El Gobierno de España ha celebrado este jueves la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la ley de amnistía.
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha afirmado tras conocer el veredicto que “ya no hay duda” de la legalidad de la norma y que ésta es conforme al derecho europeo. Con ello, ha pedido una aplicación plena de la medida “lo antes posible” para que puedan beneficiarse de ella todas las personas a las que va destinada.
Una senda similar ha adoptado la vicepresidenta segunda del Ejecutivo, Yolanda Díaz, quien ha destacado que la norma es “perfectamente legal” y ha puesto en valor la apuesta de Moncloa “por resolver los problemas con diálogo y acuerdo”; lo cual es “perfectamente legítimo”. La también ministra de Trabajo ha aplaudido la existencia de “una mayoría plurinacional que avanza” y que contrasta con “una minoría de bloqueo sin proyecto de país”.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado vía X que el aval del Luxemburgo implica otro “ridículo europeo” para quienes cuestionaron la norma, lo cual es “grave en sí mismo”, máxime cuando es “reiterado”.
El que fuera alcalde de Valladolid querido resaltar que la ley de amnistía es conforme al derecho comunitario dado que “tiene por objeto reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación” después de las tensiones que se vivieron en Cataluña en 2017.
“No estaría de más que la democracia, que ya cruzó los Pirineos hace mucho tiempo, alcanzara a todas las instituciones del Estado”, ha remachado en responsable de Transportes.
PP y Vox
Los mensajes van principalmente dirigidos al Partido Popular y Vox, los más críticos con la norma. La formación de Alberto Núñez Feijóo ha mostrado su “respeto absoluto” al poco de conocer el resultado, pero ha mantenido sus críticas a Pedro Sánchez, sacando ahora la cuestión del apartado estrictamente judicial.
“El debate nunca fue solo jurídico (…) El debate es si un presidente puede negociar privilegios penales a cambio de una mayoría parlamentaria. Y nuestra respuesta sigue siendo que no”, han emitido los conservadores en un comunicado.
En esa dirección, desde Génova “siguen creyendo que ningún presidente puede cambiar poder por impunidad, ni mucho menos puede hacerlo contra la palabra dada y contra la voluntad de la mayoría de los españoles”, como hizo, a su parecer, el presidente del Gobierno, porque es “moralmente inaceptable”.
La ultraderecha, por su parte, ha emitido que la sentencia demuestra que “la unidad de España, su integridad territorial y su orden constitucional deben ser defendidos y protegidos por los propios españoles, sin esperar que las instancias internacionales vengan a resolver nuestros problemas”.
El máximo representante de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, también ha tenido unas palabras para quienes pensaban que Europa podía frenar la medida: “Deberán dar explicaciones todos aquellos que prometieron que Bruselas traería a Puigdemont ante la Justicia o que las instituciones europeas anularían la ley de amnistía”.
Junts o ERC
Las reacciones se han sucedido. El entorno de Carles Puigdemont y de Junts celebran la decisión y aseguran, en el caso de Miriam Nogueras, que “la pelota está ahora sore el tejado de los tribunales españoles”; Gabriel Rufián ha mostrados su “duda” de que el Tribunal Supremo “y en concreto Marchena” aplicará la sentencia.
El president de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, por su parte, ha pedido la aplicación “diligente, integral y sin subterfugios” de la ley de amnistía después del fallo conocido en las últimas horas. En una declaración institucional realizada desde el Palau de la Generalitat, el máximo responsable catalán ha subrayado que la sentencia despeja cualquier duda jurídica sobre la norma y ha preguntado “qué más hace falta para aplicar la ley”: “No hay vuelta de hoja: la ley de amnistía forma parte con todas las consecuencias de nuestro marco legal y, por tanto, su aplicación es de obligado cumplimiento”.
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