En una semana, miles de niños y niñas de la Comunidad Valenciana, al igual que muchos otros de diferentes autonomías, regresarán al colegio. Unos centros que se vieron especialmente dañados por la DANA del pasado 29 de octubre y que, de hecho, la mayoría de ellos, aunque con alguna reparación, todavía no han podido recuperar la plena normalidad.
Con la incógnita de cómo podrán volver a ella en los centros educativos, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, se ha pronunciado este lunes, pero no para ofrecer nuevas ayudas o nuevas líneas de reconstrucción de los colegios, sino para abanderar algo que, tal y cómo reflejan los datos, queda lejos de la realidad. El pasado mes de febrero, el Ejecutivo valenciano lanzó a las familias de los niños y niñas escolarizados en centros de la comunidad una consulta a modo de referéndum para decidir la lengua en la que querían que sus hijos e hijas estudiaran este próximo curso que en una semana arranca. Aunque de forma ajustada, en el cómputo general, el valenciano se impuso al castellano, con un 50,53% de los votos frente al 49,47% obtenido por el castellano.
Siete meses después de esta votación, ahora el jefe del Ejecutivo valenciano ha optado por referirse al nuevo curso escolar como el de la “libertad de la lengua”. Lo ha hecho este lunes en una visita a las obras del nuevo colegio público La Almadraba en Alicante junto al conseller de Educación, José Antonio Rovira. Así, el presidente autonómico ha hecho énfasis en que el nuevo curso escolar será el “de la lengua básica y de su elección”, frente a “otro modelo que es de la policía lingüística”, “el de la imposición”, “el de lo peor que el separatismo catalán ha creado y que se ha querido importar aquí, rompiendo nuestra sociedad”.
Con el amparo de la Ley de Libertad Educativa que tanto PP como Vox aprobaron en la Comunidad Valenciana en junio de 2024, el jefe del Consell ha defendido la normal destacando “aspectos” que “históricamente” la sociedad “ha venido reclamando”. “Ya no deciden en exclusiva los políticos en un despacho con unas siglas, con una ideología o con un prejuicio. Ahora son las familias en la Comunitat Valenciana las que participan como protagonistas en la educación y en la lengua de sus hijos”, ha defendido. Tras sustentar esto último, ha insistido en que "este es el curso de la libertad educativa donde se estrena la Ley de Libertad Educativa con algunas medidas ya puestas en marcha, pero muy especialmente con esa gran votación democrática que tuvo lugar en meses pasados".
Las familias decidieron y el Consell lo omitió
Sin embargo, lo que el Consell ha pasado por alto es que, pese a la defensa de “la lengua básica y su elección” y frente a ese modelo “de la imposición”, las familias decidieron en la consulta que lanzó el Ejecutivo valenciano y, en la mayor parte de los municipios, se hizo caso omiso a lo que votaron las familias.
Ante esta realidad, el PSPV-PSOE ya denunció en junio que la “ley de la falsa libertad educativa era una excusa para atacar nuestra lengua”. El portavoz socialista de Educación, José Luis Lorenz, se pronunció alertando de que la Generalitat Valenciana no ha respetado “la decisión de las familias sobre la lengua cuando se trata del valenciano”. “Se está atacando al valenciano en la oferta de los nuevos grupos para el próximo curso escolar”, señalaron entonces. Sobre la ley que ahora abandera Mazón, desde las filas socialistas en la Comunidad Valenciana advirtieron de que “una vez conocidos los resultados y publicados los grupos para el curso 25/26 desde la Conselleria han decidido respetarlos si es en castellano pero no lo hacen si es en valenciano”.
Los datos que desmontan la “libertad” defendida por Mazón
Como ejemplo para ilustrar el escenario al que ha abocado al valenciano el Consell de Mazón, el PSPV detalló que en localidades como Buñol “se ofrecerán líneas en castellano a pesar de que en las votaciones no llegaron al 25%, pero en el caso contrario, cuando el valenciano no ha llegado al 25% la Conselleria ha decidido que no ofrecerá grupos en valenciano”. En la misma línea, pusieron sobre la mesa la situación del CEIP José María Oltra de Moncada donde en todos los grupos ganó el valenciano, “excepto en uno que el resultado fue 4 votos a 3”. “Se presentaron dos recursos, uno de los cuales se aceptó. Por tanto, el resultado sería 4 a 4 y como es zona valencianoparlante se debería ofrecer el grupo en valenciano, pero eso a la Conselleria le da igual”, lamentaron.
Por su parte, en localidades como Alicante, Ibi, Valencia, Elche o San Vicente del Raspeig “hay por lo menos 30 centros en los que no se ha respetado que con el 25% de los votos se deben ofrecer los grupos en valenciano” o en la Serranía “donde en poblaciones como Alcublas, Aras de los Olmos o Bugarra donde el valenciano fue la lengua más votada no se ofrecerá ningún grupo en valenciano”. “Tampoco se hará en la localidad de Villar del Arzobispo o Pedralba donde ganó el valenciano”, insistieron. Con todo ello, desde el PSPV exigieron al PP de Mazón la retirada de la ley y, en caso de que no se hiciera, “se aplique la ley sin atacar al valenciano”.
Sin embargo, meses después de dar cuenta de esta realidad, el Ejecutivo de Mazón se sitúa ante un nuevo curso escolar defendiendo algo que se aleja de la realidad y en la que la lengua valenciana, defendida como primera opción por muchas familias en la consulta que ellos mismos lanzaron, sigue en retroceso de la mano de un Gobierno que omite la voluntad de las familias y desoye las peticiones de la sociedad.
