En los últimos meses, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, más conocido como el ICAM, se ha situado en contadas ocasiones en el centro del foco político, especialmente desde la Comunidad de Madrid, bien por haberse postulado como acusación popular en el caso del exfiscal general del Estado en el Tribunal Supremo, también por sus vínculos con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para ejercer funciones universitarias privadas y, más recientemente, por haber sido condenado por impagos.
Desde que arrancó la nueva dirección de Eugenio Ribón en 2022, conocido por sus vínculos profesionales con el Ejecutivo madrileño, los posicionamientos públicos en términos políticos y judiciales comenzaron a ser más frecuentes, radicando este punto de inflexión en su papel relevante dentro de la causa contra el que fuera fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la que fue condenado por la revelación de secretos por la filtración de correos de la pareja de Ayuso, Alberto Gónzalez Amador.
En lo que concierne a este caso, fue desde el ICAM desde donde recayó la primera querella contra García Ortiz, después que este mantuviera una reunión con Ribón y con la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, un mes después de conocerse la filtración del correo electrónico; una cita en la que el exfiscal propuso emitir un comunicado conjunto, pero el ICAM lo rechazó y presentó una querella en su contra.
Durante todo el transcurso judicial, su papel no solo trascendió por la querrella y por actuar como acusación popular, sino que, a su vez, la institución creó un curso en el que contrató a algunos jueces del Alto Tribunal que juzgaron a García Ortiz, un hecho muy criticado puesto que trascendió que uno de ellos dijo que tenía que marcharse para redactar una sentencia, la del exfiscal.
Ante este escenario, el pasado mes de enero la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), Asociación Defiéndete en Derecho denunciaron en respectivos comunicados la “falta de neutralidad” y la “politización” de la institución dirigida por Ribón. Anteriormente, ya se vino pronunciando por este giro de discurso la Asociación Libre de la Abogacía (ALA) en 2024.
La universidad privada del ICAM con el visto bueno de Ayuso
Otra de las polémicas más reciente que atañe a la institución de la abogacía se refiere al visto bueno que concedió el Gobierno de la Comunidad de Madrid en noviembre de 2025 para iniciar el proyecto de apertura de una universidad privada de la mano del ICAM que iría adscrita a la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Un intento que fue frenado el pasado mes de abril por la Abogacía del Estado, la que impugnó la autorización ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) al entender que sus parámetros no respetaban las bases del ordenamiento jurídico.
Según sostuvo el servicio jurídico del Estado español, los colegios profesionales pueden colaborar en planes de estudio, participar en patronatos universitarios y ofrecer formación continua o cursos para posgraduados, pero, en ningún caso, convertirse paralelamente en titulares de un centro que imparte grados y másteres universitarios oficiales. Por ello, y aunque las competencias en materia de universidades recaigan sobre las comunidades autónomas, se han de ejercer respetando las pautas estatales plasmadas en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).
Bajo este mismo telón de fondo, trascendió a su vez la contratación por parte del ICAM de altos cargos del PP de Ayuso para este proyecto de universidad privada: Pedro González Trevijano, Encarnación Roca, Consuelo Madrigal o Eduardo Torres-Dulce; perfiles con vínculos con las etapas de Mariano Rajoy y José María Aznar.
Condena por impagos
El revuelo mediático sobre el ICAM no finaliza en este punto, puesto que este martes trascendió la condena por impago. Así constó en la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Madrid, por el que falló que el ICAM debe pagar 96.190 euros por haber decidido unilateralmente reducir la aportación trimestral que los colegios de la profesión abonan al Consejo General de la Abogacía Española (CGAE).
La decisión fue tomada a finales de 2024 y plasmada en los presupuestos de 2025, lo que propició que Ribón fuera expulsado de la dirección de CGAE. “Dado que los presupuestos aprobados para el ejercicio 2025 del CGAE no han sido impugnados, procede la íntegra estimación de la demanda, condenando al ICAM a pagar al CGAE la totalidad de la factura emitida correspondiente a la cuota censal del primer trimestre del año 2025”, sentenció la jueza. La aportación del ICAM, igual que la del resto de colegios, se define por el número de colegiados, pero el organismo madrileño incurrió en este impago al considerar que estaba pagando dos veces por el mismo servicio.
Para matizar en números totales, el ICAM tendría que haber pagado 733.814 euros, pero tan sólo abonó 637.623 euros. El colegio madrileño, pese a la intermediación del Consejo estatal, se negó a pagar contraviniendo, a su vez, el artículo 98 del Estatuto General de la Abogacía.
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