La Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias (Pladigmare) ha mostrado su decepción tras la reunión que han mantenido con la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, con el motivo principal de tratar los casos que llegan a la Fiscalía de Madrid sobre los fallecidos en residencias en los peores momentos de la pandemia.

De las 59 residencias denunciadas por Pladigmare desde el 31 de marzo hasta el 16 de julio de 2020, se abrieron diligencias de investigación penal por parte de la Fiscalía en 20. Para el resto de residencias, mayoritariamente pertenecientes a la ciudad de Madrid, se incoaron unas diligencias preprocesales civiles que terminaron en archivo el 18 de mayo de 2021, sin haberse escuchado a los familiares de las víctimas en ningún momento.

De las 20 diligencias de investigación abiertas por la Fiscalía, únicamente en dos (Orpea Carabanchel y Adolfo Suárez) ha encontrado posibles responsabilidades penales y se han abierto los consiguientes procedimientos en los Juzgados y, en otras dos (Orpea Valdemarín y Domusvi Usera) se ha dejado de investigar por haberse abierto procedimientos penales en los Juzgados.

En las 16 residencias restantes han sido archivadas las diligencias de investigación sin haber llamado a declarar a ningún familiar de las víctimas habidas, ni haberles informado de su derecho a personarse y aportar las pruebas o la información de que dispusieran. Así, desde la organización reprochan que solo se vaya a llamar a las familias para los procedimientos abiertos por la Fiscalía pero no para los que se han archivado, y recuerdan que la mayoría de las denuncias por estos casos se han cerrado por un juez tras ser judicializadas. “La decepción de los familiares no puede ser mayor”, resumen.

“Hemos preguntado si la instrucción de la FGE de 6 de octubre de 2022, puesto que los Decretos de Archivo de la Fiscalía no son sentencias, iba a suponer que se reabrieran de nuevo, por parte de la Fiscalía, esas diligencias de investigación y las diligencias preprocesales civiles para dar cumplimiento a esa instrucción y se escuchara y pidieran pruebas o información a los familiares y se nos ha contestado que no, salvo que los familiares aportaran datos relevantes que permitieran reabrir las investigaciones”, denuncian en un comunicado.

“Hemos planteado la incomprensión que nos produce que no se considere la existencia de responsabilidad penal en la actuación de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, cuando no querían hacerse cargo de la atención sanitaria de las residencias, al mismo tiempo que estaban dictando protocolos de no derivación a los hospitales que excluían al 80%, si no más, de los residentes de la atención hospitalaria, vulnerándose su derecho a la salud y ocasionándoles la muerte. Hemos preguntado por qué no se citan a declarar a los Consejeros de Políticas Sociales ( Alberto Reyero) y al Director General de Coordinación Socio Sanitaria (Carlos Mur de Viu), cuya cartas y comparecencia en la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid, junto con los protocolos de no derivación, aportamos a la Fiscalía”, añaden, lamentando que se les respondiera que confundían y mezclaban la responsabilidad política y la penal.