BBVA y José Manuel Villarejo, una relación más que estrecha de la que se están empezando a conocer más informaciones y vínculos. La entidad financiera contrató los servicios del ex comisario durante más de un lustro, hasta tal punto que el propio Villarejo y sus compañeros se referían al banco con la palabra clave "King".

Un vocablo elegido por el peso que tenía la entidad en el balance de los negocios de esta trama. Y es que desde 2010 hasta 2017 el BBVA pagó al grupo Cenyt, empresa de investigación del excomisario, un total de 6.109.388 euros.

Sin embargo, según informa El Confidencial, gran parte de los fondos se justificaron mediante facturas trimestrales por valor de 60.500 euros en concepto de "análisis" e "informes" de riesgos que no existían ni por supuesto existieron.

La entidad presidida por Francisco González utilizó a José Manuel Villarejo para acabar con Ausbanc, la falsa asociación de banca que presuntamente chantajeó a diversas financieras, entidades y organismos públicos. Según el citado medio, el comisario denunció - de manera anónima - a la asociación. Esta querella llegó a la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) en febrero de 2014. Y es que esto desencadenó la operación Nelson contra el colectivo y también contra Manos Limpias.

Villarejo contra Ausbanc

González quería frenar el acoso y derribo que sufría por parte de Ausbanc mediante la actuación de José Manuel Villarejo. El presidente de la entidad financiera no quería ceder a las presiones del colectivo que presidía Luis Pineda. Pero además, sentía que CaixaBank y Santander estaban detrás de esta maniobra de Ausbanc para atacar virulentamente al BBVA.

De nuevo aparece la figura de Julio Corrochano, el mandamás de Seguridad Corporativa de la entidad financiera. Y es que este accedió a este puesto después de coincidir con Villarejo en la Policía. Era el enlace del presunto cerebro de la operación Tándem con el banco. Ambos acordaron que la empresa del excomisario investigaría la sociedad de Pineda para comprobar si Ausbanc era una sociedad sin ánimo de lucro, como aseguraban desde el colectivo.

Pero además, González quería saber qué contactos permitían a Ausbanc generar tantos ingresos. Ante esto, en 2016, Villarejo descubrió que la sociedad de Pineda había facturado entre cerca de 101, 8 millones de euros entre 2005 y 2014. De esta cantidad, las pesquisas demostraron que un tercio provenía de entidades financieras.

Descubrieron que Pineda y María Teresa Cuadrado, su esposa, eran los únicos que podían gestionar la asociación, por lo que habían utilizado este privilegio para amasar un vasto patrimonio inmobiliario. Además, Villarejo probó que el matrimonio era el único que gozaba del usufructo de las mismas.

Cobro tras éxito

La entidad de González ayudó a la financiación de los primeros momentos de la investigación mediante la ocultación de la razón de su relación con el Grupo Cenyt. Y es que según desvela El Confidencial, el BBVA emitió una factura el 1 de febrero de 2012, por un valor de 767.000 euros, con motivo de "servicios profesionales de localización de bienes y estructuras patrimoniales paralelas al proyecto denominado King" en concepto de "provisión de fondos". Pero en julio de 2014, tuvo lugar una nueva factura de 828.907 euros cuya razón se basa en una "prima de éxito de conformidad al contrato de fecha 1 de febrero de 2012 (localización e identificaciones de bienes)".

Estas labores de investigación del ex comisario le valieron para presentar la denuncia ante la UDEF. El Grupo Cenyt la redactó con los datos que había recopilado durante los cuatro años que duraron las pesquisas. Y es que, después de interponer la demanda, la empresa de Villarejo reclamaba el pago de 2.577.661 euros en concepto de "prima de éxito de conformidad al contrato de fecha de 16 de febrero de 2010 (liquidación final)".

Sin embargo, tras el inicio de la operación Nelson, BBVA siguió pagando al comisario Villarejo. A partir de junio de 2016, la entidad y el excomisario canalizaron los pagos basándose en otra fórmula bien distinta. Y es que para evitar que estas transferencias se vincularan a la destrucción de Ausbanc, ambas empresas acordaron un pago de 60.500 euros por trimestre a cambio de un servicio de análisis de riesgos.