El curso universitario 2026-2027 ha arrancado esta misma semana en Andalucía, tras su inauguración oficial el pasado 11 de septiembre en Granada, marcado por una indignación clamorosa. Durante el acto, Moreno Bonilla se vio acorralado por los rectores andaluces, quienes le exigieron de forma unánime y sin rodeos la financiación que por derecho corresponde a los campus públicos. Mientras las diez universidades públicas andaluzas se ven ahogadas por la falta de recursos de la Junta, el Ejecutivo autonómico, con la complicidad y el apoyo ideológico de Vox, sigue premiando al negocio de la educación privada, con titulaciones que rozan los 15.000 euros anuales y facilidades normativas sin precedentes.
Esta política de recortes e infrafinanciación ejecutada por Moreno Bonilla no es una gestión deficiente aislada; responde a un modelo ideológico que imita punto por punto la hoja de ruta privatizadora de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Moreno Bonilla se ha convertido en el alumno aventajado de Ayuso: mientras ella desmantela el sistema universitario madrileño, el presidente andaluz estrangula la red pública, provocando la salida de tres universidades andaluzas del Ranking de Shanghái en tan solo un año y amenazando con destruir el mayor instrumento de igualdad de oportunidades de nuestra tierra.
La degradación que padece la enseñanza superior pública en Andalucía obedece a una estrategia política perfectamente calculada. Moreno Bonilla ha decidido aplicar en nuestra comunidad la misma receta con la que Ayuso castiga a la universidad pública en Madrid: recortar la financiación, estrangular la capacidad de contratación de las facultades y permitir que los grandes fondos de inversión y centros privados ocupen el espacio público.
En Andalucía, esta política cuenta además con el aval explícito de Vox. Una ultraderecha con la que el PP ha blindado una agenda legislativa que penaliza la educación pública y rebaja las exigencias para la implantación de universidades privadas. Para ejecutar esta reestructuración, Moreno Bonilla eliminó la consejería específica de Universidad e Investigación para diluirla en una macroconsejería de Industria. Al frente de este departamento colocó a Jorge Paradela, un consejero cuya gestión brilla por la ausencia y la inacción: ni está ni se le espera.
Paradela llegó tras el marco normativo de la Ley Universitaria para Andalucía aprobada en la anterior legislatura y, desde que asumió el cargo, no ha ofrecido una sola solución real al déficit estructural de los campus ni ha dado la cara ante rectores, sindicatos o colectivos estudiantiles, limitándose a actuar como convidado de piedra mientras la universidad pública se desangra.
El grito de auxilio lanzado por los rectores en la apertura de curso el 11 de septiembre es la consecuencia directa del incumplimiento sistemático del modelo de financiación por parte de la Junta de Andalucía. Las diez universidades públicas cerraron el ejercicio 2025 con un déficit ajustado conjunto de 57 millones de euros. La situación resulta insostenible: la Universidad de Málaga encabeza la brecha con 18,8 millones de déficit, seguida por la Universidad de Sevilla con 14,8 millones, Cádiz y Córdoba con 4,4 millones cada una, Almería con 3,4 millones, la Pablo de Olavide con 2,4 millones, Jaén con 2,3 millones y Huelva con 1,8 millones.
Esta escasez de transferencias obliga a los rectorados a utilizar los remanentes de tesorería —previstos para modernizar laboratorios y mantener infraestructuras— en abonar algo tan básico como las nóminas del personal y la luz. La consecuencia directa de la política de Moreno Bonilla es la congelación de las bolsas de empleo, el estancamiento de las plantillas y el sobrecargo de trabajo tanto para el profesorado como para el personal técnico de gestión, administración y servicios. Ahogar económicamente a la pública es la coartada perfecta que utiliza Moreno Bonilla para justificar el deterioro de las aulas y abrir paso al sector privado.
La falta de inversión en investigación nunca sale gratis y los datos internacionales ya denuncian el daño causado por Moreno Bonilla. El Ranking de Shanghái 2026 ha asestado un durísimo varapalo al prestigio de la ciencia andaluza: Andalucía ha perdido a la mitad de sus universidades públicas en la clasificación de las 1.000 mejores del mundo. Mientras Granada, Sevilla y Málaga resisten con enorme esfuerzo, las universidades de Córdoba, Cádiz y Jaén han quedado expulsadas del listado global. La investigación de vanguardia requiere recursos estables, laboratorios equipados y atracción de talento.
Sin embargo, la gestión de Moreno Bonilla se ha caracterizado por paralizar convocatorias clave y dejar millones de euros sin ejecutar en programas de excelencia científica. Al estrangular presupuestariamente a los equipos de investigación, la Junta de Andalucía está empujando a los jóvenes científicos andaluces a la emigración o a la precariedad, dinamitando la competitividad internacional que nuestros campus tardaron décadas en construir.
Mientras la universidad pública sufre un estrecho control y recortes permanentes, Moreno Bonilla facilita y favorece la implantación de universidades privadas a las que se les exigen muchísimos menos requisitos académicos, científicos y de plantilla que a los centros públicos.
En estos chiringuitos de pago, la matrícula de carreras como Medicina, Enfermería o Fisioterapia oscila entre los 8.500 y los más de 15.000 euros al año. Esta oferta no representa una alternativa real para las familias trabajadoras, sino un privilegio exclusivo para rentas altas que transforma un derecho fundamental en una mercancía de lujo.
Este muro económico se vuelve aún más infranqueable al sumarse el drama de la vivienda. Para los miles de jóvenes que deben desplazarse a estudiar a Granada, Sevilla o Málaga, los precios de los alquileres y la ausencia de una política pública de residencias universitarias asequibles convierten la etapa universitaria en una carga inasumible.
Frente al principio meritocrático de la universidad pública —donde solo deben contar el esfuerzo y la capacidad del estudiante—, el modelo de Moreno Bonilla retrotrae a Andalucía a una época en la que el origen socioeconómico y la cartera familiar determinaban el futuro académico de la juventud.
El ataque continuado a la educación superior pública por parte del Gobierno de Moreno Bonilla supera el ámbito del debate presupuestario; se trata de una agresión directa a la cohesión social y al modelo de convivencia andaluz. Las universidades públicas necesitan contar con la financiación justa que por derecho les corresponde para garantizar una enseñanza de máxima calidad, porque son el verdadero y único ascensor social con el que cuentan miles de familias en nuestra tierra.
No se puede tolerar que la Junta flexibilice las exigencias a negocios privados mientras niega a la pública los recursos indispensables para su funcionamiento. Exigir la financiación adecuada de las diez universidades públicas y blindar la exigencia de rigor frente al negocio es una obligación democrática e ineludible para defender el futuro, la ciencia y la igualdad en Andalucía.
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