El viaje de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a México, celebrado el pasado mes de mayo y concluido de forma anticipada en medio de la polémica y el sinsentido, ha vuelto a ocupar el foco de la critica de la oposición regional por el coste reconocido que supuso para las arcas públicas.

Tras comprometerse a publicar los gastos en el Portal de Transparencia, la Comunidad de Madrid ha hecho públicos estre martes varios desembolsos, entre ellos 600 euros por el uso de la sala VIP de autoridades del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, además de otros importes de 402 y 220 euros. No obstante, la información difundida no incluye los costes de vuelos ni de alojamiento. La oposición también ha cuestionado la agenda de la presidenta durante su estancia en México, al señalar que permaneció varios días sin actos oficiales antes de regresar a España.

Desde el Gobierno regional explicaron que ese tiempo estuvo dedicado a gestionar su regreso, al tiempo que indicaron que parte de los gastos fueron asumidos por la Administración y otros por la entidad promotora del viaje, sin concretar quién sufragó el resto de los costes. Asimismo, la declaración oficial de gastos del jefe de Gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, tampoco incorpora el importe correspondiente a su estancia en México.

“Hoy la presidenta ha tenido a bien publicar los gastos de la sala de autoridades en el aeropuerto de su viaje a México, 600 euros. Todas las demás casillas se le ha olvidado. Insisto, hay que hacer un trabajo serio, los socialistas estamos a eso. La presidenta esta a pegarse la vida padre”, ha criticado la portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar.

En paralelo, la secretaria de Organización del PSOE de la Comunidad de Madrid, Pilar Sánchez Acera, ha reprochado que el Ejecutivo autonómico “solo declararse sus gastos en 623 euros. Y así todo… Vaya lianta que es”, ha lamentado en sus redes sociales.

Según los datos publicados en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid en cuanto a gastos protocolarios, dietas y gastos de viajes de Ayuso en México se refiere, solo constatan 600 euros.

Dicho documento refleja un gasto total de 402,39 euros en la sala de autoridades de la T4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en el marco de “encuentros empresariales y actos institucionales” celebrados el 11 de mayo tras un vuelo Dallas-Madrid. A ello se le suma una partida de 220,89 euros el 2 de mayo, día que realizó su viaje a México bajo el mismo concepto.

Más Madrid vincula el viaje con la polémica del ático

“Estos son los dos únicos gastos que conocemos del viaje de Ayuso a México. Los dos en Barajas: uno al salir y otro al volver (...) Diez días a todo tren por México y la Rivera Maya, sin agenda de interés publico y sin un solo euro justificado (...) ¿Quién lo pagó y a cambio de qué?”, se pregunta la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de la Comunidad, Manuela Bergerot.

Asimismo, la diputada de Más Madrid, Marta Carmona, ha acusado a Ayuso de utilizar recursos públicos para sufragar un nivel de vida que, a su juicio, no podría mantener únicamente con su salario institucional. La parlamentaria madrileña ha enmarcado estas críticas en la polémica suscitada por el supuesto intento de la dirigente autonómica de trasladarse a un ático de lujo y por el uso de una residencia pública en la localidad madrileña de Rascafría.

Carmona ha sostenido que Ayuso habría pretendido instalarse "gratis" en una vivienda de alto valor económico situada en una de las zonas más exclusivas de Madrid y ha asegurado que esa posibilidad solo se frustró tras hacerse pública la información. En su opinión, estos hechos reflejan una utilización de los recursos públicos para sostener un modo de vida que considera impropio de un cargo institucional.

Por un lado, ha señalado el supuesto intento de acceder a un ático de lujo valorado en más de seis millones de euros, una actuación que ha calificado de ejemplo de abuso de poder. Por otro, ha cuestionado el uso de la residencia pública de Rascafría durante los fines de semana, un inmueble de titularidad de la Comunidad de Madrid cuyo mantenimiento se financia con fondos públicos.

Además, Carmona ha vinculado estas cuestiones con los gastos derivados del último viaje institucional de la presidenta madrileña a México, al considerar que es necesario esclarecer el uso de recursos públicos asociados a la actividad de la jefa del Ejecutivo autonómico.

A renglón seguido, Carmona ha afirmado que las actuaciones que denuncia no solo plantean un problema desde el punto de vista ético, sino que, a su juicio, podrían presentar indicios de ilegalidad. En este sentido, ha advertido de que su grupo agotará todas las vías políticas, parlamentarias y, en su caso, judiciales para depurar las responsabilidades que pudieran derivarse de estos hechos.

En este sentido, Más Madrid ha solicitado a la Cámara de Cuentas una inspección de la empresa pública Planifica Madrid Proyectos y Obras M.P., S.A., a través de la cual la Comunidad de Madrid realizó la compra del "aticazo" en Chamberí.

Según la diputada Marta Lozano, esta transacción "solo es posible porque han inutilizado los órganos de fiscalización y control": "La Cámara de Cuentas nunca ha realizado una fiscalización de Madrid Planifica. La solicitamos", ha señalado en sus redes sociales.

Moncloa y el PSOE-M exigen su dimisión

Desde el plano nacional, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha reclamado la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid al considerar que "el tiempo de las explicaciones ya ha pasado". Además, ha criticado el "silencio atronador" del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ante la polémica por la operación inmobiliaria. Saiz ha reprochado a Ayuso que, a su juicio, la defensa de los servicios públicos y la respuesta a retos como el cambio climático o los incendios no son compatibles con la compra y venta de "áticos de lujo".

Por su parte, el PSOE de Madrid ha exigido que la presidenta comparezca para aclarar las circunstancias de la adquisición del inmueble y explique tanto la motivación de la operación como la licitación de las supuestas obras previstas en la sede de la Puerta del Sol. Los socialistas madrileños sostienen además que la compra podría vulnerar los principios de transparencia y legalidad, al asegurar que no figura en los presupuestos autonómicos, carece de una ampliación de crédito aprobada por el Consejo de Gobierno y no aparece publicada en los portales de transparencia, contratación pública ni en el inventario de bienes inmuebles de la Comunidad de Madrid.

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