Desmontan las "mentiras" de Rueda sobre vivienda pública con la ley en la mano: "Como un tertuliano chusco"

El PSOE de Galicia (PSdeG) acusaba esta semana al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de “mentir dos veces” en la Cámara gallega en materia de vivienda, concretamente en lo referente a hogares públicos.

Mientras el líder de los ‘populares’ en la Autonomía defendió en el parlamento regional que la administración ya garantiza la protección permanente de la vivienda pública, la oposición respondía con la ley en la mano, concretamente con el artículo 60.2 de la Ley de Vivienda de Galicia, para señalar que la normativa actual permite que las viviendas protegidas puedan perder esa condición a los 30 años o a los 15 en el caso de las que están destinadas a alquiler.

Fuentes socialistas aclaran en declaraciones a ElPlural.com que, según Rueda, con el cambio de normativa que se llevó a cabo las viviendas públicas lo son siempre, pero no es cierto: “En Galicia puedes comprar o alquilar una vivienda pública y a los 15 o 30 años poder venderla como si se tratase de un piso que has comprado a un constructor privado”. El PSdeG pide al gobierno la modificación de la ley y acusa a Rueda de no ser la primera vez que miente, reprochándole que hizo lo mismo hace un año.

Del precio del metro cuadrado a los parques públicos: “Miles de jóvenes no pueden hacer un plan de vida”

El secretario general del PSdeG, José Ramón Besteiro, afeaba en esta línea en la última sesión de control al presidente de Galicia que responda “como un tertuliano chusco” mientras cifraba en 34.000 las personas que esperan por una vivienda pública en el territorio, lo que implica un 143% más que cuando Rueda alcanzó la Presidencia.

"¿Cómo le explicamos a la juventud que una vivienda construida con dinero público puede acabar en manos privadas?", preguntó Besteiro, quien incidió en que esta situación resulta todavía más grave cuando alrededor del 70% de las personas inscritas como demandantes de vivienda pública solicitan una vivienda en alquiler, según los datos que esgrimen los socialistas.

Besteiro acusó a Rueda de no decir la verdad a la ciudadanía en materia de protección de vivienda pública y le exigió su blindaje por ley “sin excepciones” para impedir que pueda acabar en manos privadas una vez construida después de haberse construido con dinero público.

Besteiro advierte de que "hay miles de jóvenes que no pueden hacer un plan de vida porque están haciendo cuentas y las cuentas no les salen" a la vez que alude a la evolución de los precios, estando ahora el metro cuadrado en los 1.627 euros y una subida superior al 13% en tan solo un año; un escenario “de emergencia social”.

Entre los puntos que denuncia la oposición se encuentra que Galicia, dicen, es una de las comunidades autónomas con menor parque público residencial. Esto, aseveran, responde principalmente a dos cuestiones: de un lado, que la Xunta no construyó vivienda pública suficiente, y de otro que una parte de la vivienda pública protegida terminó en manos privadas a tenor del paso del tiempo.

Dirigiendo la mirada al Gobierno de España, Besteiro defiende que desde 2018, cuando Pedro Sánchez llegó al poder, se han transferido 548 millones de euros para facilitar el acceso a la vivienda. Asimismo, emite que ocho años más tarde la Xunta anuncia 4.000 hogares de baja ejecución. A partir de ello, lanza una pregunta “evidente”: “¿Qué pasó durante estos años? ¿Qué hizo realmente la Xunta en materia de acceso a la vivienda?”.

¿Qué dice la ley en la que se ampara el PSOE?

La ley en la que se respalda el PSOE para acusar de mentir a Rueda es la Ley 8/2012, de 29 de junio, de vivienda de Galicia y dice que “el régimen de protección de las viviendas protegidas de promoción pública y de las viviendas protegidas de protección autonómica construidas en un suelo desarrollado por  un promotor público, así como de las viviendas protegidas promovidas o rehabilitadas por entidades participadas mayoritariamente por el Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo, tendrá duración permanente”

Pero es su segundo punto en el que se centra la izquierda: “Para el resto de las viviendas protegidas, la duración del régimen legal de protección será de treinta años desde la fecha de su calificación definitiva, salvo que se trate de promociones que se califiquen como viviendas de protección autonómica con destino a alquiler, en cuyo caso será de quince años”.

Los socialistas avanzan que impulsarán una reforma de la Ley de Vivienda de Galicia para garantizar que toda vivienda protegida mantenga durante toda su vida la función social que le fue encomendada. "Para nosotros la interpretación es clara: ese artículo debe desaparecer y debe quedar garantizada la función social de la vivienda pública”.