El Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso estaría pagando un montante casi medio millón de euros por una auditoría que aplica las labores de limpieza en la sanidad pública, la cual, según denuncian fuentes socialistas, “no estaría auditando nada”.

Tal y como se ha hecho eco la diputada socialista Sara Bonmatí a través de redes sociales, se impulsó un contrato de hasta 430.000 euros desde la Consejería de Sanidad, dirigida actualmente por Fátima Matute, al Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) para el control de la calidad del servicio de limpieza integral de estos centros de atención, según reza a su vez en el Portal de la Contratación Pública de la región.

La valoración que se realiza a partir de este contrato, el cual evalúa la calidad del cumplimiento de un segundo contrato, es la realización de análisis microbiológicos para evitar que se propaguen bacterias y hongos que puedan ser fruto de enfermedades o infecciones en espacios sanitarios, poniendo así en riesgo la salud de los pacientes.

Pese a la buena causa que conlleva a priori el fin de esta tarea, lo cierto es que la frecuencia y condiciones en las que se realizan estos trabajos reflejan carencias: una vez al mes en hospitales, una vez al año en centros de especialidades y ninguno en centros de salud mental. Es decir, la evaluación, a efectos reales, es prácticamente nula si su objetivo final es evitar posibles contagios o enfermedades a partir de un procedimiento consecuente.

La diputada Bonmatí así lo expresó en una reciente intervención en la Asamblea regional: “No existe recurrencia ni continuidad. Se establece que la empresa auditora elaborará un calendario de visitas que se entregará, como mínimo, un mes antes de cada trimestre” o, lo que es lo mismo, que dichas inspecciones se avisan con carácter previo a su realización, lo que va en contra del sentido último de las mismas. “Las empresas de los servicios de limpieza están prevenidas y podrían reforzar la limpieza del centro a sabiendas de que se hará una auditoría”, ahonda la socialista.

En los mismos términos, la diputada socialista puso el acento en una práctica que suele darse con frecuencia: “En determinadas ocasiones, existe una tentación por parte de las empresas de lucrarse de un trabajo no realizado o de aprovechar al máximo sus márgenes de beneficio a costa del bienestar y los derechos laborales de las limpiadoras”, continuó exponiendo, instando así a realizar una auditoría paralela para “conocer el personal diario que se pone a disposición del servicio”.

Así las cosas, tal y como se inscribe en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid y como se publicó posteriormente en el Boletín Oficial autonómico (BOCM) el pasado 20 de septiembre, el contrato, que tiene una duración de hasta 48 meses, fue adjudicado a Gesman Ingeniería de Gestión S.L por un valor de 434.996 euros.

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