El ICAM defenderá ante el TSJM su universidad privada, aprobada por Ayuso mientras acusaban al fiscal

El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) se encuentra inmerso en una ola de polémicas por su relación con Isabel Díaz Ayuso, y su entorno, que le ha costado una rebelión interna y una causa judicial. La institución se convirtió en el único colegio profesional de España en personarse como acusación popular contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y en defensa de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Durante el proceso judicial, recibió la autorización autonómica para impartir títulos universitarios privados, coincidencia que aireó un posible escándalo que ahora investiga la Justicia.

 El ICAM gusta de ser pionero y, de la misma manera que lo fue a la hora de posicionarse contra el ex fiscal general y en el momento de celebrar el fallo sin sentencia ni alusión a los votos particulares, también lo fue al convertirse en el primer colegio profesional de toda España en recibir el permiso para impartir títulos oficiales, como centro adscrito de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y con una plantilla de grandes nombres vinculados al Partido Popular (PP).

Asociaciones judiciales que representan a colegiados del ICAM pusieron el grito en el cielo por lo que podría parecer un pago por sumarse a la persecución de García Ortiz. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y el PSOE de Madrid, a través de dos diputados a su vez colegiados en el ICAM, reaccionaron y presentaron sendos recursos contenciosos-administrativos contra la Orden 5465/2025 que, este lunes, fueron admitidos a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Este martes, el ICAM ha anunciado que se persona en la causa.

“Esta universidad fantasma y corporativa nació de forma poco ortodoxa y por la puerta de atrás, finalizando el juicio contra el fiscal general”, celebran desde la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) la decisión del TSJM. Esta asociación crítica asegura que, además, el centro se está creando “contra de la pluralidad de oportunidades, apostando por una universidad elitista, que compite directamente con la complutense por la ideología más conservadora”. “Las contrataciones anunciadas del profesorado no deja lugar a dudas”, lamentan, asegurando que su mera creación es “obscena e innecesaria”.

El ICAM defiende su universidad privada

“El ICAM se personará como parte interesada en el procedimiento ordinario abierto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tras la presentación del recurso interpuesto por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades”, ha revelado la institución a través de una nota de prensa. La institución pilotada por el decano Eugenio Ribón, expulsado de la directiva de la Abogacía Española, asegura que respeta la decisión del Ministerio y que colaborará con “transparencia, rigor y lealtad” durante el proceso.

“La decisión de comparecer en el procedimiento responde al propósito de defender un proyecto de carácter estrictamente académico y profesional, fruto de una trayectoria consolidada de más de cuatro décadas en el ámbito de la formación jurídica especializada”, han justificado. Si bien la coincidencia de la autorización, la primera para un colegio profesional, con su personación contra el fiscal general del Estado, una anomalía entre instituciones de este tipo, podría encerrar algo más.

“La autorización de la adscripción del CUICAM ha sido el resultado de un procedimiento técnico, prolongado y reglado, en el que han intervenido múltiples órganos universitarios, administrativos y de evaluación de la calidad. El papel del ICAM se ha limitado a impulsar y sostener el proyecto en los términos legalmente previstos, con el único objetivo de contribuir a la mejor formación de los juristas, sirviendo a la sociedad y al Estado de Derecho”, se defienden desde el Colegio, aunque cada vez más voces apuntan a una contraprestación por la posición asumida contra García Ortiz.

Irregularidades en el proceso

El TSJM, buscando dilucidar la sucesión de acontecimientos, ha otorgado 20 días a la Comunidad de Madrid, de los que ya ha transcurrido uno, para que se presente el expediente completo, que incluye entre su documentación los informes de la Fundación Madri+d y de la Abogacía de la Autonomía. Ambos advirtieron de varias irregularidades en el proceso, al tratarse de la primera vez en España que un colegio profesional se convierte en un centro universitario.

Las dos instituciones dejaron por escrito sus dudas sobre la legalidad del proceso, dado que la ley regula a los colegios profesionales únicamente los habilita para impartir docencia a sus colegiados. Los informes sirvieron de base al ICAM para reformar sus estatutos y habilitarse a sí mismo en ellos para impartir titulaciones oficiales tanto de grado como máster. Ignorar estos informes y el hecho de que el propio Colegio se habilitase a sí mismo, siendo parte y momento interesado, agrava las sospechas.