El abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, ha recurrido ante el juez Juan Carlos Peinado la convocatoria a los tres investigados el próximo 9 de junio a la Audiencia Preliminar de la ley del jurado para informarles de que les envía a juicio ante un jurado popular por delitos de corrupción.
El recurso, que ha adelantado la Cadena Ser, acusa al magistrado de tener “excesiva prisa” en finalizar la investigación imprimiendo a la misma “una velocidad de crucero absolutamente incompatible con las garantías de proceso penal en un Estado Democrático”.
La defensa de la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, indica al togado que es necesario practicar el interrogatorio del otro director de la cátedra que Gómez codirigía en la UCM, así como ratificar los tres informes periciales que ha presentado en favor de la inocencia de su cliente.
Acerca de la declaración de José Manuel Ruano, codirector de la cátedra, Camacho considera que ésta es “imprescindible” porque “si la acusación centra parte esencial de su imputación en la actividad desarrollada por Begoña Gómez en la Cátedra Extraordinaria, resulta imprescindible escuchar al otro director de dicha Cátedra antes de adoptar esa trascentdental decisión”.
El abogado destaca en su recurso que se han admitido “decenas de testigos propuestos por las acusaciones y denegado la práctica totalidad de las que se han interesado esta defensa”, con lo que no permitir esta propuesta “supone una quiebra de igualdad de armas”.
En lo que se refiere a la ratificación de los informes periciales, subraya que la decisión del togado “deja a la defensa sin poder contradecir pericialmente tres de los ejes fácticos sobre los que se construye la acusación”, que pasan por “la existencia y cuantía del perjuicio económico, la naturaleza de la Cátedra y el reparto de responsabilidades entre las investigadas”.
El pasado 25 de mayo, el juez que instruye la causa contra Begoña Gómez, la esposa del responsable del Ejecutivo, Pedro Sánchez, convocó a ella, a su asistente, Cristina Álvarez, y al empresario Juan Carlos Barrabés a una audiencia preliminar de la ley del jurado para comunicarles su procesamiento por los delitos de apropiación indebida, malversación, corrupción en los negocios y tráfico de influencias.
El magistrado Juan Carlos Peinado les exigía que acudieran presencialmente. De no ser así, “serían conducidos al juzgado por la fuerza pública”, dado que convocaría una vistilla de medidas cautelares ante el riesgo de fuga que pudiera deslizarse atendiendo a la gravedad de los delitos que se atribuye a los tres.
El paso que deben dar los investigados supone la apertura de juicio oral en casos como este en los que el tribunal está formado por un jurado popular. El tráfico de influencias podría conllevar penas de hasta dos años de prisión, el delito de corrupción en los negocios hasta cuatro, malversación hasta tres años de cárcel, y apropiación indebida hasta seis.
La acción del magistrado llegaba después de conocerse el informe de la Unidad Centra Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que concluye que la cátedra extraordinaria de la UCM de Transformación Social Competitiva que codirigió Gómez se creó de acuerdo con la normativa, pero señalaba irregularidades en el software.
Juan Carlos Peinado también convoca al representante del Ministerio Fiscal, a las acusaciones populares personadas, y a la representación procesal de la universidad, como acusación particular, en calidad de ofendida por uno de los delitos objeto de esta instrucción, en concreto, por el delito de apropiación indebida.
La acusación popular que dirige la asociación ultracatólica Hazte Oír pide 24 años de cárcel para la mujer del secretario general de los socialistas.
Añadir ElPlural.com como fuente preferida de Google.
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.
