La violencia ha llegado por primera vez a la Comunidad de Madrid hacia los migrantes procedentes de Canarias, según denuncia el coordinador general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) Madrid, Francisco Garrido, en la región capitaneada por Isabel Díaz Ayuso; lo que provoca miedo entre los afectados.

Por partes, los expertos cuentan a ElPlural.com que los datos sitúan a Madrid por detrás de Barcelona en cuanto a racismo. Entretanto, la lacra de la xenofobia es extrapolable a buena parte de las grandes ciudades, en las que la respuesta institucional no siempre está en consonancia con la presión migratoria. También sucede en pequeños pueblos en los que es complicado encontrar el equilibrio. Huelva, apuntan voces autorizadas, es un buen ejemplo de ello. En el conjunto del país los delitos de odio aumentaron en un 3,7% en el último año según el Ministerio de Interior, lo que sitúa en más de 1.800 los casos registrados en el último informe.

El mayor grado de racismo en 25 años

El racismo y la xenofobia son problemas estructurales que se dan en todas partes en mayor o menor medida y de los que se pueden analizar otras variables como la diferencia entre las denuncias y el odio existente. Es decir, como sucede siempre, no todo el mundo que sufre, denuncia. Pero en el maremágnum de cifras y lugares aflora una evidencia: el discurso político tiene sus consecuencias en la calle.

Por el momento nos detenemos en el archipiélago para relacionarlo con la capital, donde se centran estas líneas. Garrido lleva casi un cuarto de siglo trabajando con las personas que llegan desde las costas y asegura, en una entrevista concedida a la Cadena Ser, que nunca habían visto el grado y la gravedad de los insultos por parte de algunos vecinos hacia los migrantes que percibe ahora.

El coordinador de CEAR Madrid hace una petición expresa a los políticos para que aten en corto estos comportamientos y carga contra las formaciones y las personas concretas que alientan este tipo de discursos. En la misma línea, asegura que los afectados tienen miedo a salir de los albergues, hostales o demás lugares en los que se alojan y desde los que reciben ayuda.

Y detrás de esa criminalización, una premisa clara: las personas que llegan a España lo hacen sin nada, muchas veces tienen familias desestructuradas (si nos centramos en los Menores Extranjeros No Acompañados -MENAS-) y vienen única y exclusivamente en busca de una vida mejor. O una vida, simplemente.

“Quiero que vuelvas a casa”

Este medio ha tenido la oportunidad de escuchar un relato personal, el de Lorena Morales, portavoz de Políticas Sociales del PSOE de Madrid (PSOE-M), que en este caso habla como madre antes que política. Su hijo tiene 18 años y en su día fue Menor Extranjero. Además, ella tiene dos hermanos adoptados, por lo que su familia es “multicultural”, celebra.

Sin embargo, de un tiempo a acá cuenta que tuvo una conversación con su hijo: “Le dije que si alguien se metía con él, se callara”. A lo que este contestó que cómo era posible que lo planteara así, si ella siempre había abogado por poner pie en pared contra las injusticias. “Porque quiero que vuelvas a casa”, fue la respuesta.

Remonta la petición a las protestas de Ferraz en las que se colaron grupos ultras, entre los cuales pudieron escucharse proclamas racistas y ver símbolos que recuerdan a otra España, desde luego mucho menos respetuosa que la actual, que se sitúa en el top de países en cuanto a nivel de tolerancia. De hecho, Morales asegura que le produjo impotencia tener que decir esto a su hijo porque tanto la región como el país “no son racistas”. “Nunca pensé que iba a tener esa conversación con él (…) Pero claro, cuando uno empieza a escuchar insultos como que los negros se vayan al zoo frente a la sede de un partido… Se sienten envalentonados porque su discurso ha llegado a las instituciones”, dicta.

El discurso ultra se asienta en las instituciones

La política socialista lamenta una relación directa entre mensaje político y respuesta en la calle. Concretamente, señala a Rocío Monasterio (Vox), y su “discurso xenófobo, día sí y día también” en la Cámara Baja madrileña. Y Ayuso, tiene claro, “se ha alineado” ellos por mucho que desde su escaño se encare a la portavoz. “Le ha adelantado por la derecha”, apuntala.

Si los colectivos sociales y la oposición afeaban hace semanas que la responsable de Sol presentara la modificación de la ley trans y asumían que esto podía tener consecuencias -incluso fatales- en la calle, Morales lamenta que la gestión defectuosa se puede extrapolar a otros campos. Por ejemplo, que las partidas en ámbito migratorio también “son irrisorias” y han sufrido “recortes constantes”.

“Presupuesto tras presupuesto se han ido recortando. Es la que menos ejecución tiene de todo el área de servicios sociales, no llega al 75%... Se presupuesta poco y se ejecuta menos que en el resto, lo que deja claro que el compromiso es nulo”, expone. “Y este año directamente ha desaparecido la partida de cooperación, que queda diluida dentro de la de exclusión, que ha sufrido además un recorte demoledor”, añade.

Apostilla, respecto de la natalidad, que la ayuda salió al principio con un padrón de diez años “para dejar fuera a las mujeres migrantes” y más tarde lo redujeron a cinco. “Es una barbaridad (…) Si lo que quieren es apostar por la natalidad, te da igual de dónde sean esas mujeres, no haces un patrón excluyente”, deja claro. “Además, no hay políticas de integración ni de lucha contra la exclusión” En definitiva, lamenta que la Comunidad de Madrid “da la espalda” a estas personas.

Asimismo, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN) gestiona el albergue del Ayuntamiento de Madrid y data en más de 400 las personas en lista de espera en este centro, de las cuales 200 son jóvenes extutelados en situación de calle esperando plaza.

Centros de menores abandonados por Ayuso

Precisamente uno de los colectivos sobre los que la extrema derecha carga la culpa de la delincuencia son los Menores no Acompañados. Y lo hace sin mirar más allá. Solo es necesario recordar el polémico cartel que los de Santiago Abascal pusieron en el Metro en el marco de las elecciones autonómicas de 2021.

En la práctica, la gestión Ayuso parece no haber hecho mucho más allá de las palabras. A menos así lo lamentan desde la oposición. La fuente de estas líneas se dirige dos centros concretos: el de Hortaleza y el de Casa de Campo. En el segundo, dice, los jóvenes “no tienen ni tele ni aire acondicionado", y la sala de ocio está “vacía" y "cuenta solo con un sillón”.

En Casa de Campo “están en condiciones de hacinamiento total”, en “habitaciones diminutas sin armarios” en las que conviven “cuatro chicos que no se conocen de nada en dos literas”: “No tienen ni ropa interior limpia ni mantas para todos (…) Las chicas solo tenían ropa interior limpia para dos y calcetines de hace varios días. Esto termina provocando violencia y que los trabajadores se den de baja porque no pueden más”.

¿Y la solución de la Comunidad?: dotar de más plazas estos sitios. En 2018 este centro tenía 35 plazas, en 2019 aumenta a 52 “metiendo literas donde había camas” y ahora hay 70. “¿Qué condiciones son estas?”, es la pregunta que se repiten oposición, personal y, especialmente, jóvenes tanto españoles como extranjeros que conviven aquí. “Estos centros deberían ser su familia”, recuerda.