La educación pública madrileña ha anunciado una huelga si no se revierte la situación contra las medidas del equipo de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, para finales de febrero. De esta manera lo ha podido saber ElPlural.com gracias a una nota remitida a este medio por parte de UGT en la que se incluyen también los sindicatos CGT, STEM y CNT Comarcal Madrid sur.

Todavía no hay fecha cerrada, pero sí los motivos que, una vez más, llevan a las aulas a movilizarse frente a la gestión de la líder regional. Estos pasan, principalmente, porque a juicio de los agentes sociales y la comunidad educativa las medidas que se están aplicando desde Sol van en la dirección opuesta a las que éstos reclaman: subida de ratios, remuneración insuficiente, barrios sin colegios públicos mientras los dirigentes ceden espacios a las educaciones privadas y concertadas, sobrecarga de trabajo permanente desde hace más de diez años, etc.

Incumplimiento en las bajadas de ratios

Sobre el primer aspecto, la información remitida se detiene en los alumnos de TEA y la “desregulación del trabajo de los profesionales a cargo de la atención al alumnado con autismo”. “En general, el déficit de profesionales de atención a la diversidad es insostenible, y afecta a todos el profesorado, que ve cómo su alumnado con necesidades educativas especiales carece de los necesarios para una inclusión afectiva”. En números, los denunciantes de la situación subrayan que la “estamos muy por encima de la recomendación de la UNESCO”, que contempla que la población escolar asignada a cada orientador no supere los 250 estudiantes, mientras en Madrid “esta ratio llega a cuadruplicarse en muchas zonas”.

En lo que tiene que ver con las plazas, UGT también afea que en el contexto de descenso de la natalidad en el que nos encontramos, esto no se traduce en medidas específicas para proteger la educación pública. “Se permite la masificación y la normalización de las aulas prefabricadas en determinados centros, así como el incumplimiento sistemático de la bajada de ratios, mientras en otros centros no se admite una flexibilización de las ratios de referencia “a la baja” que evite el cierre de aulas”, disponen.

Barrios sin aulas, mientras se prioriza a la privada

Entretanto, se hace alusión al incremento en la concertación de plazas en centros privados, otro aspecto que entra en las reclamaciones históricas de los sindicatos en la capital. El  agente social que ha remitido la información refleja que este incremento “supone una dejación de funciones por parte de la Administración”, ya que es a las instituciones a las que compete “garantizar el derecho a la escolarización en centros públicos, en cada pueblo y en cada barrio”.

Y es que, más allá de las plazas, tal y como ha expuesto este medio en otros artículos, Madrid dispone de varios puntos sin aula, pese a las promesas recurrentes del PP en la región y las continuas protestas de los docentes y los padres y madres de los alumnos.

Los estudiantes de FP, entre los más abandonados por Ayuso

Otra de las reclamaciones que se han llevado a cabo durante las legislaturas en las que Ayuso se ha sentado en la Puerta del Sol tiene que ver con la Formación Profesional (FP). Trabajadores, sindicatos y la oposición han afeado en innumerables ocasiones a la presidenta que “miles y miles” de estudiantes se queden sin plaza para cursar un grado no universitario mientras “se permite el cobro de cuotas por la realización de prácticas en empresas, que solo pueden pagar los centros privados” y los tutores de la educación pública, especialmente de la rama sanitaria, “tienen cada vez más dificultades para que las empresas acojan a su alumnado”.

Precariedad del profesorado

Si la situación se presenta gris para el alumnado, no menos colorida se postula para el profesorado, que se enfrenta a sobrecarga de trabajo y sueldos insuficientes. Eso sí, el problema es recurrente. De hecho, los sindicatos convocantes sitúan el origen del escenario actual en el curso 2011/2012, cuando se aplicaron recortes bajo signo conservador y mandato del entonces ministro de Educación José Ignacio Wert.

La gestión de entonces, que todavía encuentra consecuencias a día de hoy, supuso el despido masivo de docentes interinos y trajo consigo una sobrecarga laboral en los centros de Madrid. “La necesidad de revertirla ha sido el hilo conductor que nos ha convencido de la necesidad de anunciar la huelga”, apuntan a la vez que acentúan la inacción de la administración pública también en este apartado: “De los primeros contactos entre los sindicatos con representación y la Consejería sólo se desprende una vaga disposición del Gobierno regional a aplicar una reducción gradual en Secundaria, FP y Régimen Especial. Y respecto a Infantil y Primaria, ni siquiera se vislumbra la posibilidad de una reducción.

Al margen de todo lo expuesto, los sindicatos hacen alusión a otros problemas que consideran “urgente abordar”, pero que guardan relación con las anteriores: medidas “concretas y efectivas” para reducir unas tareas burocráticas que en los últimos años “han crecido de forma totalmente injustificada”, incremento lineal de retribuciones, etc.

En definitiva, la Educación pública madrileña considera que Madrid “va tarde” y que no hay atisbo de cambio por parte de la Consejería de Educación. “Dejaremos un margen razonable para la negociación, pero sin un compromiso firme por parte de la Consejería de volver a los 18/23 periodos lectivos desde el inicio del próximo curso, y sin la aprobación de los correspondientes cupos de profesorado necesarios para atender adecuadamente al alumnado, a finales de febrero, habrá huelga”, advierten.