El titular del departamento de Educació, Josep González Cambray, a menudo presentado como González-Cambray por motivos no explicados, se ha convertido en el eslabón más débil del gobierno de la Generalitat, ya de por si inestable dada la desconfianza que rige las relaciones entre los socios. Los sindicatos y el sector de la enseñanza en general exigen su dimisión por cuestiones de organización del curso escolar y desde Junts pretenden hacerle firmar un decreto autoproclamando su desobediencia a la sentencia firme del 25% de castellano en las aulas, lo que supondría una apuesta segura por la inhabilitación.

La gestión del conseller Josep González se torció definitivamente el 10 de febrero de este año, cuando compareció junto al presidente Pere Aragonés para anunciar el avance del inicio del curso escolar al 5 de septiembre en vez del día 12. Lo hicieron en formato solemne y parece ser que también de forma unilateral respecto a los actores del sector. La iniciativa llegaba dos semanas después de que el Tribunal Supremo ratificara la sentencia del TSJC sobre el 25% de presencia de la lengua española en el horario lectivo de la escuela catalana. Lo que el presidente y el conseller debieron imaginar como un bálsamo para paliar el desánimo provocado por la sentencia se convirtió en la práctica en un error de cálculo que aisló al conseller de la comunidad escolar.

El cambio del calendario se sumó a las diferencias existentes entre sindicatos y departamento, desde la disminución de una hora lectiva a la cobertura de plazas de maestros, pasando por las pruebas de nivel C2 de catalán para seguir ejerciendo a partir de 2024. A finales de abril, el diálogo se truncó de forma oficial al concretar el departamento su oferta: recorte de la hora lectiva solo en infantil y primaria y aplazamiento del refuerzo de plantillas para el próximo curso 23-24, alegando dificultades presupuestarias. Los sindicatos anunciaron un programa de huelgas y paros parciales. Este martes tocaba paro parcial y manifestación, igual que sucederá el 2 de junio, mientras que el 25 de mayo y el 9 de junio tocará huelga general. El pasado sábado, hubo manifestación para pedir la dimisión del conseller y más recursos para la enseñanza, pero solo unas mil personas participaron en la protesta.

La proximidad del fin de curso y la perspectiva de que los docentes deban trabajar la primera semana de julio como consecuencia del avance del inicio de curso, ratificado por el departamento a pesar de la oposición sindical y profesional, no juegan a favor del restablecimiento de las negociaciones. Tampoco la ruptura definitiva por parte de Junts del pacto parlamentario firmado con ERC, PSC y los comunes para aprobar una ley de flexibilización de la inmersión lingüística auguran nada bueno para el conseller González.

Junts propone ahora que, en vez de aprobar una ley, la Generalitat redacte un decreto en el que se asuma por parte de Educació la desobediencia a la sentencia, aprobando los planes de cada centro para la aplicación de la inmersión tal como se venía haciendo, exonerando a así de responsabilidades a los directores de las escuelas. Esta propuesta cuenta con el respaldo de los defensores de interpretar la política de inmersión lingüística como sinónimo de escuela monolingüe, un objetivo que no comparten ni PSC ni los comunes, firmantes del acuerdo parlamentario.

La ley pactada podría aprobarse por mayoría absoluta sin los votos de Junts, sin embargo, ERC no acaba de decidirse por liberarse del abrazo del oso con el que le atenaza permanentemente Junts a pesar de que sus socios no le perdonan un órdago. Ciertamente, los socios de gobierno de Aragonés se pronunciaron desde el primer momento por la desobediencia institucional a la sentencia del 25%; desde el presidente del Consell per la República, Carles Puigdemont, a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, y al expresidente de la Generalitat, Quim Torra, apuntaron al conseller González como protagonista de la desobediencia y candidato a la inhabilitación.

En esta ocasión, la insistencia de Junts en querer empujar al conseller republicano a una probable inhabilitación parece responder al interés del partido de Laura Borràs, futura presidenta de Junts, por disponer de capacidad de presión a ERC en cuanto el Parlament deba tratar la renuncia de su presidenta. Este escenario se producirá a corto plazo de decidir el TSJC la apertura de juicio a Borràs por sus supuestas irregularidades administrativas durante su gestión en la Institució de les Lletres Catalanes.

Junts no perdona a ERC que dejara caer sin más a Torra cuando éste tuvo que abandonar el Palau de la Generalitat por sentencia firme de desobediencia. Pero los republicanos huyen de cualquier desobediencia desde el inicio de esta legislatura en la que consiguió la presidencia del gobierno catalán. De hecho, acaba de conocerse la fecha del juicio contra Roger Torrent, ex presidente de la cámara catalana y actual titular de Industria, por la supuesta desobediencia de la mesa del Parlament en la anterior legislatura, y no parece dispuestas a incrementar la lista de candidatos a la inhabilitación.