El PP logra en Orihuela el repóker de alcaldes imputados en 30 años: dos ya han sido condenados

La historia reciente del Ayuntamiento de Orihuela está marcada por un patrón que se repite desde hace casi cuatro décadas. Desde 1986, el municipio ha estado gobernado mayoritariamente por el Partido Popular - con solo dos breves interrupciones - y los cinco alcaldes que han pasado por el cargo en ese tiempo han acabado sentados en el banquillo de los acusados. Dos ya han sido condenados y tres mantienen causas judiciales abiertas por corrupción, fraude fiscal o falsedad documental.

Como ha publicado eldiario.es, el último de ellos es el actual alcalde, José Vegara, elegido en 2023, que deberá comparecer el próximo viernes 21 de noviembre acusado de varios delitos contra la Hacienda pública. La Fiscalía le atribuye fraude en el impuesto sobre sociedades, fraude de IVA y falsedad documental vinculados a su etapa como apoderado general y consejero delegado de una ITV. Además, reclama una multa millonaria por los presuntos perjuicios económicos al erario público. 

Pero su situación no es excepcional en la política oriolana. El recorrido judicial de los exalcaldes populares se remonta a los años 80. El primero, Luis Fernando Cartagena (1986-1995), quien estuvo nueve meses en el puesto fue condenado por malversación y falsedad documental tras apropiarse de 49.000 euros donados al hospital municipal por una congregación religiosa. La sentencia, ratificada por el Supremo, lo llevó a prisión en 2008, donde cumplió dos de los cuatro años impuestos. Según la sentencia, Cartagena actuó con intención de obtener un beneficio personal en colaboración con el empresario Ángel Fenoll.

Su sucesor, José Manuel Medina (1995-2007), gobernó durante tres mandatos - el más longevo- y se vio implicado en el macrocaso Brugal, una trama de corrupción vinculada a la adjudicación del contrato de basuras. Fue imputado en 2006 y, aunque inicialmente fue absuelto por la anulación de unas escuchas telefónicas, el Tribunal Supremo ordenó repetir el juicio al considerar válidas esas pruebas.

La siguiente alcaldesa, Mónica Lorente (2007-2011), también quedó atrapada en el caso Brugal desde el año 2012 junto a Madina y, además, fue condenada en 2016 por falsedad documental por irregularidades en las obras de la plaza de El Escorratel. La pena incluyó nueve meses de inhabilitación y una multa.

A su vez, Lorente fue imputada en 2011 por un presunto delito de falsedad en documento público relacionado con las obras de la plaza de El Escorratel, aún en su etapa como alcaldesa. Según la denuncia presentada por Los Verdes, el contrato se firmó en 2008, varios meses después de la inauguración. En 2016 fue condenada por falsedad documental, recibiendo nueve meses de inhabilitación y una multa.

Tras el paréntesis de un gobierno de Los Verdes, el PP recuperó el poder con Emilio Bascuñana (2015-2022). Antes de ser alcalde, Bascuñana ya estaba rodeado de polémica por haber cobrado durante seis años un sueldo público sin acudir a su puesto en la dirección territorial de Sanidad, mientras mantenía una clínica privada. Imputado en 2021, la Fiscalía le acusa de prevaricación y malversación y pide para él tres años de prisión y seis de inhabilitación. La causa sigue pendiente en el Juzgado de Instrucción nº1 de Orihuela. La situación acabó provocando en 2022 una moción de censura que devolvió la alcaldía al PSPV, aunque el PP recuperó luego el poder en 2023.

La llegada a la alcaldía de José Vegara no ha puesto fin a esta cadena. Investigado ya durante la campaña electoral, enfrenta una petición de siete años de prisión por presunto fraude fiscal y falsedad en documentos mercantiles. Orihuela, así, sigue encadenando una sucesión de mandatarios populares bajo la sombra de los tribunales, una circunstancia que ha marcado la vida política local durante casi cuatro décadas.