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El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha renunciado a cobrar cerca de 60 millones de euros durante las próximas siete décadas de empresas privadas que explotarán residencias y centros de día público-privados en parcelas públicas. Se trata de un montante que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso habría podido ingresar en concepto de tasa, tal y como publica El País.
La autonomía madrileña excusa el pago con el argumento de que ya obliga a los concesionarios a ofrecer plazas públicas que no pueden comercializar a precio de mercado, con lo que su capacidad de negocio queda limitada. Así consta en documentación publicada en el portal de contratación.
A ella se añade la versión que da un portavoz gubernamental y que recoge el periódico mencionado, según la cual el beneficio que obtendrá Madrid por las plazas públicas que se abran será hasta cinco veces superior al dinero que recabaría sin renunciar al cobro de millones de euros, un argumentario que no convence en la oposición del PSOE ni de Más Madrid en el Ayuntamiento, que cede las parcelas.
Más de 800.000 euros al año
Lo cierto es que el impacto económico de la renuncia será todavía superior a 60 millones de euros, dado que la administración espera licitar más de una treintena -concretamente 33- de cesiones de parcelas más para levantar más residencias y centros de día, hasta llegar a un total de 40 espacios de estas características.
La cantidad que podría pagar el concesionario oscila entre 37.953,44 euros como mínimo y 230.599,70 euros como máximo al año, según se desprende de los cálculos de la propia Comunidad de Madrid. En total, teniendo en cuenta solo los siete terrenos de las nuevas residencias, el resultado total sería de 800.109,54 euros anuales.
Al ser las adjudicaciones a 70 años, realmente la región madrileña está renunciando a obtener unos 56 millones de euros por esos primeros siete centros de mayores. Hay que destacar, además, que el periodo de explotación se puede alargar hasta los 75 años, con lo que se podrían dejar de ingresar 60 millones solamente con las residencias y centros de día de esta primera fase.
La Comunidad de Madrid defiende que el beneficio es mayor
En la documentación de las concesiones se argumenta que “las condiciones y las obligaciones para el concesionario hacen disminuir el valor que obtiene con la explotación del centro en comparación con el beneficio que obtendría una residencia privada que no estuviera obligada a reservar un número de plazas a favor de la Comunidad de Madrid”.
Con ello, argumenta el equipo de Gobierno, la cesión del suelo será “completamente” gratuita; y los concesionarios, sostienen desde la administración, ya pierden alrededor de 600.000 euros al año por no poder explotar todas las plazas que tienen que ceder al sistema público a precios de mercado, pasando por alto, precisamente, las necesidades del sistema público.
Entretanto, la documentación no recoge que no vaya a existir rendimiento económico, o que éste no vaya ser nada sustancial, sino que señala que las condiciones de las concesiones “hacen disminuir el valor”. Esto es reseñable, porque la normativa aplicable citada en cada concesión estima que la tasa no se cobrará si las condiciones o la contraprestación de la adjudicación “anulan o hacen irrelevante” la utilidad económica del negocio para el adjudicatario. Esto no pasaría o, al menos, no se desprende de la documentación.
El Gobierno regional pone en valor el Plan 40-40 de residencias, que ha recibido críticas tanto de las izquierdas como de personas que acuden o han recurrido a estos centros, entre ellos los familiares de quienes fallecieron al principio de la pandemia del Covid sin ser trasladados a un hospital.
La parte detractora considera que el plan, anunciado a bombo y platillo por la Comunidad de Madrid, es en realidad un “desmantelamiento” difícil de revertir y que se corresponde más con una promesa electoralista que otra cosa. Incluso la extrema derecha de Vox cargó contra la decisión. La administración de la Puerta del Sol, por su parte, mantiene que el plan ofrecerá 6.000 plazas nuevas de residencias y 2.000 de atención diurna a las personas mayores, a pesar de que, dicen, los consistorios progresistas no hayan querido ceder parcelas municipales.
En el caso concreto de la tasa, defienden que la autonomía sustituirá este dinero por una contraprestación económica -siempre acorde a la ley, destacan- que se sitúa muy por encima “a la que deben realizar las concesionarias con la cesión de plazas a la red pública y de precio tasado”, según explican desde el Ejecutivo, que defiende también que la empresa de turno se encarga de la construcción y el funcionamiento de los espacios. En definitiva, la Comunidad establece que la compensación de poner las plazas a disposición de la región es cinco veces mayor a las tasas: 619.000 euros al año por las cinco últimas residencias licitadas, frente a unos tres millones de euros.
