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Maricarmen, la mujer de 87 años que fue desahuciada la pasada semana de su casa en el barrio del Retiro, ha aceptado este martes el acuerdo al que ha llegado Urbagestión, el fondo propietario de la vivienda, en su reunión con representantes de Maricarmen y con la mediación de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS).
Con ello, Maricarmen podrá regresar a su casa cuando reciba el alta hospitalaria con un nuevo contrato de alquiler que tendrá una duración de ocho años y una renta que no superará el 30% de sus ingresos netos. Tras aceptar Maricarmen la oferta, su abogada está ahora trabajando en las gestiones necesarias para culminar la formalización del nuevo contrato. Por su parte, el programa municipal ofrecerá a Maricarmen asesoramiento jurídico, económico, técnico y fiscal durante la vigencia del contrato. Para la propiedad incluye un seguro multirriesgo del hogar y otro de impago de las rentas.
La noticia, que Maricarmen la ha recibido en la habitación del hospital donde permanece ingresada desde la pasada semana, llega después de que el miércoles anterior fuera desahuciada de la vivienda en la que residía desde 1956. El contrato de renta antigua había sido firmado originalmente por su padre y posteriormente se subrogó en ella.
Fue en 2018 cuando Urbagestión adquirió el inmueble y acudió a los tribunales al considerar extinguido el arrendamiento. Aunque una sentencia inicial dio la razón a Maricarmen, la Audiencia Provincial falló posteriormente a favor de la propiedad y el Tribunal Supremo inadmitió en diciembre de 2023 el recurso presentado por su defensa.
Con todo ello, el desahucio se ejecutó en el cuarto intento, después de que cientos de personas pasaran la noche frente al edificio para tratar de impedirlo. Fruto de todo ello, el sábado miles de manifestantes recorrieron las calles desde la Puerta del Sol hasta el Congreso de los Diputados bajo el lema 'Ni una Maricarmen más', tras la que comenzó la acampada en Sol.
El Gobierno da luz verde a los dos decretos de vivienda
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes dos reales decretos de vivienda que incluyen la protección frente a los desahucios ampliada hasta 2030; la regulación de los alquileres de temporada y habitaciones; la prohibición de la compra de vivienda por 'fondos buitre' hasta 2028 y la prórroga de dos años de los contratos en vigor que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028, entre otras medidas.
Así lo ha detallado la titular de la cartera, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha señalado que "es un acuerdo de mucha relevancia social", ya que la vivienda "es el principal problema de los españoles".
Además de las medidas anteriormente mencionadas, se ha alcanzado un acuerdo para la renovación automática de los alquileres, que irá en el decreto ley de medidas urgentes para reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual. A razón de todo ello, el Gobierno ha solicitado al Congreso la celebración de un pleno extraordinario este mismo viernes para la convalidación de ambos decretos.
En rueda de prensa, la ministra del ramo ha explicado que el decreto contempla también medidas para "paralizar compras especulativas" de vivienda y ha señalado que se prohibirá que determinadas empresas identificadas como especuladores continúen "mercadeando" con este bien, si bien no ha detallado qué se considerará un fondo buitre.
En este bloque, el Gobierno reordena además la fiscalidad de las Socimi para orientar su inversión hacia la vivienda asequible, según ha explicado la ministra, que ha defendido que la inversión se dirija a este ámbito y no a la especulación.
El decreto incluye asimismo medidas contra el fraude en los alquileres de temporada y por habitaciones y se aplicará un IVA del 10% a los pisos de alquiler turístico, ahora exentos del pago de este tributo. Este porcentaje es inferior al 21% que anunció el Gobierno para estas viviendas hace unos meses.
Bonificaciones para los inquilinos
Entre otras muchas cosas, el Ejecutivo también incorpora medidas para reducir el esfuerzo económico de las familias que viven de alquiler. En concreto, establece bonificaciones fiscales para inquilinos con ingresos de hasta 30.000 o 33.000 euros, que serán graduadas en función de sus rentas.
Según las estimaciones de la Agencia Tributaria citadas por Rodríguez, estas bonificaciones llegarán a unos 1,6 millones de hogares y, en algunos casos, podrán suponer un ahorro equivalente a una mensualidad de alquiler.
Asimismo, el Gobierno activará un nuevo mecanismo de financiación denominado 'Tu Casa' para facilitar el acceso a la primera vivienda, mediante el que adelantará el préstamo a las familias a través de un crédito hipotecario con un tipo de interés del 0%.




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