédito ni a los ciudadanos, según ha puesto de manifiesto Calviño tras la reunión con las patronales bancarias AEB, CECA y Unacc, las principales entidades financieras españolas y el gobernador y la subgobernadora del Banco de España, Pablo Hernández de Cos y Margarita Delgado.

La vicepresidenta ha asegurado al sector que este impuesto es "la decisión correcta" para repartir "los esfuerzos" que suponen el impacto de la guerra y de la elevada inflación. Asimismo ha instado a los bancos a "arrimar el hombro". También ha insistido en que los bancos deben "contribuir al bienestar de los ciudadanos, proteger el interés de sus propios clientes y su propia reputación" y asegura que "el Ministerio de Hacienda tiene una amplia experiencia para impedir que se pueda producir un impacto negativo en el crédito de los clientes". 

El impuesto a la banca será temporal

El impuesto a la banca tendrá carácter extraordinario y temporal, y tiene como objetivo recaudar 1.500 millones de euros al año. En un principio, la tasa estaría en vigor durante dos años.

Calviño también ha señalado que la banca tendrá un papel "más activo" en la canalización de los fondos europeos en la segunda mitad del año, y ha anunciado para el mes de septiembre un plan de inclusión financiera en el ámbito rural para identificar las necesidades de los municipios de 500 habitantes, así como los de aquellos de más de 500 habitantes.