El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha advertido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de que cualquier acuerdo sobre el acceso al abono transporte para estudiantes no empadronados deberá regirse por un principio de “reciprocidad”. El dirigente gallego ha respondido así a la propuesta del Gobierno madrileño de firmar convenios con las distintas autonomías para permitir que jóvenes de otras regiones puedan beneficiarse de las bonificaciones del transporte público madrileño.

Rueda ha reconocido haberse sentido sorprendido tanto por el anuncio realizado por el Ejecutivo madrileño como por la posterior recepción de la propuesta formal. “Me sorprendió el anuncio público y recibir después una carta-invitación al convenio de la Comunidad de Madrid. Estas cosas hay manera de hablarlas y me sorprendió un poco porque a Madrid la tengo por una comunidad abierta”, ha afirmado ante los medios.

El presidente gallego ha confirmado que la Xunta estudiará el documento remitido por la Comunidad de Madrid, aunque ha dejado claro que cualquier eventual acuerdo deberá garantizar condiciones equivalentes para los ciudadanos de ambas autonomías.

También hay madrileños que se benefician ahora mismo de bonificaciones y ventajas de Galicia en el ámbito del transporte. Por lo menos, la condición de reciprocidad va a ser innegociable”, ha subrayado.

Claves de las restricciones de Ayuso al abono transporte

La polémica surge después de que Isabel Díaz Ayuso anunciara la posibilidad de extender el acceso al abono joven y a las subvenciones del transporte público a estudiantes procedentes de otras comunidades autónomas mediante acuerdos bilaterales.

Desde el pasado 15 de junio, la Tarjeta de Transporte Público Personal de la Comunidad de Madrid solo se expide a personas empadronadas en la región y en determinados municipios limítrofes de Castilla-La Mancha y Castilla y León que ya cuentan con convenios específicos.

Ayuso ha defendido la medida argumentando que los contribuyentes madrileños financian la mayor parte del sistema de transporte regional. “El contribuyente madrileño sufraga con sus impuestos el 90 % del transporte público”, señaló la presidenta autonómica, quien recordó además que esta posibilidad ya figuraba en la normativa del Consorcio Regional de Transportes desde 2011.

Sin embargo, la restricción generó críticas de la oposición madrileña, que denunció que la medida podía dejar fuera a estudiantes desplazados durante el curso universitario y a otros colectivos que residen temporalmente en la región.

Ante este escenario, la Xunta se suma ahora al debate sobre las condiciones de acceso a las ayudas al transporte y reclama un trato equilibrado entre territorios. Rueda ha evitado cerrar la puerta al acuerdo, pero dejó claro que Galicia no aceptará un convenio que no contemple beneficios equivalentes para los ciudadanos gallegos.

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