El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha tratado de zanjar la polémica en torno al lujoso almuerzo de 853 euros que compartió en noviembre de 2023 con tres acompañantes en el restaurante L’Escaleta de Cocentaina (Alicante), galardonado con dos estrellas Michelin. Un episodio que, pese a los intentos de normalizarlo por parte del jefe del Consell, sigue sembrando dudas por el peculiar periplo administrativo y el papel jugado por la propia Generalitat en el pago de la factura.
Mazón aseguró este viernes en Alicante que le parece “sorprendente” tener que dar explicaciones por lo que calificó como un asunto privado. “Es una comida que me he pagado yo. Y que tenga que dar explicaciones por mis comidas, que me pago yo... pues, en fin”, señaló ante los medios. Según el president, “a los valencianos no les ha costado un euro” el almuerzo. Sin embargo, las contradicciones en la cronología de los hechos y las versiones aportadas alimentan el interés de la oposición y de la ciudadanía.
Un pago en dos actos y con implicaciones institucionales
El festín de alta cocina, compuesto por cuatro menús de degustación y regado con vino —añadido a última hora en la cuenta—, fue abonado en metálico, pero no en el momento, ni de una sola vez. Según informó elDiario.es, el propio Mazón pidió al restaurante que remitiera la factura a la Generalitat. El establecimiento, regentado por el chef Kiko Moya, puso en marcha el procedimiento administrativo requerido, aunque con advertencias sobre su complejidad.
No fue hasta meses después cuando la situación se resolvió parcialmente: la secretaria del president acudió al restaurante y entregó los 853 euros en efectivo. Un gesto que, lejos de zanjar el asunto, fue seguido por un movimiento aún más sorprendente: el 12 de junio de 2025, la Generalitat abonó por transferencia 853,78 euros por la misma comida. Este segundo pago, que la administración valenciana asocia a un “error”, ha encendido las alarmas en la oposición, que exige transparencia.
De hecho, Compromís ha solicitado formalmente documentación para aclarar el ingreso registrado a Servicios Gastronomía Reymo SL, la sociedad que explota L’Escaleta, con fecha de 22 de octubre de 2024. El síndic de la formación en Les Corts, Joan Baldoví, cuestionó el episodio durante la última sesión de control: “Se pidió al restaurante que enviara la factura a la Generalitat y, después, un día se presentó una persona con 853 euros en efectivo en un sobre”.
Mientras Mazón se defiende recurriendo a la comparación con el Gobierno central —acusó a Compromís de decir “sí bwana” a todos los gastos de Pedro Sánchez—, el trasfondo de la historia revela un escenario poco edificante para un president que presume de buena gestión. El intento inicial de cargar la comida a las arcas públicas, el tortuoso proceso de facturación y el doble pago, primero en metálico y después por transferencia, proyectan una imagen de desorden administrativo y dejan en entredicho el rigor en el uso de recursos públicos.
El propio restaurante, según la versión trasladada por el propietario, mostró su desconcierto al recibir un pago duplicado por una misma comida que, inicialmente, no parecía destinada a ser costeada de forma privada. A día de hoy, no consta que la Generalitat haya recuperado el importe de la transferencia realizada en junio, y el episodio se ha convertido en un ejemplo más de cómo los gestos y los detalles pueden empañar un discurso de responsabilidad fiscal.
