El trabajo de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, en favor de los más ricos no tiene precedentes. El clasismo de la líder del Partido Popular (PP) ha sido señalado hasta por el Defensor del Pueblo. La madrileña ha diseñado becas destinadas a que los que más tienen puedan estudiar en la escuela privada, ha creado ayudas para poder contratar una empleada del hogar y ha construido unos avales hipotecarios cuyo requisito es que la vivienda cueste más de 390.000 euros. Simultáneamente, ha dejado fuera de las becas comedor a cientos de familias humildes que no cuentan para la presidenta.

Ángel Gabilondo, figura que tiene la labor de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas, ha dado un tirón de orejas a la manda más de Madrid. Concretamente, el Defensor del Pueblo le ha pedido que “revise los criterios de renta establecidos en su normativa reguladora para la concesión de becas y ayudas al estudio con la intención de que éstas cumplan la finalidad de compensar al alumnado con desigualdades socioeconómicas desfavorables”. Estudiar en una institución pública madrileña, ni que decir acudir a sus comedores, se torna complicado, pero la situación se invierte si la familia puede costearse la concertada o la privada.

Denuncias de los padres

Ante esta tesitura, la Federación de la Comunidad de Madrid de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (FAPA Giner Ríos), principal asociación de AMPAS de toda la provincia, decidió presentar una denuncia ante el Defensor del Pueblo, cansados de no ser escuchados por la presidenta. La decisión la detonó la publicación de los cheques de Bachillerato de la Comunidad de Madrid, cuyos beneficiarios eran uno de cada tres de colegios privados, algunos hasta segregados por sexo. Este despropósito, que deja sin becas comedor a quien más las necesita y regala los estudios privados a familias adineradas, ha sido señalada.

“Facilitar el acceso a ayudas para estudios a alumnado con rentas altas y negar el acceso a becas de comedor escolar a alumnado que se encuentra por debajo del umbral de la pobreza”, apunta Gabilondo, no es otra cosa que romper con el “principio de equidad”. Las convocatorias respaldan esta afirmación, dado que una familia que cuente con rentas de más de 100.000 euros puede acceder a estas ayudas. El límite de acceso se establece en los 35.913 euros per cápita por miembro de la familia, lo que significa que una unidad familiar de tres miembros podrá tener hasta 107.739 euros, más de 140.000 si está formada por dos menores y dos adultos.

Esto se aleja por completo de la equidad y del carácter redistributivo para el que están pensadas las becas educativas, que no es para otra cosa que para los que menos tienen cuenten con, al menos, la misma oportunidad de estudiar que los afortunados de familia rica. “Es necesario, dada la limitación de recursos disponibles, revisar criterios de renta establecidos para becas/ayudas al bachillerato en centros privados, debe adecuarse al principio de equidad en el acceso a las ayudas”, ha defendido la FAPA al conocer el anuncio del Defensor del Pueblo, que reconoce lo disparatado de la situación.

La Comunidad de Madrid, en un intento de cubrirse las espaldas y arrojar balones fuera, asegura que este proceder responde a la búsqueda de la excelencia académica, algo curioso, dado que no se exige el expediente académico para acceder a ellas. El otro argumento, habitual en la derecha madrileña, es el de garantizar la libertad de elección de centros, como si los ricos no pudiesen elegir ya a que colegio van sus hijos. Las familias humildes no tienen opción, o público o público, y algunas de ellas ahora tampoco tienen beca comedor.

No cuela, ni para la ciudadanía ni evidentemente para el Defensor del Pueblo. A la institución que dirige Gabilondo no le corresponde delimitar los rangos de renta definidos por las Administraciones Públicas, pero el caso de la comunidad de Ayuso es obsceno. Por ello, aunque no ha entrado a dar umbrales adecuados, si señala que los criterios de definición de estos no son compatibles “con la finalidad que las justifica de atender a los ciudadanos con condiciones socioeconómicas desfavorables”.

Con todo, el Defensor del Pueblo emite la recomendación de revisarlo, petición que probablemente caiga en el saco roto de la Comunidad de Madrid. Mientras, este curso volverá a desarrollar de la misma manera que el anterior, con familias ricas disfrutando de becas que no necesitan y hogares humildes haciendo malabares para pagar los libros escolares, el comedor no becado, el transporte escolar o simplemente la merienda del recreo. Política de clase, de clase alta.