Los denominados como “protocolos de la vergüenza” están siendo el talón de Aquiles de la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, junto a su gestión de las residencias de mayores. Estos documentos, de la mano de las 7.291 personas que fallecieron como consecuencia de su aplicación, han sido el epicentro de las críticas y las denuncias hacia el equipo de la lideresa regional, quien en los últimos días se ha defendido apuntando a otras regiones.
Coincidiendo con la emisión del documental que lleva por nombre precisamente esa cifra, la política conservadora hizo alusión a otros protocolos que se habrían llevado a cabo en otras zonas de España durante la primera ola del Covid. Los hay que coinciden en que estos textos fueron igualmente negativos, mientras que otros apuntan a la excepcionalidad de Madrid. ¿Cuáles fueron las principales diferencias que contenían los textos ratificados en la capital y que ahora Ayuso niega?
El periodista de InfoLibre Manuel Rico, primero en publicar los “protocolos de la vergüenza” las resumía de la siguiente manera el pasado jueves, previa retransmisión de la proyección del documental en RTVE: “(Lo primero) la dureza del protocolo, que discrimina por discapacidad o deterioro cognitivo (…) Había cuatro vías para una prestación sanitaria: medicalizar las residencias, derivarlos al hospital público, derivarlos a hospitales privados o derivarlos a IFEMA”. La Comunidad no ha explicado todavía por qué no hizo nada de esto.
¿Y en otros puntos del país?
En otras partes del Estado se llevaron también a cabo documentos de exclusión. La opacidad es un habitual que impide a quienes buscan información acceder a más criterios de los expuestos a continuación, pero con los datos que existen sí se aprecian distinciones llamativas entre los protocolos de Madrid y los del resto de comunidades.
Galicia, por ejemplo, donde entonces gobernaba Alberto Núñez Feijóo, replicó el modelo, pero la diferencia residiría en que la Xunta creó recursos específicos para mayores de residencias enfermos, siguiendo con ello la recomendación de la Sociedad Galega de Xerontoloxía. Asimismo, se abrieron dos centros medicalizados para pacientes contagiados de Covid.
En Castilla y León, donde también se ha generador revuelo en el último lustro, se produjeron asimismo matices a los que hay que atender. La Junta de Alfonso Fernández Mañueco repitió un protocolo que restringía incluso más que el de su homóloga en Madrid el acceso al hospital porque todos los enfermos tenían que ser tratados al momento en la residencia, según las fuerzas autonómicas reflejaron en dos documentaos revelados por elDiario.es, pero esta comunicad habría creado unos equipos especiales para tratar a los pacientes residentes.
Aragón, donde ocurre lo mismo que en la anterior, publicó un protocolo que desaconsejaba la hospitalización de las personas mayores de 80 años que vivieran en domicilios particulares, a la vez que publicó una orden para residencias -el 21 de marzo de 2020- mediante la cual se daba forma a “dispositivos especiales de cuidados Covid-19” a los que podrían enviarse mayores que vivieran en residencias.
En cuanto a Cataluña, existió un protocolo que publica El País mediante el cual se recomienda no ingresar en la UCI a personas mayores de la misma edad. Además, marca el acceso a una cama de planta de las personas mayores procedentes de domicilios o residencias. “La edad es un criterio importante sobre todo porque se relaciona directamente con los años de vida salvados en una intervención, pero NUNCA debe ser el único criterio a hacer servir a la hora de decidir la adecuación de esfuerzo, y hay que considerar a aquellos afectados con máxima posibilidad de supervivencia”, dice en primera instancia. Pero añade que “se puede dejar al paciente en el domicilio siempre que se pueda ASEGURAR con la red de Atención Primaria un seguimiento y cuidados paliativos”.
Valencia también restringió las hospitalizaciones de centros de mayores, según Ceaps, una patronal del sector que, sin embargo, preguntado por otros medios de comunicación, no ha facilitado el documento o los documentos existentes.
La Junta de Andalucía publicó en su web el 22 de marzo de 2020 un texto para explicar la manera de actuar en centros de la tercera edad y otros sociosanitarios de índole similar. “Si presenta síntomas leves, el paciente permanecerá en aislamiento en la residencia garantizando que se realiza seguimiento del caso (…) No obstante, si se cumplen criterios de derivación a un centro sanitario, se activará el procedimiento establecido para tal efecto”, sostenía.
Canarias dispuso igualmente de un protocolo, en su caso con pautas similares a las de Madrid con el que se consideraba que eran aptos de acceder a un centro hospitalario los “pacientes independientes para la marcha” y “sin deterioro cognitivo”, atendiendo a las escalas científicas de Barthel y GDS. El archipiélago fue uno de los puntos del mapa menos golpeados por el virus.
Lenguaje empleado, requisitos y falsas promesas: “La mayor barbaridad epidemiológica del siglo XXI”
La controversia generada en Madrid se produce, por lo tanto, a tenor del lenguaje utilizado (en un primer momento los documentos ratificados por Carlos Mur, alto cargo de Ayuso, hablaban de “criterios de exclusión de derivación hospitalaria” primero y de “recomendaciones de derivación” más tarde) y de los requisitos que debía cumplir un paciente para ser derivado.
Sobre esto último, la escala de Barthel -encargada de medir del 0 al 100 la autonomía de las personas, se sustituyó por un rango de fragilidad del 1 al 9. Sea como fuere, todos excluían a pacientes con problemas al caminar o deterioro cognitivo, lo cual afectaba a la mayoría de los alrededor de los 50.000 mayores que vivían entonces en una residencia de Madrid. En otro orden de cosas, cuando el centro detectaba un posible caso de Covid se tenía que poner en contacto con el geriatra de la zona, no con el 061 como hasta entonces era habitual. Esta persona era la encargada de cribar si el paciente podía acudir o no a un hospital.
El sistema ha sido criticado a ultranza por expertos y organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional, quien apunta a cinco violaciones de derechos humanos. “Me parecía la mayor barbaridad epidemiológica cometida en el siglo XXI en España”, llegó a emitir, como recoge El País.
Opiniones a un lado, parece evidente que las diferencias en el caso madrileño frente a otros son claras. Carece de sentido que Ayuso intente convencer de que no existieron -basta con acceder a medios de comunicación- o que no los rubricó una persona que tenía peso en su Gobierno -aparece la rúbrica de Mur-, o que trate ahora de reducir el número de fallecidos pasando de los 7.291 a los 4.100. No solo porque eso no reduce la responsabilidad que pudiera tener su equipo, sino porque la propia administración Sol dio la información a través del Portal de Transparencia.
