El Partido Popular deja cada vez más claro cuáles son sus criterios a la hora de elegir a qué personajes nutrir de dinero público. Bertín Osborne, que acumula una deuda con Hacienda de más de 835.000 euros, es uno de los elegidos por el Ayuntamiento de Madrid para actuar este año en las fiestas del distrito de Chamberí. Desde la oposición a José Luis Martínez Almeida exigen que esta actuación, rodeada de polémica, sirva al menos para compensar parte de la deuda del cantante con el fisco.

Para ello, el PSOE de Madrid ha registrado una proposición ante el Pleno de la Junta Municipal del distrito, en la que piden que el Ayuntamiento notifique a la Agencia Tributaria el contrato de 45.980 euros firmado con Osborne para su actuación en las fiestas de la Vírgen del Carmen 2026. Piden, además, que el consistorio "retenga la cantidad dineraria que le correspondiera pagar por dicha actuación", para que así, Hacienda "pueda hacer las gestiones necesarias para poder compensar y recuperar parte de la deuda" del artista y presentador, que aparece en el listado de deudores del Ministerio.

Los socialistas van más allá, y califican la elección de Osborne como cabeza de cartel del barrio en el que vive Isabel Díaz Ayuso como "un error de criterio político del Gobierno de Almeida". Señalan que "las administraciones públicas tienen la obligación de actuar con ejemplaridad y de colaborar con la Agencia Tributaria", como ha dicho su concejal en Chamberí, Jorge Donaire. "No resulta comprensible que el Ayuntamiento pague casi 46.000 euros a una persona que aparece en el listado de grandes deudores sin adoptar todas las medidas posibles para proteger el interés general", señala.

La contratación, según publicó Infobae, se ha realizado a través de la empresa ‘Treinta y Tres Producciones’, que representa en exclusiva a Bertín Osborne. Las fiestas de Chamberí se desarrollan entre el 16 y el 19 de julio, aunque el presentado actúa el día 17. La memoria justificativa del contrato defiende que la actuación de Bertín Osborne se considera ideal "para el cumplimiento de dichos fines -la participación ciudadana, la dinamización cultural del distrito y el acceso de los vecinos a actividades de ocio de calidad- atendiendo a la trayectoria artística consolidada, su reconocimiento en el contexto de unas fiestas populares dirigidas a un público amplio y heterogéneo".

La "tarifa Bertín"

El Grupo Municipal Socialista bautiza la contratación como la "tarifa Bertín", y señala a Almeida por el perfil de su cabeza de cartel: "Incluye un concierto, polémicas ilimitadas, presencia en la lista de grandes deudores de Hacienda, denuncia por presuntas irregularidades de Consumo, nostalgia ‘pepera’ en el 5G y todo esto, según el PP, por su calidad artística y su identidad personal", afirma Donaire en un vídeo en las redes sociales. El concejal afirma que con esos 45.980 euros, se podría "haber apoyado a grupos emergentes, artistas madrileños o proyectos culturales" del barrio de Chamberí, pero "Almeida ha decidido que la prioridad sea Bertín Osborne".

Cuando Donaire habla de una "denuncia por presuntas irregularidades de Consumo", habla del caso de Española de Telefonía, la nueva operadora de telecomunicaciones de Osborne, que ha sido denunciada por FACUA-Consumidores en Acción por, según ellos, vulnerar hasta cinco leyes relacionadas con los derechos de los consumidores. La organización presentó estas denuncias ante la Dirección General de Consumo, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y la Agencia Española de Protección de Datos.

Según FACUA, desde su reciente fundación la compañía ya ha incurrido en publicidad engañosa, al anunciar una de sus tarifas, 'España', como un "precio imbatible" cuando existen otras similares o mejores con un precio inferior. Asímismo, la organización apunta que la empresa de Osborne no ofrecía un teléfono gratuito de atención al cliente, incumpliendo la normativa del sector, aunque posteriormente sí que lo incorporaron.

También registraron una denuncia porque la web de Española de Telefonía no informaba adecuadamente sobre las condiciones del servicio, el derecho de desistimiento o las condiciones generales de contratación, antes de que sus clientes adquirieran sus productos; además de posibles incumplimientos de las leyes de protección de datos. Afirman que la página carecía de información suficiente sobre el tratamiento de los datos personales de los usuarios.

Por último, FACUA señaló a la compañía de Osborne por que su página no tenía un apartado de aviso legal que incluyera datos básicos de identificación de la empresa, como exige la legislación sobre servicios de la sociedad de la información. La organización presentó también una denuncia ante la Fiscalía de Sevilla por posibles delitos de publicidad engañosa y estafa, ya que la empresa utilizaba una prueba de velocidad de la conexión a internet que, dicen, podía ofrecer resultados falseados para convencer a potenciales clientes de contratar sus servicios.

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