El fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha acordado abrir diligencias de investigación para analizar los siete contratos de emergencia del Gobierno de Pedro Sánchez que están contemplados en la denuncia que presentó el Grupo parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid.
En un decreto de ocho páginas, el fiscal jefe indica que los hechos denunciados "revisten especial trascendencia" por lo que incoa diligencias para el esclarecimiento de los mismos, "debiendo abrirse unas diligencias por cada una de las empresas supuestamente favorecidas" entre las que están Beeddigital e Industrias Plásticas Playbol.
Lo que el fiscal va a investigar son doce contratos, la mayoría de la compra de mascarillas. El más elevado es de 77 millones de euros adjudicado a FCS. El hilo común de la investigación son las sociedades adjudicatarias, con independencia del órgano adjudicador y las presuntas irregularidades son la vinculación de cada una de las sociedades con las distintas administraciones públicas y la falta de comprobación de la concurrencia de los requisitos mínimos para la formación de los contratos.
Según la denuncia del PP, estas conductas pudieran constituir los delitos de prevaricación, negaciones prohibidas a los funcionarios, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
La denuncia del PP
Anticorrupción responde de esta manera a una denuncia presentada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que apuntaba a que siete empresas relacionadas con el PSOE y el Gobierno estaban relacionadas en la compra de mascarillas a través de los contratos de emergencia. Se trataría de 12 contratos por un valor de hasta 326 millones de euros de empresas vinculadas con Pedro Sánchez, Salvador Illa y Nadia Calviño.
Ayuso anunció dicha denuncia después de que la misma Fiscalía comenzara a investigar el contrato de compra de mascarillas que cobró Tomás Ayuso, su hermano.
