El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso anunció el pasado 15 de junio que el abono de transporte público regional quedará restringido para los empadronados, dejando fuera de esta accesibilidad a toda la población trabajadora en la Comunidad de Madrid que no cuenta con el padrón, exceptuando a los estudiantes. Una nueva realidad que chocó con ciertas comunidades autónomas, como fue el caso de Galicia, cuyo gobierno está en manos de Alfonso Rueda.
La Xunta exigió al respecto “reciprocidad” en el convenio para que los estudiantes y universitarios que residan fuera de la región puedan acogerse al bono transporte sin la necesidad de empadronarse: “Me sorprendió el anuncio público y recibir después una carta-invitación al convenio de la Comunidad de Madrid. Estas cosas hay manera de hablarlas y me sorprendió un poco porque a Madrid la tengo por una comunidad abierta. También hay madrileños que se benefician ahora mismo de bonificaciones y ventajas de Galicia en el ámbito del transporte. Por lo menos, la condición de reciprocidad va a ser innegociable”, expresó entonces cuando recibió la propuesta del Ejecutivo de la Puerta del Sol.
Ahora, habiendo transcurrido algunas semanas después del apogeo político y mediático de este anuncio, la Xunta se plantó este jueves ante el Madrid de Ayuso. Según precisó el conselleiro de Presidencia, Xusticia e Deportes, Diego Calvo, Galicia no firmará el convenio madrileño para el abono de transporte público por no “introducir la reciprocidad” requerida.
“Tenemos distintas formas de gestionar el transporte”, matizando que la propuesta del Ejecutivo de Ayuso “no permite” dar forma a la reciprocidad que venían demandando, por lo que la Xunta “no lo va a firmar”.
La necesidad de sellar este pacto viene dada por la decisión de Madrid de expedir únicamente esta tarjeta de transporte público sólo a personas empadronadas en su región, además de algunas zonas limítrofes de Castilla – La Mancha y Castilla y León en vigencia de pactos previos. Cabe tener en cuenta que la primera autonomía presupuestó más de 15 millones de euros para el periodo 2022-2024, mientras que la Junta de Alfonso Fernández-Mañueco tiene previsto un presupuesto también millonario.
Cuando anunció por todo lo alto esta medida, la propia Ayuso defendió que la mayor parte del sistema de transporte regional venía sufragado “con los impuestos del 90%” de los madrileños. Pese a que en un primer momento la medida venía a dirigirse a todas aquellas personas no empadronadas, el Gobierno de Ayuso, frente a la multitud de críticas, reculó en cierta medida mostrando más flexibilidad para los estudiantes de otras autonomías. Sin embargo, esta recogida de cable fue parcial, puesto que no ha quedado resuelta la situación de las personas migrantes que no tengan el padrón ni tampoco estudiantes extranjeros.
A la contra de la decisión de Galicia, cabe remarcar que a finales de junio, hasta cinco comunidades autónomas y la ciudad de Ceuta sí que trasladaron su interés por alcanzar acuerdos sobre esta materia, sumándose así la Comunidad Valenciana, Cantabria, Extremadura y Canarias.
Denuncia ante la Fiscalía
Debido al alcance de las críticas políticas y ciudadanas ante esta decisión, la cuestión llegó incluso a los tribunales. La asociación Acción contra el Odio (ACO) denunció ante la Fiscalía de Madrid especializada en delitos de odio y discriminación el pasado 17 de junio al Consorcio Regional de Transportes y la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras del Gobierno de Ayuso por discriminar a la población migrante residente en la región.
De esta manera, tacharon de “xenófoba y aporobófica”, valorando que supone “una discriminación indirecta al colectivo migrante en situación administrativa irregular y las personas en especial vulnerabilidad”. En este sentido, adujeron a “un ánimo de exclusión” que podría ser constitutivo de un delito de denegación discriminatoria de servicios públicos previsto y penado en el art. 511 del Código Penal, sumado a un posible delito de prevaricación en el artículo 404 del Código Penal.
Y es que esta no fue la única postura en contra de calado. Desde Renfe incluso tacharon de “discriminatoria” la medida debido a que afectaría, según sus cálculos, a 200.000 personas aproximadamente.
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