La polémica en torno al maquillaje de las listas de espera en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid ha aterrizado en las últimas horas en el escenario político regional, más aún cuando el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, lejos de situar el foco en los dos responsables que habrían manipulado los datos, según la información avanzada por El País, ha señalado al médico que alertó de estas alteraciones

La consejera de Sanidad madrileña, Fátima Matute, señaló este miércoles al denunciante como quien "manipuló las listas de espera de manera irregular hasta en 57 pacientes, a la vez que cargó contra la ministra de Sanidad, Mónica García, por, según acusó, "boicotear y generalizar" en estos casos. "Es un mantra que se intenta hacer ver y que, desde luego, son en base a las declaraciones de un sanitario que tiene un expediente disciplinario abierto mucho antes de que hiciera estas declaraciones en un medio de comunicación*, defendió.

No obstante, el señalamiento explícito a este profesional sanitario y no tanto a los hechos, sin contar con un expediente o denuncia que lo acredite, vulnera directamente la Ley 2/2023 de protección del informante, debido a que su artículo 36 prohíbe las represalias contra quien informa.

A través de X -antigua Twitter-, el abogado Jota Vaquerizo se hizo eco de este detalle tras conocer la postura de la Comunidad de Madrid. "Han hecho hoy algo que la ley prohíbe expresamente: castigar en público a quien denuncia. (...) Sin sentencia, sin pruebas, sin investigación cerrada, refirió. De esta manera, explicó en profundidad que, cuando alguien denuncia una irregularidad laboral, la Administración debe primero investigar los hechos, no señalar al mensajero, en este caso, el médico denunciante. "Hoy la Consejería de Sanidad ha invertido el orden: primero la condena pública del denunciante, después (quizá) la investigación", lamentó. 

En este sentido, mencionó la Ley de protección al informante y la vulneración en la que habría caído el Gobierno de Ayuso con estas declaraciones de su consejera de Sanidad. A ello, le sigue el ámbito penal: "Atribuir públicamente a una persona un delito concreto, como dañar el coche de su jefe, sin resolución judicial, puede ser calumnia (arts. 205 y 206 del Código Penal) si se hace sabiendo que es falso o con temerario desprecio hacia la verdad. Y ojo: una rueda de prensa no es la Asamblea. Ahí no hay inviolabilidad que valga", apuntaló.

En tercer lugar, hizo mención al expediente, debido a que al abrirse un procedimiento disciplinario después de denunciar y a instancia de los protagonistas del suceso, la ley obliga a la Comunidad de Madrid, en este caso, "a demostrar que no es un castigo". En otras palabras, la carga de prueba no recae en el cirujano, sino en la Administración pública. "Esto es una barbaridad. Si la versión oficial fuera cierta, bastaba con esperar a que concluyeran sus propias diligencias. Al adelantar la condena, la Comunidad ha transformado un problema de listas de espera en un problema de cómo trata a quienes se atreven a hablar", señaló Vaquerizo.

Bajo este análisis, el abogado manifestó que el mensaje lanzado por el Gobierno de Ayuso con sus explicaciones sobre la polémica del Ramón y Cajal puede extrapolarse al resto de centros médicos. "Si denuncias, tu propio Gobierno te señalará con nombre y apellidos", a lo que ha añadido que informar sobre irregularidades laborales "no es deslealtad, es un deber profesional protegido".

Sumado a estas explicaciones, conviene destacar el comunicado emitido por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM), que refirieron que "cualquier cirujano madrileño conoce perfectamente las presiones que sufren a diario sobre la gestión de estas listas. (-) Hay presiones inconfesables para que los cirujanos controles la lista de espera limitando las entradas por motivos no estrictamente de indicación quirúrgica". De esta manera, subrayaron que "expedientar al denunciante es la forma más directa de asumir la culpabilidad de la consejería en este asunto".

La consejera señala al médico denunciante

En declaración ante los medios de comunicación, Matute acusó a la titular de Sanidad de hablar de "casos generalizados", al tiempo que cayó en la señalización directa del cirujano denunciante: "El mismo denunciante es quien manipuló las listas de espera. Es un trabajador del Hospital Ramón y Cajal que ha manipulado de manera irregular la gravedad de 57 pacientes de traumatología para su propio beneficio, para trabajar menos y operar casos menos complejos", defendió.

De esta manera, señaló que uno de los responsables de la lista "es quien ha denunciado, por lo que se ha denunciado a si mismo", refiriendo que se debe a que tiene "expedientes disciplinarios abiertos como él mismo ha desvelado", acusando así que la manipulación viene desde el Ministerio.

"Consiste en extender a todos los hospitales de la sanidad madrileña el comportamiento de un profesional concreto. La peor ministra de Sanidad de la historia de España no soporta el éxito de la sanidad madrileña, es una activista cuya principal misión es boicotear la sanidad madrileña, ha encontrado la excusa perfecta para no hablar de su pésima gestión*, prosiguió reprochando la consejera.

Sobre las gestiones de su Consejería, Matute avanzó la apertura de diligencias informativas para "esclarecer los hechos en base a las denuncias que este médico ha hecho a los medios de comunicación".

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