La Comisión Europea avanza un paso más en su lucha contra la contaminación y se acerca poco a poco a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La nueva propuesta de Bruselas a este respecto pasa por reforzar los derechos de los consumidores y alargar la vida útil de los electrodomésticos imponiendo a los fabricantes la obligación de reparar un utensilio estropeado en lugar de reemplazar hasta diez años después de su compra.

Desde la Comisión Europea sostienen que deben priorizarse las reparaciones siempre que sea posible no sólo porque se reducirán costes, sino también por coherencia con el reto del Pacto Verde porque permitirá reducir residuos y también el uso de materiales para nuevas producciones.

Para ello, el Ejecutivo comunitario plantea cambios en las reglas europeas tanto en el caso de aparatos que están aún bajo la garantía legal de dos años que establece la normativa comunitaria como cuando la avería se produce expirado ese periodo de protección.

"Exigiremos a los vendedores reparar (los dispositivos) cuando el arreglo sea más barato o cueste lo mismo que sustituirlo", ha explicado el comisario de Justicia, Didier Reynders, en una rueda de prensa en Bruselas para exponer los detalles de la propuesta.

Cuando la avería no esté cubierta por la garantía legal de compra, por deberse a un accidente o haber caducado ya la protección, Bruselas plantea cambios para ofrecer "más y más sencillas soluciones" y establecer una regla clara: "El fabricante no podrá rechazar la reparación de una lavadora salvo que esa reparación sea imposible", ha dicho Reynders.

Esta obligación se aplicará a los aparatos cuyo diseño permite la reparación en la Unión Europea, entre ellos electrodomésticos como lavadoras y televisores, pero el Ejecutivo comunitario apunta que "pronto" se incluirá en ese listado también dispositivos inteligentes como teléfonos móviles y tabletas.

Otras ideas con las que los servicios comunitarios quieren incentivar la reparación frente a la sustitución de aparatos aún útiles tienen que ver que los fabricantes deban informar a los consumidores de los productos que están obligados a reparar ellos mismos.

Los beneficios, según Bruselas, serán enormes para los consumidores, el medio ambiente y la economía. En el caso de los consumidores la propuesta hará más atractiva la reparación, facilitará la comparación de los servicios de reparación y creará el derecho a solicitar a los productores la reparación de determinados bienes más allá de la garantía legal a cambio de una tarifa, independientemente de la naturaleza del defecto

También crear una plataforma de reparación online para poner en contacto a los consumidores con los talleres de reparación y los vendedores de productos renovados en su zona. La plataforma permitirá realizar búsquedas por ubicación y estándares de calidad, lo que ayudará a los consumidores a encontrar ofertas atractivas y aumentará la visibilidad de los talleres de reparación.

Asimismo, aboga por contar con un formulario europeo de información sobre reparación que los consumidores puedan solicitar a cualquier taller de reparación, con el objetivo de aportar transparencia sobre las condiciones y el precio de la reparación, y facilitar así a los consumidores la comparación de las ofertas de reparación.

Según datos ofrecidos por la Comisión Europea, cada año se generan en la Unión Europea 35 millones de toneladas de residuos, 30 millones de toneladas de recursos y 261 millones de toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero a pesar de que gran parte de los productos que van a la basura son aparatos "viables" que podrían repararse fácilmente y prolongar su vida útil.

La obligación de garantizar el derecho a reparar cubrirá en un principio a lavadoras, secadoras, lavavajillas domésticos, aparatos de refrigeración, pantallas electrónicas, equipos de soldadura, aspiradoras y servidores y almacenamiento de datos. Aunque próximamente también se sumarán a la lista los teléfonos móviles, los teléfonos inalámbricos y las tabletas. Los beneficios, según Bruselas, serán enormes para los consumidores, el medio ambiente y la economía. En el caso de los consumidores la propuesta facilitará la comparación de los servicios de reparación y creará el derecho a solicitar a los productores la reparación de determinados bienes más allá de la garantía legal a cambio de una tarifa, independientemente de la naturaleza del defecto.

La repercusión de la medida también se trasladará a la economía. De acuerdo con el Ejecutivo comunitario se estima que los vendedores y productores podrán ahorrarse uno 15.600 millones de euros en los próximos 15 años, al optar por la reparación de los productos en lugar de la sustitución gratuita dentro del periodo legal de garantía. Además, el ahorro también revertirá en los consumidores que podrán experimentar un ahorro de 176.500 millones de euros en el mismo periodo de 15 años.