La vivienda pública que debería servir para aliviar uno de los grandes problemas de Toledo puede acabar convertida en un supuesto derecho fuera del alcance de quienes más la necesitan. Esa es la denuncia que ha estallado en torno a las 13 viviendas previstas en la Avenida de Santa Bárbara, un proyecto impulsado a través de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda y que el Gobierno local del PP de Carlos Velázquez y Vox ha decidido sacar adelante en régimen de precio tasado, con importes de 180.000 euros.
La operación ha encendido las críticas por el uso de recursos públicos para levantar viviendas que, según la denuncia de Izquierda Unida, no van a resolver el problema habitacional de la ciudad, sino a reproducir las mismas barreras del mercado inmobiliario. El reproche se dirige al Gobierno local y a la gerencia de la empresa municipal, a quienes se acusa de haber preferido una fórmula pensada para quienes sí pueden pagar esos precios, en lugar de orientar la inversión hacia las necesidades reales de los vecinos y vecinas de Toledo.
Para el concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández, esta decisión es responsabilidad "exclusiva del Gobierno local y de la gerencia de la EMV", a los que acusa de haber dejado de ser una solución al problema de la vivienda para pasar a formar parte del entramado inmobiliario de la ciudad.
La crítica de fondo es que la empresa municipal, en lugar de actuar como una herramienta pública para facilitar el acceso a la vivienda, se comporta "como un promotor privado más". Txema Fernández considera que la promoción de Santa Bárbara no genera ninguna facilidad real de acceso a un derecho constitucional y que, en la práctica, no servirá para la inmensa mayoría de vecinos que no pueden asumir los precios con los que previsiblemente salgan al mercado.
El doble del valor de un salario medio
El punto más delicado está en la aplicación del precio tasado. Según ha advertido el edil de IU, en el caso de Toledo la legislación regional permite un precio máximo de 2.311 euros por metro cuadrado. Esa cifra, ha censurado, equivale al doble del valor de un salario medio en la ciudad de una persona joven, lo que hace imposible presentar esta promoción como una respuesta útil para quienes quieren construir un proyecto de vida en Toledo.
La denuncia también pone el foco en la financiación de la operación. La inversión pública en esta promoción procede de los 2,3 millones de euros que el Gobierno municipal y la gerencia de la EMV han decidido obtener a través de un préstamo bancario que habrá que devolver. Es decir, se compromete dinero público para una promoción que, según IU, acabará ofreciendo viviendas con precios similares a los del mercado, aunque estén construidas con ayuda pública.
Los cálculos trasladados por Txema Fernández reflejan el alcance de la crítica. Una vivienda de 71 metros cuadrados, con dos habitaciones, una de ellas de 7 metros cuadrados, y una cocina también de 7 metros cuadrados, podría alcanzar un valor de 164.000 euros. A esa cantidad habría que sumar garaje, trastero y el 10% de IVA, por lo que el precio final podría situarse en torno a los 180.000 euros.
Viviendas no pensadas para bolsillos ajustados
Para IU, ese importe demuestra que la promoción de Santa Bárbara no está pensada para las economías modestas ni para los jóvenes que tienen dificultades para emanciparse en Toledo. Txema Fernández ha lamentado que se esté hablando de un espacio al que no podrán acceder nada más que unos pocos, precisamente en una ciudad donde el acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales.
Ni siquiera la vivienda más pequeña prevista en el estudio previo se plantea como una opción accesible. Según la denuncia, el inmueble de una habitación, con algo más de 42 metros cuadrados, tendría un precio cercano a los 100.000 euros sin incluir garaje, trastero ni IVA. La crítica subraya que incluso la opción de menor tamaño queda lejos de lo que pueden asumir muchas familias, trabajadores jóvenes o vecinos con rentas ajustadas.
La promoción también ha sido cuestionada por el diseño de las viviendas. Txema Fernández ha señalado que algunos inmuebles se sitúan al límite de la normativa regional en materia de calidad y diseño para viviendas de protección pública. Como ejemplo, ha citado los mínimos de 40 metros cuadrados para viviendas de una habitación o las cocinas de 7 metros cuadrados en viviendas de hasta dos dormitorios.
El debate trasciende así la promoción concreta de Santa Bárbara y apunta directamente al modelo de vivienda del PP de Carlos Velázquez en Toledo. La denuncia sostiene que una empresa municipal no debería operar bajo una lógica de mercado ni limitarse a construir pisos que solo puedan comprar quienes ya tienen capacidad económica suficiente. Su papel, defiende IU, debería ser justo el contrario, ampliar las oportunidades de acceso a una vivienda digna en una ciudad donde cada vez resulta más difícil vivir.
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