Durante las últimas semanas las relaciones de España con el exterior han protagonizado buena parte de la actualidad siendo la demolición de la Verja que marca la frontera con Gibraltar el hito histórico que ha acaparado la gran parte de la atención internacional. Sin embargo, a finales de junio la orden lanzada por el Ayuntamiento de Madrid para desalojar la Casa Árabe estrechó el cerco sobre la postura que el Partido Popular (PP), en este caso de José Luis Martínez-Almeida, muestra con su compromiso y sus vínculos con el mundo exterior, algo que se ha visto reflejado también en otros casos como en su postura contraria al Gobierno sobre el aumento del gasto militar.
A razón de todo ello, este jueves el ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea, José Manuel Albares, elevaba el tono haciendo mención del anuncio del consistorio madrileño sobre la Casa Árabe. Durante el acto de presentación de la Estrategia de Diplomacia Pública de la cartera que dirige, Albares señalaba a los populares por “intentar torpedear las relaciones de España con el Mundo Árabe”. Con ello, el jefe de la diplomacia española hacía alusión al desahucio ordenado por el Gobierno de Almeida de este histórico y emblemático edificio neomudéjar, que se ubica en la calle Alcalá, junto al Parque de Retiro.
El regidor anunciaba el pasado 29 de junio que este inmueble deberá ser desalojado antes del 1 de septiembre y exponía como motivos la falta de mantenimiento y la necesidad de ejecutar obras para su conservación. La Casa Árabe está pensada para ser un espacio de encuentro e intercambio entre las culturas árabe y española y está custodiada por el Ministerio de Exteriores, la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID), la Junta de Andalucía y los ayuntamientos de Madrid y Córdoba. En la Red de Casas de la diplomacia pública la que pertenece, también se encuentran la Casa de América, la Casa de Asia, la Casa Mediterráneo y el centro Sefarad-Israel.
Al hilo de todo ello, en su anuncio, el alcalde de la capital argumentó que el edificio en cuestión cuenta con “problemas estructurales importantes” y pasaba a acusar al departamento de Albares de haber desoído las peticiones del consistorio. “Hemos tratado de llegar a un acuerdo con el Ministerio, pero el ministro Albares ni está ni se le espera en este asunto”, lanzaba. Unas palabras que, sin embargo, eran rápidamente desmentidas pro Exteriores, desde donde aseguraron que fue Albares quien le remitió “dos cartas para abordar el asunto, que quedaron sin respuesta hasta hace muy pocos días”.
Al margen de las acusaciones al Ministerio, Almeida señaló también a la anterior directora de la Casa Árabe, Irene Lozano, por llevar la institución a la “bancarrota” y añadía que “Casa Árabe, por nivel de actividad y por personal, no justifica que ocupe un inmueble tan relevante y emblemático para la ciudad de Madrid”. Frente a todo ello, desde Exteriores manifestaron que este edificio “no es una institución exclusivamente del Ministerio de Asuntos Exteriores, sino que está dirigida por un consorcio en el que participan distintas instituciones, entre ellas el Ayuntamiento de Madrid, que jamás expresó ninguna duda sobre la continuidad del edificio y ha participado en dicho consorcio”.
Al hilo de ello, subrayaron que la decisión de Almeida de “abandonar el consorcio y expulsar a la Casa Árabe, hecha pública por el alcalde a través declaración improvisada a los medios de comunicación, no se justifica por motivos de gestión”. “Numerosas embajadas de países árabes han trasladado al Ministerio su malestar y estupor por esta decisión que busca enturbiar la política exterior de España con los países árabes y sus sociedades”, agregaron.
No solo la Casa Árabe
Sin embargo, la polémica que ha generado el desalojo de la Casa Árabe por parte del Ayuntamiento de Almeida no es el único ejemplo de un PP que trata de enturbiar la imagen de España al exterior.
Sin ir más lejos, esta semana tenía lugar un hito histórico con la demolición de la Verja que marca la frontera entre España y Gibraltar. El ministro de Exteriores calificó esto como "la última pieza del puzzle" para culminar el Brexit y celebraba que se haya materializado "un sueño de generaciones de andaluces en el Campo de Gibraltar". Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, celebró que con ello se cierra "una herida de tres siglos" y se abre una "nueva etapa" llena de oportunidades tanto para el Campo de Gibraltar como para el Peñón.
"Hoy el fin de la Verja es el principio de una nueva etapa cargada de oportunidades e ilusión para esta región", defendió Sánchez tras asistir en La Línea de la Concepción (Cádiz) a la retirada de las puertas de hierro en el paso fronterizo, tras la entrada en vigor provisional del acuerdo entre la UE y Reino Unido, que pone fin a los controles de pasaportes en este punto.
Sin embargo, de nuevo el PP quiso oponerse tildando de “fraude” la aplicación del acuerdo. Así, los populares denuncian que no haya sido ratificado por las Cortes y acusan al Gobierno por no haber aprovechado la "posición de ventaja negociadora" que planteaba el Brexit con respecto al Peñón.
"La aplicación provisional desde hoy, 15 de julio, es un fraude", sostuvieron este miércoles fuentes populares, en la que fue la primera reacción de los de Feijóo a la supresión de la Verja en virtud del acuerdo, subrayando que supone la entrada en vigor de "un sistema sin ningún tipo de aprobación parlamentaria, tampoco la del Parlamento Europeo", ya que aún está pendiente la ratificación definitiva.
"Lo que afecta a los españoles lo deben decidir los españoles", señalaron desde Génova, denunciando la "doble trampa" empleada por el presidente del Gobierno para impedir que el texto fuera debatido y refrendado por Congreso y Senado. Según el PP, Sánchez "se autoexcluye del Acuerdo que es entre la UE y Reino Unido" y acepta que es un acuerdo solo europeo en lugar un acuerdo mixto, con competencias tanto europeas como nacionales, "que es lo que realmente es" y por tanto debería ser avalado por las Cortes.
Al margen de ello, numerosas han sido las ocasiones en las que los populares han confrontado con el Ejecutivo central a razón de la negativa del Gobierno a aumentar hasta el 5% el gasto en defensa exigido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
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