La batalla emprendida en los juzgados de Castilla y León por los ultraderechistas Abogados Cristianos ha sumado su primera derrota con la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de desestimar medidas cautelarísimas en el recurso contencioso administrativo contra la colocación de la bandera “no oficial” LGTBI por parte del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes el pasado mes de junio en las ventanas de sus dependencias para conmemorar el Día del Orgullo, después de que la Presidencia de la institución, de Vox, decidiera no hacerlo.

La representación de la Asociación de Abogados Cristianos interpuso este recurso, mediante escrito de fecha 28 de junio de 2023, contra la que denominaron “vía de hecho” que llevó a cabo el Grupo Parlamentario Socialista al colocar la bandera de la diversidad en las ventanas de las Cortes, lo que, a juicio de esta asociación, contravenía los artículos 4, y 6 de la Ley 39/1981, de 28 de octubre, por la que se regula el uso de la bandera de España y el de otras banderas y enseñas.

Medidas cautelarísimas

En el mismo escrito, Abogados Cristianos solicitaba medidas cautelarísimas consistentes en solicitar del tribunal que exigiera la retirada de la bandera, algo que denegó la sala el 30 de junio, ordenando la tramitación del incidente.

Entre sus fundamentos jurídicos, la sala de lo Contencioso censura a Abogados Cristianos el hecho de que no solicitaran medidas cautelares en caso de que las cautelarísimas fueran rechazadas, como así sucedió, y les impone, además, las costas, que pueden recurrir en el plazo de cinco días a contar desde la notificación.  

No había objeto

Pero además, el TSJ señala en su auto que el Grupo Socialista manifestó mediante escrito presentado en julio la “falta de objeto”, ya que la bandera “no oficial” fue retirada horas después de su despliegue, de manera voluntaria, sin haber tenido conocimiento de que se había iniciado un proceso judicial.

Conviene recordar, no obstante, que el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, de Vox, amenazó por escrito al portavoz socialista, Luis Tudanca, en dos ocasiones: primero, con enviar a los servicios de seguridad de la Cámara a descolgar la enseña, y posteriormente, con adoptar “acciones legales”.

La sala reprocha, también, a Abogados Cristianos que “tampoco hace esfuerzo alguno en intentar convencernos de que el Grupo Parlamentario puede tener la condición de administración actuante”, además de que no nos corresponde, en este incidente cautelar, pronunciarnos sobre la legalidad de la actuación impugnada”.

La regulación de las medidas cautelares, señalan los magistrados, responde a la idea de que la justicia cautelar forma parte del derecho a la tutela efectiva y por ello, se utilizan para asegurar, en su caso, la efectividad del pronunciamiento futuro del órgano judicial, esto es, de evitar que un posible fallo favorable a la pretensión no fuera eficaz, como límite a las “prerrogativas exorbitantes de las Administraciones Públicas” y garantizar la igualdad de los particulares ante los tribunales.

No había perjuicios

El TSJ cita un auto del Tribunal Supremo de 1997 que considera que "la mera alegación, sin prueba alguna, no permite estimar como probado, que la ejecución del acto impugnado [...] le pueda ocasionar perjuicios, ni menos que éstos sean de difícil o imposible reparación".

El interesado, recuerdan, tiene la carga de probar adecuadamente qué daños y perjuicios de reparación imposible o difícil concurren en el caso para acordar la suspensión, “sin que baste una mera invocación genérica”.

Las Cortes, territorio Vox

2023 es el segundo año en el que las Cortes de Castilla y León, desde que se conformó el Gobierno Autonómico del que forman parte Vox y PP, rechazan iluminar la fachada del edificio sede del Parlamento con los colores de la bandera LGTBI, así como tampoco el presidente Pollán lo permitió en el Día contra la Violencia de Género, a pesar de que el inmueble ha lucido otras banderas relacionadas con días conmemorativos de enfermedades y otras fechas señaladas durante estos dos años.

Mientras gobernaron Castilla y León el Partido Popular en solitario, o la coalición formada por PP y Ciudadanos, las Cortes conmemoraron también estas fechas de reivindicación social, iluminando la fachada con sus colores.