El alcalde de Puertollano (Ciudad Real), Miguel Ángel Ruiz (PP), ha sido citado a declarar como imputado el próximo 25 de noviembre por un presunto delito de acoso laboral a una funcionaria de la localidad castellanomanchega.
También se encuentran investigados los concejales José Antonio Barba y Javier Trujillo, según informa El País, que ha accedido a la documentación que así lo confirma. Se trata del primer teniente de alcalde y edil de Seguridad ciudadana, planificación, urbanismo y limpieza; y del responsable de Obras, mantenimiento y deportes, respectivamente.
La denuncia fue interpuesta en mayo de 2025 por Inés Llerena, funcionaria de carrera que trabajaba en el ayuntamiento del municipio. En ella, la jefa del servicio municipal de Urbanismo los últimos ocho años sostiene que el edil primero y las dos personas que trabajan en el equipo del consistorio “han venido realizando de manera sistemática acciones, comportamientos y actitudes vejatorias (…) que han supuesto un hostigamiento reiterado en el ámbito de su relación laboral”.
La mujer sostiene que estas actitudes tienen lugar desde que la corporación local toma posesión del cargo, en junio de 2023, y que el resultado de ellas le terminaron produciendo “un estado de ansiedad y desasosiego”. La denunciante asevera que sintió “afectada gravemente su integridad moral y dignidad como trabajadora con la clara finalidad” de que “abandonase su puesto de trabajo para poner en su lugar a una persona de confianza afín a la corporación”.
En el transcurso de los hechos, la persona que pone pie en pared sobre estos, se habría enfrentado a “desacreditaciones continuas” de los tres miembros del Ayuntamiento a los que señala. Así las cosas, tanto el alcalde como los dos concejales ponían, dice, “en duda su profesionalidad o capacidad para desarrollar su trabajo” y llevaban a cabo “injerencias en sus funciones, dándole órdenes contradictorias que suponían un boicot a su trabajo y que además posteriormente utilizaban para culpabilizarla”, atendiendo a su versión.
Entre la documentación que incluye la denuncia se encuentran informes redactados y firmados por ella en los que alude a la “falta de personal” en el consistorio de Puertollano, lo que influye, dice, en retraso de labores municipales de los que el regidor la responsabiliza; o audios de varias reuniones con los denunciados con el objetivo de demostrar el “contexto de presiones y reproches, humillaciones, desacreditaciones continuas y referencias a su incompetencia para dirigir el servicio”.
En este punto, se aprecian frases contra ella derivadas de esos encuentros como “tú reparte las tareas y sino ya las reparto yo” o “si hay un accidente la culpa es tuya”. Estos extractos se corresponden con una reunión del 11 de enero de 2024, si bien la denuncia contiene otros audios de meses posteriores de abril y mayo, según los cuales Ruiz le dedicará a la trabajadora frases como “vosotros salváis el puto culo y a los demás les puteáis”, “este departamento es un puto desastre”, “dame el puto diseño ya”, “es para crujiros a todos” o “no te salió de las narices firmar”.
Llerena fue suspendida de empleo y sueldo cosa de medio año en 2025, después de denunciar haber sufrido “un incidente de todo punto inadmisible” en el que el concejal de obras le habría criticado de forma inadecuada un trabajo que habría realizado mal. La funcionaria presentó a principios de marzo un escrito al departamento de Recursos Humanos y a los sindicatos del consistorio; y la Junta de Gobierno Local le abría pocos días después un expediente disciplinario por “faltas muy graves” en el desempeño de sus funciones como el “abandono del servicio” o “no hacerse cargo voluntariamente de las tareas o funciones que se tengan encomendadas”.
La jefa del Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento consideró que se trataba de una “consecuencia directa” de la situación de acoso, mientras que el alcalde de Puertollano se defendió de las acusaciones sosteniendo que “como ocurre en cualquier organización pueden producirse discrepancias o momentos de tensión derivados de la propia gestión”. Atendiendo a su versión, lo ocurrido se corresponde con “situaciones que deben entenderse dentro de normalidad del día a día administrativo y siempre se abordan con el respaldo de los informes técnicos correspondientes”.
En marzo de este año el Ayuntamiento resolvió el expediente disciplinario con un apercibimiento y la trabajadora obtuvo el salario que no había recibido durante los seis meses de suspensión; y terminó reincorporándose a su puesto de trabajo.
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