La polémica en torno a la restricción del uso del bono transporte público en la Comunidad de Madrid, al que ahora no podrán optar los no empadronados en la región, ha llegado al juicio del Gobierno central, desde el cual han reprochado esta última medida emanada del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
“Ayuso se refería a Madrid como la casa de todos, yo añadiría y a las pruebas me remito con sus medidas, que es la casa de todos sus amigos ricos”, ha indicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la portavoz del Ejecutivo central, Elma Saiz. Con estos términos, la titular de Inclusión y Migraciones ha criticado la decisión de la Puerta del Sol con esta medida que ya ha entrado en vigor esta semana, sobre la cual han quedado excluidos los estudiantes no empadronados a modo de excepción.
Saiz ha lamentado así que la iniciativa madrileña “habla bien de cuál es la manera de gobernar de Ayuso”. En contraposición a este modelo, ha sacado pecho de la acción del Gobierno de Sánchez en esta materia aludiendo al plan de transporte joven del verano que garantiza “la igualdad de oportunidades y el acceso a la movilidad”: “Eso es lo que estamos haciendo desde el Gobierno de España, salir al rescate permanente para proteger a la ciudadanía frente a medidas injustas que ponen en marcha gobiernos autonómicos”, ha enfatizado.
Fue este fin de semana cuando la Comunidad de Madrid dio a conocer esta iniciativa, precisando que únicamente las personas empadronadas podrán acceder a la Tarjeta de Transporte Público Personal, incluyéndose algunas poblaciones cercanas de Castilla – La Mancha y Castilla y León por convenios ya consolidados con estas comunidades autónomas. Así las cosas, para poder expedir la tarjeta, se deberá acreditar el certificado de empadronamiento del usuario.
Debido a la polémica suscitada por esta medida, con especial afección para la población migrante, el Gobierno de Ayuso dio un paso hacia atrás librando de la medida a los estudiantes no empadronados y de fuera de la Comunidad de Madrid.
La izquierda madrileña acudirá a los tribunales
La reacción en negativo vino de la mano de las principales formaciones de izquierdas de la región. Por un lado, el PSOE-M lo tachó de “racista y excluyente”: “Solo gobiernan para hacerle más complicada la vida a la gente, cebándose siempre con los más vulnerables”, denunció el secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital, Óscar López, este lunes.
En similares términos se pronunció la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, quien percibió nuevas “trabas” en los trámites burocráticos de este bono de transporte para aquellos que llegan bien para estudiar o bien para trabajar en la región. Asimismo, Manuela Bergerot, portavoz de la formación en la Asamblea de Madrid, lo tachó de “prioridad nacional de tapadillo”.
Formaciones de izquierdas, dando un paso más adelante con esta postura, estudia llevar la cuestión a los tribunales, tanto desde el Gobierno de Sánchez como de la mano de formaciones autonómicas. Izquierda Unida (IU), por su parte, ha anunciado este martes que registrará en los próximos días un recurso contencioso-administrativo en el que pedirán la suspensión cautelar de la medida, mientras que PSOE y Más Madrid continúan valorando qué decisiones tomar.
Las vías de actuación radicarían en impugnar la norma en el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), en el que está representado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de Óscar Puente; también recurrir a lo contencioso-administrativo o bien, como tercera vía, al Tribunal Constitucional.
La única valoración política en positivo vino de la mano de Vox, cuya portavoz, Isabel Pérez Moñino apostó por ir más allá: “No solo hay que establecer el empadronamiento, hay que incidir en la prioridad nacional”, abogó. En palabras de la propia Ayuso, esta restricción al bono transporte busca defender “los recursos públicos de los madrileños”.
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