El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha cuestionado en las últimas horas la credibilidad del cirujano que denunció la alteración en las listas de espera en el Hospital Ramón y Cajal, Luis Alberto Martos.
Asimismo, el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid ha limitado el escándalo a disputas entre médicos, a pesar de que la consejera de Sanidad, Fátima Matute, anunció el pasado martes que se encuentran investigando si dos responsables del centro hospitalario rebajaron la prioridad de las cirugías a pacientes en lista de espera a espaldas de los médicos que habían valorado a estos enfermos.
Fue ella también quien dijo abiertamente que “es mentira que se estén maquillando las listas”. “Es un mantra que se intenta hacer ver y que, desde luego, son en base a las declaraciones de un sanitario que tiene un expediente disciplinario abierto mucho antes de que hiciera estas declaraciones en un medio de comunicación”, señaló.
Si bien, Matute anunció que desde el momento en el que conocieron la noticia, adelantada por El País, abrieron unas “diligencias de información interna para volver a revisar todo nuestro sistema”. La investigación, según cuenta el mismo periódico de fuentes de la Consejería, se limitará exclusivamente al Ramón y Cajal.
Varios testimonios
El denunciante envió al medio mencionado decenas de páginas con información interna que probaban su testimonio sobre las alteraciones de las listas de espera. Otros tres compañeros respaldaron su testimonio de forma anónima.
Destaca que antes de recurrir a la prensa había intentado explotar otras vías, pero que no tuvo éxito: informó al gerente, Carlos Mingo; puso una denuncia por el buzón contra la corrupción habilitado por la Comunidad de Madrid, el Canal Externo del Informante; y acudió al Defensor del Pueblo.
Semanas más tarde, el gerente había aprobado la apertura de un expediente disciplinario contra él, a instancias de los dos responsables a los que había señalado: el jefe del servicio de COT, Basilio de la Torre, y el director médico, Rafael Martínez. Este miércoles de la Torre debe comparecer ante el instructor del expediente.
Martos reconoció que llevaba años de conflicto con su jefe, quien le habría denunciado en procedimientos de los que, asegura, salió absuelto. Las otras partes no respondieron a la petición de El País de hablar con ellos. De un lado, De la Torre pidió hacerlo en persona, pero tras comunicarse con la dirección y después no volvió a responder. Del otro lado, ni Martínez ni el departamento de prensa del hospital aceptaron la solicitud de hablar con ellos.
Rebajar la prioridad de los pacientes
Los hechos tienen que ver con las presuntas órdenes emitidas por dos responsables del hospital, que habrían mandado rebajar la prioridad de los pacientes que los médicos habían valorado previamente, sin consultarlos ni valorar a esas personas.
La situación afectó a enfermos diagnosticados como urgentes, que dejaron de serlo para pasar a ser tratados como normales, lo que implica que el plazo para ser operados ascienda hasta los 180 días, cuando a los del primer grupo se les opera, como máximo, en 90. Dichos cambios favorecían que los jefes ganasen tiempo para que esas personas fuesen intervenidas cuando les corresponde, lo que se premia con un plus salarial.
Las modificaciones se habrían producido entre el 28 de febrero y el 14 de marzo de 2025 y afectarían a 57 pacientes. La doctora que dio la voz de alarma detectó este segundo día el cambio en el caso de una niña de tres años porque era una paciente que le preocupada. La prioridad había pasado en su ficha de urgente a normal. Nadie había avisado a los padres de la menor.
Tras esto, comprobó en los documentos internos que los cambios afectaban a pacientes de 17 médicos. Habló con la mayoría de ellos y ninguno había sido avisado. También averiguó que los cambios habían comenzado 15 días antes.
La doctora le preguntó al jefe del servicio vía mail por lo que estaba pasando, a lo que éste respondió: “Si no son operados en ese plazo, la dirección recibe notificación por parte de la Consejería para que sean operados lo antes posible (…) Tened en cuenta que el compromiso que adquiere el hospital con ellos es ser operados en el plazo de 90 días”.
De la Torre señalaba también que se había reunido con “la dirección y el servicio de admisión” para resolver de qué manera debían ser tratados los pacientes preferentes y le indicó a la doctora: “Evitad en la medida de lo posible anotarlo como preferentes”.
La doctora decidió ignorarle e indicar de nuevo en el sistema la urgencia de la operación de la niña. “Podía perder una pierna”, aseveró. La operó en cuanto tuvo hueco en el quirófano. No fue un caso aislado, sino que los documentos a los que alude El País apuntan también a diagnósticos como anomalías en la columna vertebral, síndrome de túnel carpiano o luxación.
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