129 días. 18 semanas. Es el tiempo que ha transcurrido desde que la justicia, más concretamente la Fiscalía, pidió a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que elaborase un informe sobre el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, en relación a sus causas por corrupción de negocios y administración desleal, la segunda pieza separada aparte de los delitos por fraude fiscal y falsedad documental. Un informe del que todavía no se tiene ni un solo dato a pesar del largo tiempo transcurrido y de la celeridad con la que ha apremiado la misma unidad sobre otras causas, como la investigación a José Luis Ábalos por el 'caso Koldo' o a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, para las que en apenas unos días ya había documentos sobre los que estudiar.
La UCO lleva más de ciento veinte días, cuatro meses, sin deslizar un solo dato sobre el informe que requirió en su día la Fiscalía. "Que se encomiende a la investigación de los hechos atendiendo a la complejidad y al carácter interprovincial de la trama aparentemente delictiva", fue el requerimiento del Ministerio Público a fecha de 27 de junio. El documento reclamado a la Benemérita por parte del Ministerio Fiscal se concentra en pedir más información sobre González Amador sobre la segunda pieza de investigación, esto es, la que compete a la corrupción en negocios y administración desleal. Un escenario judicial en el que se personaron como acusación las secciones madrileñas del PSOE y Más Madrid. Tal y como tuvo acceso ElPlural.com, en el informe se recuerda el incremento patrimonial que registró la empresa del investigado, Maxwell Cremona, entre 2020 y 2021, cuando se le acusa de haber cometido el fraude fiscal de más de 350.000 euros a la Agencia Tributaria, y en relación así con la compraventa de material sanitario durante la pandemia de coronavirus. A fecha de hoy, la UCO aún no ha respondido a esta solicitud formal.
La diferencia de apremio con otras causas
Llama la atención la diferencia de velocidad de actuación de la Unidad Central Operativa en función de la causa que se esté tratando. Pese a llevar más de ciento veinte días sin dar un solo dato acerca del informe de Alberto González Amador, el retraso con el que llega el documento solicitado choca frontalmente con la celeridad con la que el mismo organismo dio al juez Juan Carlos Peinado un documento similar que, en su caso, contenía un centenar de correos electrónicos distribuidos en 34 páginas de extensión en el marco de la investigación judicial contra Begoña Gómez.
El magistrado que investiga a la esposa del líder del Ejecutivo dio dos días a la UCO para entregar el informe que analizara los mensajes de Cristina Álvarez, su asesora en La Moncloa y quien intercediera ante una quincena de patrocinadores de la cátedra que Gómez dirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). El objetivo del juez pasaba por encontrar algo punible tras la defensa de ambas, en la que mantenían que Álvarez en ningún caso se había extralimitado de sus funciones y que el intercambio de correos con la UCM obedecía a un "favor" puntual. La diferencia de tiempos de operación en uno y otro supuesto, no obstante, es notoria: de un lado, meses; del otro, apenas unos días.
Desde que la mujer de Sánchez declarara el pasado mes de septiembre para que Peinado decidiera si se sienta ante juzgado popular en caso de ser juzgada, el magistrado dio dos días a la Guardia Civil para que entregara un archivo detallado de los correos entre Álvarez y el que fuera vicerrector de Relaciones Institucionales de la Complutense, Juan Carlos Doadrio, aportados por este a la causa a petición del juez. La misma persona había afirmado en las dos declaraciones que había prestado anteriormente como testigo, primero en septiembre de 2024 y enero de 2025, que había mantenido contactos con Álvarez, presentada como una “persona de confianza”, lo cual no incrimina a la persona que es mano derecha de Gómez.
La UCO se ciñó a los plazos de Peinado y a los dos días, el informe existía. 129 han pasado desde la petición para hacer lo propio con Alberto González Amador en su causa separada, sin respuesta a 3 de noviembre.
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