La Comunidad de Madrid ha multado con 4.000 euros a la empresa que proveía de comida podrida a residencias de mayores e infantiles, según publica la Cadena SER. Sin embargo, el Gobierno de Ayuso mantiene el contrato con la Plataforma Femar, al menos sólo en los centros de niños. El currículum de la compañía es extenso, pero es de sobra conocido en la región por suministrar huevos podridos con gusanos, coliflor con moho y patatas podridas, además de jamones enmohecidos y chorizos con listeria. Una trayectoria que no le ha valido al Ejecutivo autonómico para buscar otro proveedor, sino que, además, renovó su colaboración, aunque solamente para las residencias infantiles.
Ha vuelto a suceder en las residencias de menores de la Comunidad de Madrid. El Gobierno ha multado a la Plataforma Femar por enviar comida en mal estado a los centros de menores, así como romper la cadena del frío en algunos de estos envíos, lo que ha propiciado que la mercancía llegase podrida y en ocasiones hasta con gusanos, según relata la Cadena SER.
El pasado 11 de julio, la empresa envío huevos podridos y una lata de atún perforada a la residencia infantil Las Azaleas, situada en el municipio madrileño de Colmenar Viejo. Diez días después, en la residencia Nuestra Señora de Lourdes, llegaron más huevos cuya superficie estaba visiblemente sucia, con un color oscuro y malolientes. Antes de todo, hubo otro suministro que, a ojos de la Consejería de Asuntos Sociales, no estaba “en condiciones adecuadas”. Se trataba de una remesa que recibieron en el centro de primera acogida Isabel Clara Eugenia de dos cajas de 25 kilos de mandarinas.
Nuevo contrato
Todo ello ha supuesto una sanción para la empresa de 2.853,01 euros. Pero hay más multas impuestas por el Gobierno de Ayuso, pese a que mantienen la colaboración. El 7 de junio, la residencia de primera infancia El Valle de Madrid recibió un cargamento de gelatinas caducadas en el mes de abril, lo que le ha supuesto 374,22 euros de multa. También en mayo y en junio de este mismo año, tras romper la cadena del frío en varias ocasiones y no contar con los equipos necesarios, dos residencias de Arganda del Rey y Leganés recibieron suministros en mal estado. Esta situación se ha resuelto con dos multas de 703,45 euros y 383,16, respectivamente.
La empresa justificó entonces que quería comprar dos camiones para evitar estas situaciones y transportar los productos congelados. Sin embargo, llevan más de un año al frente de esta tarea, cuando ya se les impuso una multa en 2022 por la entrega de alimentos mal refrigerados.
Pese a la retahíla de casos y las excusas de la compañía, la Comunidad de Madrid concedió el contrato a la misma empresa para suministrar comida a 22 residencias infantiles públicas de la región, donde comen entre 600 y 800 menores. Asuntos Sociales justifica la contratación de la empresa porque en la ley no se impide que se contrate de nuevo a quien ha sido sancionado, según destaca la Cadena SER, además de explicar que los alimentos podridos no se llegaron a servir a los residentes.
Desde la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales han subrayado, además, que la Ley de contratos no impide que empresas sancionadas con penalidades puedan volver a contratar y recuerda que con Femar tienen acuerdos "todas las administraciones" y actualmente se encuentra en más de 800 procesos de licitación, la mayoría del Gobierno central, explican. Respecto a los nuevos procesos de licitación en que participa esta empresa, desde la Consejería se señala que la Mesa de Contratación valora hasta diez aspectos técnicos evaluables mediante juicios de valor, además de los evaluables mediante criterios objetivos, y recalca que el proceso de adjudicación de los distintos lotes "no ha concluido".
La Mesa de Contratación, órgano autónomo e independiente constituido por técnicos funcionarios, subrayan, junto con la abogacía y la intervención de la Comunidad de Madrid, está comprobando, defiende la Administración, el cumplimiento de todos los criterios legales, técnicos y de solvencia de los licitadores "en aplicación estricta de la Ley de contratos del sector público". Por último, reiteran que la Comunidad de Madrid ha elevado la calidad del contrato de alimentación de los centros públicos de Asuntos Sociales con 26 millones de euros. Su entrada en vigor está prevista en marzo de 2024 y en el nuevo pliego priman los criterios técnicos y de calidad sobre los económicos y se aumenta el precio del menú por comensal un 25%.
Críticas de la oposición
La polémica promete continuar, máxime cuando desde los partidos de la oposición se vierten constantes quejas al Ejecutivo regional, acusándoles de no cuidar a estos niños. “La señora Ayuso, en lugar de garantizar una alimentación digna para estos pequeños, prefiere ahorrarse cuatro euros y ni siquiera garantizan lo mínimo, que es que esos productos lleguen en las debidas condiciones a los centros de menores”, ha lamentado la diputada del Partido Socialista en la Asamblea Lorena Morales.
Por su parte, la parlamentaria de Más Madrid Alodia Pérez se refiere a estos sucesos como una “auténtica vergüenza” y “aberración”. Asimismo, anunció que su grupo parlamentario registrará una propuesta para evitar que se cierren contratos públicos con empresas que incumplieran las condiciones del pliego en este tipo de situaciones. Además, advierten de que pedirán visitas a los centros donde se han servido estos alimentos casi en descomposición para controlarlos.
