La curiosa política de vivienda de Isabel Díaz Ayuso consiste en evitar aplicar los mecanismos legales disponibles para limitar, por ejemplo, los precios del alquiler en Madrid, pero poner el foco en su lugar en la okupación, a pesar de que los datos sobre entradas ilegales en viviendas no paran de descender. En ese sentido, la Comunidad de Madrid mantiene operativo desde hace cuatro años el llamado ‘teléfono antiokupas’, que atiende una media de dos llamadas al día mientras el Ejecutivo del Partido Popular no deja de ampliar sus funciones.
Ayuso presentó este ‘Servicio 112 Ocupación’ en junio de 2022, y anunció que se integraría dentro del Centro de Coordinación Municipal (CECOM). Este organismo tiene su sede en el Centro de Emergencias Madrid 112, en Pozuelo de Alarcón, donde se gestionan también otros recursos de la agencia autonómica de emergencias. De hecho, en el único contrato que consta en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid relacionado con el CECOM -adjudicado por casi un millón de euros a TRAGSATEC-, para el refuerzo telefónico del centro, se especifica que sus funciones son, además de coordinar a las distintas policías municipales y locales de la región, servir como “base operativa de la oficina de atención a la ocupación”.
Las llamadas caen en picado y la Comunidad no justifica su utilidad
El objetivo del ‘teléfono antiokupas’ era paliar “un fenómeno que genera una gran preocupación social y una innegable sensación de inseguridad en la ciudadanía”. Para ello, la Comunidad de Madrid ofrece un número gratuito para dar “asistencia e información” a aquellos ciudadanos que vean okupada su vivienda, que sirve también “de refuerzo y de enlace en la información relativa a aspectos jurídicos y operativos, así como de los recursos con los que puede contar el ciudadano”, según explicó la propia Administración regional en su presentación.
Esa “gran preocupación social”, sin embargo, no se ve reflejada en los datos, que cuatro años después ponen en duda su utilidad al haber visto una caída en picado en las llamadas que recibe el teléfono cada día. Apenas 869 personas lo marcaron entre junio de 2025 y mayo de 2026, los últimos datos disponibles en la documentación solicitada por El País. De media, son 2,38 llamadas al día. El dato no ha dejado de caer desde 2023, cuando fueron 1.552 personas las que utilizaron el servicio.
En cuanto a la utilidad práctica del servicio, no existen muchos datos al respecto. Los datos oficiales sobre las 5.091 llamadas recibidas desde que se activó detallan el motivo de cada una, revelando que solo 327 tuvieron que ver con casos de okupaciones reales. Esto quiere decir que más del 93% de las llamadas no ayudaron a combatir el problema, de las cuales la Comunidad de Madrid solo detalla que 3.679 fueron sobre “cuestiones vinculadas a la okupación de inmuebles”, pero la mayoría para solicitar información. La incógnita está en los 1.412 restantes, y en si las mismas personas han llamado en varias ocasiones. Lo único del que presume el Gobierno de Ayuso es de que su teléfono, en cuatro años, “ha contribuido a evitar 56 intentos de okupación de viviendas”, aseguran, “gracias a la activación inmediata de los mecanismos de coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.
Ayuso sigue reforzando el 112 okupación pese a la caída
No es coincidencia que cada vez menos madrileños recurran al ‘teléfono antiokupas’ para denunciar un problema que está a la baja desde hace años según los datos oficiales. El Ministerio del Interior contabiliza las denuncias registradas por Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que muestran un descenso del 12,5% en dos años en la Comunidad de Madrid. La Delegación del Gobierno en la región también dibuja un descenso en el número de viviendas okupadas, que cayeron casi a la mitad entre 2024 y 2025, y señala como “irresponsable” el alarmismo de Ayuso con esta cuestión.
En contraste, la presidenta no ha dejado de ampliar los servicios que ofrece el teléfono. En mayo de 2025, se firmó un protocolo para la representación legal gratuita a los afectados por la okupación, que corre a cargo del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), el de Abogados de Alcalá de Henares y el de Procuradores de Madrid; así como para la atención psicológica en las Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito. Poco después, se amplió el servicio a la llamada ‘inkiokupación’, que son los casos en los que el arrendatario -y no alguien que entra ilegalmente en la vivienda, incumple su contrato, pero se mantiene en la casa.
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