María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, anunciaba este miércoles 11 de noviembre la bajada del IVA a las mascarillas, desde el 21% hasta el 4%, en pleno debate sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Una buena noticia que no ha estado exenta de polémica.

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Tan solo un día antes, la propia ministra reconocía que la Comisión Europa no permitía bajar el IVA a estos productos y que los Estados miembros podrían ser sancionados por esta rebaja. Sin embargo, desde Bruselas permitían esta bajada, tal y como demuestra un documento del 5 de mayo, asegurando que no multarían a los países que realizaran una bajada del impuesto o del precio del producto.

Además, Bruselas ha reconocido ahora que envió ese documento en mayo a todos los países, incluido España, ante la pregunta de los Estados miembros sobre la posibilidad de rebajar el IVA de determinados bienes necesarios en la pandemia. De hecho, algunos países vecinos como Italia o Portugal lo hicieron.

El Gobierno asegura que estaba esperando a recibir el visto bueno de la Unión Europea para anunciar la noticia, ya que el precio de las mascarillas y otros productos sanitarios está regulado por la normativa comunitaria. Un visto bueno que la Comisión Europea ya había dado en el mes de mayo.

Montero asegura haber recibido el visto bueno de la UE este martes

"Somos un gobierno que escucha y responsable, y tomamos esta decisión una vez la Comisión Europea confirmó por escrito ayer por la tarde que no abrirá procedimiento de infracción a nuestro país", explicaba ayer la ministra Montero, reconociendo que había recibido la carta este mismo martes 10 de noviembre.

Asimismo, justificaba que España podría acarrear una multa “millonaria” al rebajar el precio o el IVA de las mascarillas. En este caso, también la Comisión Europea certificaba que no se multaría a los Estados por la situación de excepcionalidad.

Por otro lado, el día antes del anuncio, es decir, el martes 10 de noviembre, la ministra avanzaba en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que reduciría el precio de las mascarillas de venta al público.

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Por una fórmula u otra abarataremos el precio de las mascarillas, bien sea por la reducción del IVA o bien sea por la reducción del precio que se estableció en España, para que no haya ningún ciudadano que tenga dificultades para acceder a la protección básica de cara a la pandemia”, explicaba la ministra portavoz.

En esa misma rueda de prensa Montero aseguraba que no había “ningún tipo de confusión con respecto a Europa”, así como que “el reglamento europeo impide la bajada del IVA de las mascarillas”. Ante esto, avanzaba que el Ministerio de Hacienda se había puesto en contacto con la Comisión Europea para confirmar la situación.

Rechazo a la enmienda de Ciudadanos por la justificación europea y la menor recaudación

Solo unos minutos antes de la rueda de prensa, El Mundo desvelaba que el Gobierno había rechazado la enmienda de Ciudadanos para bajar el IVA de las mascarillas hasta el 4%, precisamente lo que anunció Montero 24 horas después. La formación naranja aseguraba que el Gobierno había respondido de forma negativa aludiendo a la menor recaudación, que supondría “1.568 millones menos de recaudación”, según el Ejecutivo.

El diario avanzaba que el Gobierno justificaba que estas medidas, como la bajada del IVA de las mascarillas o la realización de PCR gratuitas para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, "supondrían un aumento de gasto o una disminución de ingresos presupuestarios".

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En este caso, también recurría al argumento de Bruselas: "El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, (...), ya precisó el alcance del Anexo III en relación con la legislación española, no permitiendo la tributación a tipo reducido de bienes como guantes, mascarillas o geles desinfectantes y otros productos similares".

A pesar de que diferentes ministros como la propia María Jesús Montero, Carmen Calvo o Salvador Illa no descartaban la reducción del IVA a este producto sanitario, básico en la pandemia, sorprende que el Gobierno justificara la no reducción por la decisión de la Comisión Europea, teniendo en cuenta que desde el mes de mayo estaba permitida.

De hecho, el 20 de octubre la Comisión Europea recalcaba, a través de un portavoz, que no abriría un expediente a aquellos países que aprueben reformas en este sentido porque los socios comunitarios tienen en sus manos desde hace cuatro años una propuesta que daría más libertad en la aplicación del impuesto.