Una de las reclamaciones históricas de los familiares de las víctimas de residencias de la Comunidad de Madrid, cuyos seres queridos fallecieron en marzo de 2020 como consecuencia de los denominados protocolos de la vergüenza, es que todas las causas se acumulen en una sola.
Hace un par de meses, la Audiencia Provincial se negó, pero la asociación Marea de Residencias impugnó la decisión y el órgano jurídico se tendría que haber pronunciado el pasado jueves sobre si había cambiado su postura o la mantenía. Sin embargo, días después no hay noticias.
Una petición histórica
El entorno de los 7291 fallecidos en geriátricos en lo peor de la pandemia del Covid esperan que el próximo lunes tengan una respuesta, aunque no se muestran del todo confiados. Hablamos con Carmen López, portavoz de esta asociación, quien lamenta que “siempre se dilatan las cosas”.
“No hay que generalizar, pero si queremos generalizar, llevamos seis años con este proceso de justicia y es lento. Muy lento”, ratifica, si bien mantiene la confianza. “Queremos seguir teniéndola. Vamos a hacer fuerzas para que esto sea así, porque si no es caótico”, destaca, al igual que en otras veces. Así, enumera que tal y como transcurre ahora mismo el caso “se cita a las mismas personas en juzgados diferentes”, por poner un ejemplo, dando como resultado ese “caos”.
Con todo, recoge que “hay veces”, las menos, que los tiempos van más rápidos. “Un caso concreto en Collado Villalba, hubo unas testificales tal que un jueves y el lunes se estaba archivando la causa, por lo que no dio tiempo casi a deliberar sobre las testificales que hubo la semana anterior”, ejemplifica. “Esto es como todo”, concluye.
María Jesús Valero, presidenta de 7291 Verdad y Justicia, también dice a ElPlural.com que, como pronto, la Audiencia dirá algo el próximo lunes. En una extensa entrevista con este periódico, la responsable de la otra asociación mayoritaria de víctimas de residencias se pronunciaba en los mismos términos y detallaba a los lectores en qué punto se encontraba todo ahora.
“En principio, las 109 denuncias tendrían que haber estado dirigidas o investigadas por la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid (…) Yo hice también una querella con Marea de Residencias que está desde noviembre de 2021 en el Tribunal Constitucional”, indicaba en primera instancia para explicar a continuación que “el delito no quiere decir que el resultado sea de muerte, sino que alude a la discriminación por sí misma” y que, “como eso es lo que han sufrido las 7291 personas, pretendían que fuera una sola causa”.
Sin embargo, “lo separaron por partidos judiciales y está siendo un horror”, sobre todo, dice, “para los abogados”, que se mueven de unos puntos a otros de la capital. “El juzgado número 3 de Plaza Castilla empezó a investigar, pero por el momento no quiere hacerse con todas las causas, por eso estamos esperando a que este jueves la Audiencia Provincial se pronuncie y nos dé la razón”, completaba.
A renglón seguido, sembraba el beneficio de la duda: “Llega un momento en que creemos que lo están dilatando adrede, porque es imposible que se puedan equivocar diferentes juzgados. A veces falta una notificación, otras veces falla el domicilio, otras se quejan de que se lo dan con 24 horas y no pueden preparar la defensa”.
Tras reclamar la decisión de la Audiencia Provincial
La Audiencia Provincial defendió hace un par de meses que cada fallecimiento se produjo en situaciones distintas. La sección número 16 del órgano consideró que cada fallecimiento se produjo en circunstancia diferentes en una decisión que no quedó exenta de polémica, ya que la jueza de instrucción número 5, Carmen Valcarce, remitió en julio de 2025 a su compañera María Isabel Durántez, del número. Dictaba que “de no acumularse los procedimientos, tales personas -los imputados- deberán declarar sobre los mismos hechos en incontables ocasiones y que podrían producirse resoluciones dispares”.
El órgano defendió que la magistrada había esgrimido argumentos “extensos y fundados” para mantener separadas las investigaciones y se retrotraían al Tribunal Supremo, dictando que éste había indicado con anterioridad que el caso de las residencias de Madrid tiene que analizarse fallecimiento a fallecimiento porque las circunstancias son distintas.
Asimismo, la Audiencia entendía que los delitos no son los mismos en cada procedimiento -porque en algunos supuestos se ha denunciado el homicidio imprudente y pudo haber más personas responsables- y que analizar cada fallecimiento podía resultar en última instancia “inabarcable”.
