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Cuando se cumple una semana del desahucio de Maricarmen, la acampada en la Puerta del Sol se ha convertido en reflejo del hartazgo y el rechazo de amplias capas de la sociedad a los precios del alquiler y a la situación que atraviesa el mercado de la vivienda. Y mientras miembros del Sindicato de Inquilinas y demás manifestantes permanecen de forma pacífica en Sol a la espera de que salga adelante un único decreto de vivienda con las medidas que exigen, tanto el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso como el propio Ayuntamiento de Madrid ya han elevado a la Delegación del Gobierno la petición de desalojo de Sol, para lo que conceden un plazo de 48 horas.
Este martes el Ejecutivo autonómico enviaba un requerimiento al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, para que, en el plazo mencionado, dé las instrucciones para proceder al desalojo de la Puerta de Sol. Así, advierten de que si no lo hace, el Gobierno regional presentará un recurso contencioso administrativo con petición de medidas cautelares ante el órgano judicial correspondiente en defensa del interés de los madrileños.
En declaraciones a los medios, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, recriminaba este martes que “desde el pasado sábado, los madrileños están sufriendo una acampada ilegal en la Puerta del Sol con la complicidad y sin que el delegado del Gobierno o el Ministerio del Interior estén haciendo absolutamente nada para evitarlo”. Asimismo, denunciaba que esta acampada “está generando importantes perjuicios a los vecinos y a los comerciantes de la Puerta del Sol”. Por todo ello, el Gobierno autonómico, junto con el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida, exigen ya que se levante la acampada, antes de aplicar las medidas con las que amenazan.
Sin embargo, lejos de lo anunciado por el Gobierno regional, voces de la Justicia advierten de que "no hay ninguna excusa para poder desalojarlos". En declaraciones a ElPlural.com, Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional y ex letrado del Tribunal Constitucional, subraya que la acampada de Sol entra dentro del derecho de reunión recogido en el artículo 21 de la Constitución Española. Al respecto del requerimiento de desalojo por parte del Gobierno de Ayuso, Urías remarca que "si no hay un riesgo o un peligro para las personas o para los bienes, no hay ninguna excusa para poder desalojarlos".
Unas condiciones que no se reúnen en este caso, por lo que "no puede intervenir la Policía". "Solo puede hacerlo cuando haya una amenaza para la vida de las personas, la seguridad o para los bienes. Como no parece que sea el caso, la Policía no puede intervenir", argumenta quien fuera letrado del Constitucional en declaraciones a ElPlural.com.
En líneas similares, sobre la advertencia de emprender "acciones penales" contra el delegado del Gobierno, Urías recalca que Martín "no tiene ninguna responsabilidad" ya que no puede ordenar ninguna orden de desalojo, siempre y cuando no haya riesgos para las personas o los bienes. "Como no hay nada de eso ni una orden judicial, el delegado no tiene por qué ordenar a la Policía", sostiene.
La Delegación del Gobierno pide "respeto al derecho fundamental de reunión"
Precisamente en la tarde de este martes, la Delegación del Gobierno en Madrid respondía a ese requerimiento del Ejecutivo regional avanzando que la Policía Nacional no tiene previsto proceder al desalojo de la acampada y ponía de manifiesto su voluntad de seguir velando por la seguridad ciudadana en Sol, así como de la protección del edificio de la Real Casa de Correos.
En esta línea, el delegado del Gobierno exigió al Ejecutivo de Ayuso “respeto al derecho fundamental de reunión”. Asimismo, Martín hacía también un llamamiento a Ayuso y a Almeida para que “contribuyan a la convalidación” de los Reales Decretos aprobados este martes por el Consejo de Ministros, así como a asumir sus propias competencias para “dar solución al problema de la vivienda” en la Comunidad de Madrid.
En línea con el requerimiento del Gobierno regional, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local ponía el foco en la necesidad de proteger de "actos vandálicos" la Real Casa de Correos, edificio con más de 250 años de historia y que sirve como sede del Ejecutivo madrileño.
