El Movimiento Por la Dignidad de la Montaña vuelve a manifestarse en defensa de la vivienda, el trabajo y los servicios en el Pirineo aragonés

Este sábado 6 de diciembre el Movimiento Por la Dignidad de la Montaña vuelve a salir a la calle para reivindicar medidas a favor de la vivienda, el trabajo y los servicios mínimos en el Pirineo aragonés y mostrar su oposición al expolio de la naturaleza y sus recursos. 

Hace un mes lo hicieron en Jaca, en una movilización que logró reunir a 6.000 personas. Sin embargo, lamentan, el gobierno de Jorge Azcón "sigue sin escuchar el clamor del pueblo".

Por ello, han convocado una nueva manifestación, en este caso en Ribagorza, un municipio del Valle del Alto Ésera que, aseguran desde este colectivo, "produce más energía de la que consume", por lo que no hay ninguna necesidad social que justifique proyectos como "la instalación de un almacén de baterías de litio que genera diversas afecciones sociales y ambientales. "A nivel social, es una actividad incompatible con el turismo sostenible y su principal función es especular con el precio de la energía", defienden, añadiendo que "las baterías almacenan energía cuando está barata y la venden cuando está cara, obteniendo grandes beneficios privados". Por otro lado, a nivel ambiental, y más allá de su "negativo impacto paisajístico", dicen, "son susceptibles de sufrir fuga térmica y sobrecalentamiento, produciendo incendios que no se pueden apagar por medios normales; y, en caso de fuga o extinción con agua, las sustancias tóxicas se filtran al suelo y a los acuíferos".

Otro de los planes que amenazan esta zona es el del proyecto de Telecabina Benasque-Cerler, que responde, dicen desde esta agrupación, a intereses económicos particulares. "El objetivo es poner a pie de pista a la población de Benasque, revalorizando los pisos turísticos del pueblo", subrayan, al tiempo que exponen que "este proyecto se ha ejecutado a toda prisa y está actualmente anulado por la justicia por no disponer de un estudio de viabilidad económica". Asimismo, recuerdan que "está en zona inundable y que no se ha realizado un estudio geotécnico sobre el terreno en el que se asientan las 8 pilonas que sujetan el telecabina". Aunque la justicia ha anulado el plan, la construcción sigue su curso, pues, "la DGA y el Ayuntamiento se escudan en que la sentencia es recurrible". El Movimiento Por la Dignidad de la Montaña, exige que se cumpla la sentencia dictada y que se paralice de forma definitiva este telecabina, que también puede causar graves afecciones sociales y ambientales. Su coste, 17 millones de euros de inversión pública, podría gastarse en "las necesidades reales de la población del Pirineo", apuntan.   

Vivienda asequible

Pero además de denunciar estas dos construcciones, la manifestación de este sábado busca exigir medidas que garanticen vivienda asequible para los vecinos de esta zona de Aragón, en la que comprar o alquilar se ha convertido en misión imposible para buena parte de la población, sobre todo, en los valles con pistas de esquí. La apuesta por la vivienda turística y las segundas y terceras residencias disparan los precios, agravando un problema común en el territorio nacional. "Es necesario acabar con este modelo especulativo, declarar el valle zona tensionada y que la prioridad absoluta sea garantizar el derecho de toda la población a una vivienda digna y adecuada", destacan, al tiempo que recuerdan que Cerler es el segundo municipio de España con más segundas residencias, el 34,6% del total en 2023.

Por último, desde el Movimiento por la Dignidad de la Montaña, denuncian que en el valle hay una importante falta de servicios básicos. En ese mismo municipio, "no hay una depuración adecuada del agua de boca, hay reventones frecuentes de tuberías, cortes de suministro, calles sin arreglar, falta de accesos adecuados y zonas sin iluminación". 

El dinero público "debería destinarse a promover el trabajo estable y servicios básicos como la sanidad, la educación, las comunicaciones, la extinción de incendios y la promoción de la cultura", resumen. "La población Pirenaica tiene derecho a decidir sobre los macroproyectos impuestos", enfatizan, invitando a las instituciones (DGA, DPH, comarcas y ayuntamientos) a seguir el ejemplo del Consistorio de Jaca con la consulta de Oroel Park, y preguntar directamente a la población sobre los almacenes de baterías de litio, los nuevos desarrollos urbanísticos y el telecabina.

"¡Aquí vivimos, aquí decidimos!", zanjan, aprovechando también para responder al alcalde de Jaca, Carlos Serrano, que tachó a este colectivo de "ser la voz del NO". "Somos la población de la montaña que trabajamos en las pistas, bares y hoteles que generan ese famoso 8% del PIB de Aragón", recalcan, poniendo como ejemplo que quieren un modelo turístico que no solo se base en la nieve, carreteras que no solo conecten con Madrid y UVI móvil toda la semana, y no únicamente sábados y domingos.