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El 14 de octubre está señalizado en rojo en el calendario para la marea verde. La educación pública madrileña volverá a acogerse a una huelga indefinida a mediados del próximo mes ante la falta de respuesta por parte de la Comunidad de Madrid a sus profundas demandas. Con esta previsión de por medio, los sindicatos y organizaciones de docentes que conforman el Comité de Huelga, reunidos este lunes, han advertido de que los planes del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso pasan por “utilizar los servicios mínimos para reducir el impacto de la huelga”.
De esta manera, han advertido de que el Ejecutivo de la Puerta del Sol, concretamente, la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades a cargo de Mercedes Zarzalejo, hará uso en su favor de unos servicios mínimos “abusivos” que pueden declinar en “una restricción desproporcionada del derecho fundamental de huelga”, el cual se recoge en el artículo 28.2 de la Constitución Española.
“La cuestión no es si deben existir garantías para atender las necesidades esenciales de la comunidad educativa, sino si la Administración está justificando de forma concreta, suficiente y proporcionada cada una de las limitaciones que pretende imponer al ejercicio del derecho de huelga”, defienden en un comunicado.
14O Huelga Indefinida
— Educación CCOO Madrid (@CCOOEducaMa) September 29, 2026
El Comité de Huelga, formado por sindicatos y organizaciones de docentes de la Educación Pública no Universitaria de la Comunidad de Madrid, rechaza los servicios mínimos .
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Han recordado así las últimas huelgas, que se sucedieron dos en mayo de 2024, cuando el Gobierno de Ayuso fijó “entre otros mínimos, dos miembros del equipo directivo por centro, un maestro por cada 50 alumnos de Primaria, un profesor por cada 90 alumnos de Secundaria,un profesor por cada 90 alumnos de Formación Profesional Básica y un docente por cada 25 alumnos con necesidades educativas especiales”. Similares características las que se sucedieron en la huelga de enseñanza no universitaria del 28 al 29 de abril de 2025. De manera que se preguntan “si existe una verdadera ponderación de las circunstancias concretas de cada huelga o una aplicación mecánica de un modelo de servicios mínimos”.
Apoyándose en sentencias sobre la materia, reiteran desde el Comité de Huelga que “la consideración de la educación como servicio esencial no permite establecer cualquier nivel de servicios mínimos”, instando así a Educación de Madrid a explicar “por qué son necesarios, qué bienes y servicios amparados pretenden preservar y por qué el número concreto de trabajadores designados resulta indispensable y proporcionado”, haciendo énfasis en que estos servicios mínimos no pueden ser sinónimo de “funcionamiento ordinario de los centros, ni reducir el impacto real” de la huelga.
Bajo este telón de fondo, advierten en su comunicado que se reservan el derecho de solicitar medidas cautelarísimas una vez que sea publicada la orden de servicios mínimos, con el objetivo de que pueda producirse “un control judicial efectivo antes del inicio de la huelga y salvaguardar el derecho de huelga de los docentes de la Comunidad de Madrid”.
Los sindicatos también han señalado que, ante las dudas planteadas, la consejería de Zarzalejo no ha respondido “satisfactoriamente” sobre cuestiones como el derecho de huelga y desconexión digital cuando los equipos directivos deban realizar las comunicaciones y designaciones relacionadas con los servicios mínimos.
En esencia, han recordado que la finalidad última de los servicios mínimos es garantizar el bienestar y correcto funcionamiento de las clases para el alumnado: “La situación de huelga no puede utilizarse para alterar arbitrariamente la jornada laboral, ampliar la permanencia en el centro o atribuir a quienes estén de servicios mínimos funciones destinadas a mantener una apariencia de normalidad”, subrayan.
El Gobierno de Ayuso se remite a las negociaciones
En la otra cara de la moneda, Zarzalejo ha afirmado este martes que su Consejería se sienta en la mesa de negociación sobre los servicios mínimos, aunque ha criticado a los sindicatos sobre esta cuestión por estar “unas veces de acuerdo y otras no”: “Lo que que tenemos muy claro es que obviamente el derecho a la huelga es un derecho reconocido en nuestra Constitución, pero el derecho a la educación y nuestra responsabilidad para garantizar ese servicio público a la educación pues tiene que primar por encima de todo”, ha valorado.
De esta manera, ha defendido que lo propuesto por Educación es “aceptable” y en línea con la senda de las negociaciones hasta la fecha: “Si los sindicatos no están de acuerdo, desde luego tienen la vía de la jurisdicción para que puedan recurrir lo que ellos quieran”.
